El delito de ser marero

El presidente de la república ha puesto en marcha un plan que pretende erradicar radicalmente el problema de las maras en el país. Cientos de pandilleros han sido capturados, en la mayoría de los casos por el simple hecho de estar tatuados y reunidos en grupo sin cometer delito alguno, pero la falta de sustento legal del plan Mano Dura ya les ha comenzado a dejar en libertad. Aunque los índices delictivos han disminuido, la solución real al problema de las maras parece aún difícil de alcanzar.

Daniel Valencia / Fotos: Guillermo Berrios
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José Miranda lleva ya 12 días recluido en la celda número dos en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) de Soyapango. Con él se encuentran 20 reos más que pertenecen a la mara 18. Todos fueron capturados por supuesta asociación ilícita, y acusados de delitos de amenazas o daños. El Plan "Mano Dura", anunciado por el Presidente Francisco Flores el martes 22 de julio, los tiene en zozobra.

José tiene 20 años. Diez de éstos los vivió como cualquier pequeño, asistiendo a la escuela, jugando en su colonia y compartiendo con su familia. Los otros diez los decidió pasar con su otra familia, la pandilla. En la 18 es conocido como "El rubio".

Ahora José ve hacia atrás, no para arrepentirse, sino para tratar de justificar su tipo de vida: "Mira loco, a mí me agarraron por ser marero, nada más. Yo no he andado robando ni haciendo ningún mal. Yo estaba con mis 'brothers' cuando llegó 'la jura' y nos trajo para acá", cuenta.

Cuando Miranda fue capturado, el 28 de julio, la medida anunciada por el presidente para erradicar de una vez por todas a las maras llevaba apenas cuatro días sobre la mesa de la polémica. Sin embargo, el artículo primero del anteproyecto de ley, por el que la PNC se está guiando pese a no estar todavía en vigor, no le dejaba escapatoria:

"Se considerará como 'mara o pandilla' aquella agrupación de personas que actué para alterar el orden público o atentar contra el decoro o las buenas costumbres, y que cumpla varios o todos los criterios siguientes: que se reunan habitualmente, que señalen segmentos de territorio como propio, que tengan señas o símbolos como medios de identificación, que se marquen el cuerpo con cicatrices o tatuajes", dice su artículo 4.

"El Rubio" fue capturado mientras departía con un grupo de amigos en una colonia de San Bartolo, en Soyapango. Inconvenientemente, tiene señas de identificación en su cuerpo: cuatro tatuajes que lo identifican como un miembro de la mara 18. A causa de su apariencia, Miranda fue inmediatamente puesto tras las rejas.

En tela de juicio

Miranda y sus compañeros de celda no han sido los únicos capturados en el marco de la operación "Mano Dura". Desde el pasado 24 de julio la PNC ha reportado más de 500 detenciones en todo el país. En el área metropolitana de San Salvador es donde se ha dado el mayor índice de arrestos: en los primeros cinco días ya había 354 mareros detenidos. En el municipio de Soyapango, donde según datos policiales se concentran más de 811 pandilleros, se han realizado más de 57 arrestos, la mayoría bajo acusación de asociación ilícita.

Según el inspector Marco Tulio Lima, las capturas se han realizado "en el supuesto" de que cuando se encuentran reunidos en una esquina más de tres de éstos jóvenes, tatuados y reconocidos como pandilleros, se les puede considerar como una "asociación para delinquir". "Lo más lógico es que si pasa alguien de la otra pandilla lo van a agredir", argumenta Lima.

Las razones de la PNC para capturar a estos pandilleros, como lo dice el jefe policial, "parecen lógicas": se pretende evitar el delito. Sin embargo, a los ojos de la Constitución de la República, estas capturas podrían no tener razón de ser clara. Según el Art. 12 de la Carta Magna, el sistema penal del país esta cimentado sobre el concepto de la culpabilidad o responsabilidad por el hecho cometido. Así, se castiga al delincuente no por lo que se es o lo que aparenta. Se pena al ladrón por robar, no por ser ladrón.

A "El Rubio", sin embargo, no se le imputa ningún acto delictivo específico ni se tienen pruebas materiales en su contra. "La chota llegó y nos quebró la botella. Yo les dije a mis 'brothers' que nos quedáramos quietos, porque si no nos iban a 'taleguear'. Pero el 'jura' (el policía) nos dijo que nos traerían al bote (la cárcel) y aquí estamos", cuenta.

Al igual que José, la mayoría de pandilleros detenidos en la última acometida policial no fueron sorprendidos en flagrancia, ni están señalados por actos en concreto. La PNC, junto al Ejército, ha coordinado desde el inicio del Plan redadas en los lugares señalados como conflictivos, y ha procedido a arrestar discrecionalmente a los pandilleros.

"Esto es injusto, viejo, porque ellos lo que quieren es deshacerse de nosotros" se queja el pandillero. "Uno ya no puede caminar tranquilo en la calle con su 'brother' porque te cae la 'jura' y de inmediato te llevan preso".

Diversos sectores e instituciones se han pronunciado en contra del proyecto de ley, que consideran "inconstitucional". El viernes 25 de julio, el matutino La Prensa Gráfica publicó declaraciones en las que varios jueces de instrucción de San Salvador advertían de "los riesgos de iniciar operativos sin sustentos legales que avalen las detenciones". Para ellos, las capturas realizadas por el simple hecho de pertenecer a una pandilla "son ilegales" ya que, en estos momentos y hasta la posible aprobación de la ley, no es delito pertenecer a una agrupación de este tipo. En la misma publicación, la procuradora la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó la ley como "un retroceso en la garantía del ciudadano".

Incluso Salvador Samayoa, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un organismo gubernamental encargado de la prevención social de la delincuencia, declaró en una entrevista que "todo el paquete de medidas tiene problemas".

A día de hoy, la advertencia de los juristas ya está siendo avalada por la realidad: en los juzgados de paz se ha liberado a más de 127 pandilleros capturados en las últimas semanas. El pasado sábado 26 fueron puestos en libertad los primeros ocho pandilleros, debido a que la fiscalía no encontró indicios suficientes para probar el delito por el que eran procesados.

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