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NOTICIAS Información pública… no tan públicaEl Faro solicitó a seis instituciones del Estado información sobre diversos asuntos relacionados con el quehacer de cada una de ellas. Sólo la alcaldía de San Salvador y la Corte de Cuentas brindaron la información. El presidente Antonio Saca sostiene que no es necesaria una ley de acceso a la información pública, que basta con la voluntad política de los funcionarios. Rodrigo Baires Quezada y Daniel Valencia
La primera reacción de dos juristas tras escuchar la intención de El Faro de obtener información pública en poder de seis instituciones gubernamentales fue reírse. “No creo que les den toda la información que están solicitando”, dijo Henry Campos, abogado especialista en derecho a la información. “¿Ustedes creen que les van a dar toda eso? ¿En serio lo creen?”, preguntó Francisco Bertrand Galindo, abogado y ex ministro de Gobernación. El Faro quiso confirmar cuál es el grado de acceso a información pública en el país. Esta redacción envió seis solicitudes de información a igual número de entidades gubernamentales el viernes 17 de noviembre. En ellas se pidieron datos puntuales: a la Alcaldía Municipal de San Salvador se solicitó el informe de gastos en la adquisición de la nueva flotilla de camiones recolectores de basura; a la Corte de Cuentas de la República, las auditorias de la Alcaldía de San Miguel en el período 2003-2006; al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los nombres de las 350 empresas que contaminan mantos acuíferos, un listado que data de noviembre de 2004; a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el estado de los informes de Probidad de los ex funcionarios durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores; a la Asamblea Legislativa, las planillas del personal de los cinco grupos parlamentarios, detallada con nombres, cargos y salario devengado; y, al Ministerio de Hacienda, el gasto en publicidad del Ejecutivo. El ejercicio no fue fácil. Por ejemplo, para saber cuánto dinero del erario público gasta el Ejecutivo en publicidad no sólo se necesita una solicitud formal y decorosa al Ministro de Hacienda William Hándal (quien hace tres meses se comprometió públicamente con este periódico a entregar dicha información). Aún con una copia de la misma misiva entregada personalmente al Secretario Técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, es necesario abordar al presidente de la República, Elías Antonio Saca González, en un acto público y sacarle un compromiso personal de que su Secretario de Comunicaciones, Julio Rank, brindará la información.
Tras una semana de llamadas telefónicas y reenvío de cartas, sólo dos instituciones –la Alcaldía de San Salvador y la Corte de Cuentas- brindaron la información disponible según sus propios reglamentos. El martes 21 de noviembre, la secretaria del despacho de la alcaldesa Violeta Menjívar aseguró que no sabía si la carta había sido recibida. Un día después, Silvia Orellana, jefa de prensa, habló a la redacción para informar que el costo de la flotilla se podía conocer en la página web de la comuna. Solo el costo, no el informe detallado. Tras siete llamadas entre el miércoles 22 y el viernes 24, Orellana envió vía fax 14 páginas con el detalle de la licitación y los acuerdos del concejo municipal para la compra de los 20 camiones recolectores. Pero la envió sin sellos ni firmas. En la Corte de Cuentas, Marjorie González, encargada de comunicaciones, nos informó que el primer error fue enviar la solicitud directo al despacho del titular de la institución, Hernán Contreras. “Ahí se traspapelan las cosas, la próxima vez envíemela directamente a mí para que el trámite sea más rápido”, dijo. El viernes 24, González brindó la auditoría de la comuna migueleña del período mayo 2003 a abril 2004, finalizada en septiembre de 2006, y pactó una entrevista con Ignacio Sánchez, juez de la cámara de Primera Instancia, para explicar por qué el resto de la información no estaba disponible al público. “Todavía está en la fase preeliminar y no se la podemos dar”, aseguró Sánchez. El presidente de la CSJ, Agustín Calderón, envió una misiva excusándose de brindar los datos solicitados por que el artículo 240 de la Constitución de la República y los artículos 4 y 31 de la Ley de Ética Gubernamental le “impide proporcionar la información que solicita”. El Faro publicó el 29 de agosto de 2005 que 13 funcionarios, incluido el ex presidente Francisco Flores, fueron señalados por “irregularidades” en enriquecimiento por la sección de Probidad del máximo tribunal de justicia. Semanas más tarde, la corte en