Las aguas turbias

El proyecto Río Lempa II, el más importante de la gestión de Carlos Augusto Perla Parada como presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), resultó ser un fiasco. Una investigación periodística realizada por La Prensa Gráfica reveló que Perla despilfarró $30 millones de dólares, que pagó por un proyecto inconcluso y que lo inauguró sin estar finalizado.

Christian Guevara Guadrón
cartas@elfaro.net

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Río Lempa II era un proyecto ambicioso. Con una inversión de $30 millones de dólares, prestados por el gobierno español, se pretendía solucionar el problema del abastecimiento de agua potable de 1.5 millones de personas que habitan en el Gran San Salvador. "Será la primera vez que habrá más agua de la que se demanda", anunció con orgullo Perla en 1998, cuando se dio inició a las obras.

Pero el proyecto nunca funcionó, a pesar de que fue inaugurado oficialmente por el Presidente Francisco Flores el 22 de mayo de 2002. Era la última inauguración de Perla, quien dejó el cargo a finales de ese año. Un informe de técnicos de ANDA, presidido por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Corte de Cuentas, reveló que hay 19 deficiencias estructurales en la obra, que el sistema computarizado adquirido no funciona y que una serie de costosos motores de lavado ni siquiera han sido probados. Además, máquinas valoradas en $30 mil dólares compradas para la construcción del proyecto fueron extraviadas. El caso fue publicado el 12 de mayo de este año.

Ni siquiera la licitación estuvo libre de irregularidades. La empresa ganadora de la licitación de ANDA fue un consorcio de empresas españolas llamada Unión Temporal de Empresas (UTE), conformado por ICASUR, ISOLUX e Hidromecánica Extremeña. Uno de los requisitos del gobierno español para desembolsar el millonario préstamo había sido que una empresa española se encargara de la ejecución. El informe de la Corte de Cuentas afirma que se favoreció a la UTE brindándole información proporcionada por las competidoras. Es más, aparentemente el consorcio español ni siquiera retiró las bases de la licitación pública de la cual resultó ganadora.

La UTE estaba dirigida por un polémico empresario: Joaquín Alviz, dueño de ICASUR.

El socio español

Alviz es un español hábil para pactar millonarios contratos con gobiernos centroamericanos. La mayoría de estos negocios se han visto envueltos en la polémica, están empañados por la corrupción y plagados de ilegalidades.

En Panamá, Alviz se unió con un político para ganar la licitación de un proyecto de agua potable de $5 millones de dólares. Poco después se demostró que la licitación había estado viciada y que se había favorecido a Alviz en la adjudicación de la obra. Pero los problemas del español en ese país centroamericano no pararon ahí. Otra de sus empresas ganó una iniciativa del gobierno panameño para recuperar tesoros coloniales hundidos en el mar. La polémica se desató porque la condición del español era quedarse con el 50% de las ganancias.

El negocio más grande donde se involucró Alviz fue en El Salvador, cuando ICASUR ganó la licitación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El nuevo negocio le dejaría a Alviz ganancias de hasta $100 millones de dólares. El RTV nunca fue ejecutado porque el Ministro de Medio Ambiente, Walter Jokisch, demandó a ICASUR por brindar información falsa. El empresario puso una demanda en España en contra del país por $78 millones de dólares alegando "incumplimiento el contrato".

Alviz también fue acusado de malversar los fondos del Río Lempa II por las otras dos empresas que conformaban la UTE, ISOLUX e Hidromecánica Extremeña. La UTE fue disuelta. Luis Molinés, gerente de ISOLUX, dijo que su compañía se había hecho cargo de terminar el proyecto para salvar el "honor" de la empresa y acusó a Alviz de robarse máquinas para utilizarlas en sus negocios personales.

El pozo que cavó Perla

Carlos Perla no es ajeno a la polémica que rodea a Joaquín Alviz. La principal acusación en contra del ex presidente de ANDA es que firmó un documento que certifica que la obra estaba terminada, a pesar de que sabía que faltaba por lo menos un 50%. Lo más grave del caso es que ese certificado avaló que la empresa española cobrara $19 millones de dólares, que era el pago estipulado cuando el proyecto estuviera concluido.

El documento salió a la luz pública cuando Manuel Arrieta, el nuevo presidente de ANDA, quiso hacer valer la garantía de fiel cumplimiento pactado con la UTE para asegurar el cumplimiento de Río Lempa II. Arrieta se llevó una sorpresa cuando los abogados de Alviz le enseñaron el escrito firmado por Perla. La demanda por $6 millones en contra del consorcio español se desplomó.

El documento no se encontraba en los archivos oficiales de ANDA, pero la firma era legal. Perla no negó haberlo firmado y hasta reconoció saber que la obra estaba inconclusa. "Lo firmé, pero si miran el contrato se darán cuenta de que faltan cosas", dijo el ex funcionario. Cuando se le increpó por haberla inaugurado sin finalizar, respondió: "La inauguré porque yo la hice". Perla aseguró el 12 de mayo, un día después de iniciado el escándalo, creer que "hay alguna persona o grupo de gente que quiere quedarse con la emisión de gases (el proyecto RTV), que se ha dedicado a desprestigiar a Alviz y que a mí me están llevando de encuentro. Estoy seguro de que detrás de eso hay mano peluda".