pleno, tras una petición de la banca, le retiró la potestad a esta oficina de solicitar informes bancarios de funcionarios públicos. Desde entonces, sólo los magistrados de la Corte pueden solicitar esta información, pero García Calderón, amparado en las leyes arriba mencionadas, se abstuvo de decir si ya se han tramitado las solicitudes a los bancos. Los pendientes El resto de la información todavía no ha sido proporcionada. El viernes, desde la Asamblea Legislativa, tras seis llamadas telefónicas y una visita personal, Francisca Torres, una de las dos asistentes de Rubén Orellana, presidente del parlamento, aseguró que la carta estaba en manos de su jefe pero que él “ha tenido unos días muy ocupados porque ha estado fuera del país. Mejor hable hasta el lunes (27 de noviembre) para ver si hay alguna respuesta”. Según el artículo 36 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, “la Junta Directiva asignará los recursos, el espacio físico y el personal para los grupos parlamentarios, en proporción con el número de miembros que los conformen”. Sólo el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tiene una erogación mensual en salarios de 28 mil 120.32 dólares entre la planilla de su grupo parlamentario y el personal asignado al jefe de la bancada, un dato que hizo público Juan Pablo Durán tras ser expulsado del partido a finales de agosto. Tres meses después, la nómina del personal de las fracciones parlamentarias, pagada con fondos públicos, se mantiene en reserva. En Medio Ambiente, el ministro Hugo Barrera recibió personalmente la solicitud de información y dijo a su asistente, Ivonne de Umanzor, que le “diera toda la celeridad del caso”. Tras seis llamadas telefónicas durante la semana pasada, Umanzor aseguró que el listado de empresas que contaminaban ríos y quebradas a noviembre de 2004 estaba completo pero que faltaba “la parte legal”. “Hábleme el lunes”, fue su última frase. Sobre el informe de gastos en publicidad del Ejecutivo, Hándal se excusó a través de su asistente, Isabel Jiménez, el jueves por la tarde, y delegó a Rank para dar la información. “El Ministro me dijo que le dijera que le hablara a don Julio porque esa información no la tenemos al detalle”, afirmó Jiménez. Un día atrás, Saca aseguró a El Faro que “por supuesto que hay una información completa” sobre el gasto de publicidad y que esta podría ser proporcionada por Rank. Del secretario de comunicaciones sólo obtuvimos una promesa más: “la próxima semana nos reunimos para hablar sobre el tema”. El experimento no es nuevo. En octubre 2004, Probidad presentó el Informe sobre Acceso a la Información Gubernamental en El Salvador tras realizar un ejercicio de transparencia en el que solicitó a 39 titulares de entidades públicas contestar un cuestionario sobre acceso a la información. Sólo tres lo respondieron. En julio de este año, la revista Enfoques intentó conseguir un informe de auditoría del Viceministerio de Transporte realizado por la Corte de Cuentas haciendo pasar a un periodista como un ciudadano más. Tras ocho días de trámites, visitas y llamadas, el matutino no consiguió la información solicitada. Sin ley marco “Yo no voy a promover ninguna ley de acceso a la información”, reiteró Saca una semana después. Al día siguiente, el congreso hondureño aprobó su normativa, mientras en Guatemala Berger prometía los primeros estudios para hacer un anteproyecto de ley sobre el mismo tema. No es la primera vez que Saca lo decía. “En libertad de expresión, la mejor Ley es la que no existe, y lo que tiene que haber es voluntad política del mandatario y de todos sus funcionarios para abrir las puertas de la información a todos los medios. Creo que el país madura, en el tema de información. Veo en El Salvador un país con mucha libertad de expresión”, afirmó Saca en febrero de 2004, cuando todavía era candidato a la presidencia. “No creo en una Ley para regular la información... No creo en este tipo de leyes que terminan restringiendo la libertad de información.” Henry Campos explica que en el país la legislación sobre acceso a la información se encuentra dispersa en leyes secundarias y reglamentos internos de las diferentes instituciones, dejando a discrecionalidad de los titulares o de los legisladores que las hicieron qué información es reservada y cuál es pública. “A pesar de lo que dice el artículo 6 de la Constitución de la República y los tratados internacionales firmados, no existe un verdadero acceso a la información en El Salvador. Hace falta una ley en tal sentido”, dice. Bertrand Galindo cree que “existe todo un conjunto de normativas que, si se cumplieran, permitirían acceso a la información y una mayor transparencia. El punto es hacer cumplir esas normativas”. Para el ex ministro, antes de pensar en hacer una nueva ley se debería armonizar qué se entenderá por información pública, cuáles serían los requisitos para que ésta tenga carácter de reserva y cuánto tiempo tendrá esa categoría porque cada institución lo hace “a su manera”. “Sería bueno tener una ley de acceso a la información. Este es un tema que pasa de lo político partidario y se debe de hacer porque es correcto”. La posición de los abogados es compartida por Probidad El Salvador y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). “Tenemos alguna legislación que está a favor del acceso a la información; pero tenemos otras que la contradicen. Mientras no existan reglas claras, qué criterios son los que hay que tomar en cuenta, cuáles son las limitantes o excepciones y en qué tiempo tendrá uno respuesta, el ciudadano siempre tendrá obstáculos o limitantes para acceder a la información”, asegura Karen Mejía, vocera de Probidad. Gloria Salguero Gross, comisionada para la gobernabilidad, cree que los mecanismos y las instituciones existentes son suficientes para velar por la transparencia y el acceso de información pública. “La Corte de Cuentas ve el manejo transparente de los fondos y de parte del Ejecutivo hay un información permanente”. Según FUSADES no existe una verdadera contraloría institucional de los fondos públicos para evitar tráfico de influencias, nepotismo, sobornos de funcionarios o enriquecimiento con base en el uso de información privilegiada, entre otros actos de corrupción. Claudia Umaña, directora del departamento legal de la fundación, afirmó que en ese sentido es necesario tener un marco legal que permita acceder a la información y que cree una instituto que vele por que ésta se cumpla, similar al mecanismo que existe en México desde junio de 2002 con la creación de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Paso a paso Evelyn Jacir de Lovo, comisionada presidencial para la defensoría del consumidor, es de la idea de que se necesita transparentar más la labor de los funcionarios. “Hasta dónde y qué implicaría una ley de acceso a información no lo sé. En general creo que hemos avanzado en acceso en información pero se necesita fortalecer mucho más la transparencia, porque esto permite que haya más control social y fortalece a las instituciones. Hay que recordar que toda construcción social es gradual. Uno tiene el cuidado de ir haciendo las cosas, con sentido de gradualidad, pero con una meta clara a dónde llegar.” Saca resalta avances al hablar del papel que juega la Corte de Cuentas, la creación de la Comisión de Ética Gubernamental y los gobiernos electrónicos que permiten acceder a licitaciones o que los ciudadanos se quejen a través de páginas web. Sin embargo, los logros o avances destacados por el primer mandatario no son compartidos por todos. En un estudio realizado en diciembre de 2004 por Probidad, la nota de evaluación de de transparencia de los sitios web del gobierno fue de 5.5 en una escala de uno a 10. “Para cada una de las categorías estudiadas, a medida que se buscaba tener información más específica menos éxito había en encontrarla”, relata el informe La Ley de Ética Gubernamental entró en vigor el 1 de julio pasado tras su aprobación en el parlamento el 27 de abril, durante la última sesión plenaria de la legislatura anterior. Según la normativa, sería un Tribunal de Ética Gubernamental –integrado por cinco miembros elegidos por el parlamento, el Ejecutivo, la CSJ, la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y el Ministerio Público- y las diferentes comisiones de ética al interior de las instituciones las encargadas de velar por su cumplimiento. El 1 de noviembre, la Asamblea Legislativa juramentó a Lizette Kuri de Mendoza como presidenta del Tribunal y su primera tarea será la elaboración del reglamento que determine el trabajo de las comisiones de ética. “El reto es grande porque nunca ha habido un tribunal de esta índole, con funciones determinantes como difusión, capacitación en el área de ética, deberes y obligaciones de empleados públicos”, explica Kuri. Por el momento, la entidad cuenta con 245 mil dólares para su funcionamiento en este año y espera obtener una sede fija tras la liquidación del Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa (FIGAPE). Dice Henry Campos: “La ley de Ética Gubernamental contiene cosas positivas pero siempre el problema de fondo es quiénes se encargarán de ponerla en práctica porque serán personas propuestas por las mismas instituciones”. Lea además
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