Perla también había firmado otro documento, una segunda prórroga a favor de la UTE en diciembre de 2001. A pesar de eso, Alviz recibió la certificación para poder cobrar el dinero restante. La propuesta de proyecto presentada por la UTE en 1998 garantizaba que Río Lempa II iba estar finalizado en sólo 19 meses, hasta la fecha han transcurrido 45 y los trabajos no han concluido.

El 16 de mayo, la Asamblea Legislativa decidió que una comisión que investigaba los negocios de Joaquín Alviz continuara su trabajo. El grupo estaría conformado por Noé González y Antonio Almendáriz del PCN, Humberto Centeno y Nelson García por el FMLN, Donato Vaquerano de Arena, Jorge Villacorta por el CDU y René Aguiluz del PDC. El presidente Francisco Flores ordenó que todos los funcionarios que fueran citados acudieran.

Poco a poco, las investigaciones de los periódicos, de la Fiscalía General de la República y de la comisión especial de la asamblea comenzaron a medir la profundidad del pozo cavado por Perla.

Una institución plagada de corrupción

La Comisión Especial de la Asamblea dictaminó que ANDA había recibido, desde 1995, cinco prestamos por un valor de $86 millones, de los cuales no hay un análisis correcto para determinar si hubo o no una correcta utilización. "No podemos saber si esos préstamos se usaron correctamente", dijo el legislador del PCN, Dagoberto Marroquín y Jorge Villacorta del CDU calificó la investigación como un "escándalo".

De inmediato, los diputados pidieron que Manuel Arrieta y Carlos Perla llegaran a declarar. También los dos funcionarios fueron citados por Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas, después de que el ente controlador informara que existían "graves irregularidades" en el manejo de los fondos del Proyecto Río Lempa II. Contreras envió una carta al Fiscal General, Belisario Artiga, previniéndole de la existencia de indicios de corrupción.

Otras investigaciones revelaron posibles actos de corrupción. La Corte de Cuentas halló que se habían producido anomalías en la licitación donde ANDA entregó a la UTE un segundo trabajo: la construcción de un reservorio de agua en Nejapa por un valor de $3.7 millones. El trabajo todavía no ha sido concluido a pesar de que ya venció su plazo límite.

Además, la Fiscalía comprobó que Noel Alvarado, un carpintero de ANDA con un sueldo de $350 dólares mensuales, adquirió un carro nuevo por $44 mil dólares en junio de 2000. Doce días después, Alvarado le vendió el mismo vehículo a Perla pero por 28 mil 500 dólares. Y el caso no termina ahí. La misma investigación determinó que Alvarado recibió el dinero para poder comprar el vehículo de la firma española Inceysa, propiedad de Joaquín Alviz, por medio de un cheque de $70 mil dólares . El automóvil fue vendido por Intermotor, una compañía perteneciente a Mario Orellana, ex gerente general de ANDA y destituido a finales del año pasado. Orellana también es objeto de investigación y los periódicos lo señalan como la mano derecha de Perla durante su larga gestión.

Alviz fue más allá y también emitió un cheque por $50 mil dólares a favor de Xiomara Gómez, secretaria de Orellana. Pocos días después Gómez hizo un depósito de $34,800 dólares en una cuenta de Perla. Belisario Artiga también informó que trabajadores pagados por ANDA habían realizado labores de construcción en una casa de campo del ex funcionario.

Carlos Perla, prevenido de la situación, partió hacia México el 19 de mayo y no ha regresado. Según el abogado del ex funcionario, Narciso Rovira, su cliente se encuentra en aquel país "atendiendo algunos negocios". Pocos días después, cuando Perla faltó a un segundo citatorio de la Fiscalía General, Rovira dijo que el ex presidente de la autónoma se "encontraba quebrantado de salud". Quien sí quiso declarar fue Alviz, pero con la condición de la Asamblea Legislativa le proporcionara inmunidad diplomática. "Solicito inmunidad jurídica y política para poder acudir con un salvoconducto que asegure mi entrada y salida del país", pidió en una carta el español. La petición fue negada

El 19 de junio, un rápido informe de probidad reveló que el patrimonio de Perla había aumentado $97 mil dólares sin justificación. Artiga dijo que Perla ya era "imputado" de una investigación por "enriquecimiento ilícito". Eduardo Cáceres, jefe de la Unidad de Probidad, señaló que las investigaciones hechas evidenciaban que Perla habían adquirido millonarias propiedades utilizando a los nombres de su hijo y el de su esposa.

A mediados de julio, Perla todavía se encuentra afuera del país y Rovira se ha convertido en su vocero oficial, hasta ha solicitado comparecer él en vez de su cliente antes las distintas mesas de negociación. Esta semana, once propiedades a nombre de Carlos Perla, de su esposa y de su hijo; y también las del ex gerente general, Mario Orellana, fueron sido confiscadas.

Las investigaciones continúan para determinar el fondo de un pozo que rebalsa aguas turbias. ANDA se ha convertido en ese pozo profundo.

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