FMLN se retracta de discurso antiimpunidad

Hace un año el FMLN pedía a la Asamblea Legislativa la derogación de la ley de amnistía de 1993. Las cosas cambiaron. Un dirigente del partido dijo a El Faro este miércoles que ahora tienen la posición contraria, lo que coincide con el anuncio que hizo el martes el candidato presidencial, Mauricio Funes, al decir que si llega a la presidencia no impulsará la revocatoria de la ley, a pesar de que esa es una recomendación reiterada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se supone que los estados están obligados a atender.

Sergio Arauz
cartas@elfaro.net
Publicada el 03 de septiembre de 2008 - 08:25 p.m. - El Faro

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El 4 de septiembre del año pasado, como parte de su discurso sobre la impunidad en El Salvador, el FMLN pidió derogar la ley de amnistía que perdonó los crímenes políticos y los crímenes comunes con motivación política ocurridos durante la guerra. Lo hizo formalmente, con una iniciativa en la Asamblea Legislativa que recibió el pleno.“Los crímenes de lesa humanidad no pueden dejar de ser castigados y esa normativa lo que hace es cerrar esa posibilidad a quienes buscan justicia; esa ley no debería ser”, aseguró ese día el diputado del FMLN Walter Durán, en declaraciones recogidas por el periódico mexicano La Jornada.

Precisamente a un día de cumplir un año de haber denunciado oficialmente que la aministía decretada en 1993 permite la impunidad, el FMLN aclara que se opone a la iniciativa que defendía con fuerza desde 2005, cuando por mandato del máximo organismo de dirección, la Convención Nacional, decidió impulsar los mecanismos necesarios para revertirla.

Ahora, Gerson Martínez, coordinador del programa de gobierno del candidato presidencial Mauricio Funes, acepta que hay un cambio de postura y aclara que su partido desiste de buscar eliminar la normativa que choca con recomedaciones jurídicamente vinculantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las cuales se ordena la derogatoria de la normativa para esclarecer judicialmente casos emblemáticos como los asesinatos de monseñor Romero y de los sacerdotes jesuitas.

“El hecho de que el FMLN cambie de posición, no cambia mi comentario”, dice el diputado del FMLN, en referencia a unas declaraciones que él dio en abril de 2006, cuando también se declaró un férreo impulsor de la abolición de la ley. “Fue una autoamnistía, porque elementos que en ese momento estaban en el poder indujeron y promovieron un decreto de amnistía, atropellado, sin consultar con el FMLN, que era la otra parte, sin consultar con la población”.

Por unanimidad, la dirigencia efemelenista acordó en abril de 2006 buscar los mecanismos legislativos o en la Corte Suprema de Justicia para derogar la Ley de Amnistía que evitó que se juzgaran los crímenes cometidos durante la guerra entre 1980 y 1992. 28 meses más tarde, el candidato presidencial Mauricio Funes, que va adelante en las encuestas, asume el mismo discurso, lo que de inmediato causó expresiones de desaliento en organismos defensores de los derechos humanos.

Funes dijo el martes, en la entrevista 8 en punto, de Tecnovisión, que él no piensa impulsar iniciativa alguna en contra de la normativa de 1993. Incluso dijo que eso es algo que ya se discutió con el liderazgo del partido y que están de acuerdo con que no debe revocarse la ley. El argumento que Funes alcanzó a esgrimir en el programa fue el mismo que los sectores de derecha, incluido el ex presidente Francisco Flores y dirigentes areneros, han blandido cuando se les pregunta por qué no se atiende el mandato de la Comisión Interamericana: porque sería reabrir viejas heridas. “Parto del hecho de que tenemos que ver hacia el futuro, no más hacia el pasado. El pasado de odio, de enfrentamiento y confrontación no podemos cambiarlo. El futuro sí lo podemos construir de modo diferente”, argumentó.

Hasta ahora, el FMLN había sido en público un defensor firme de esclarecer los crímenes políticos y las matanzas durante la guerra, a pesar de que varios de sus cuadros e incluso dirigentes podrían verse afectados por eventuales pesquisas judiciales derivadas de la abolición de la ley.

Martínez ahora dice que su nueva postura no significa una incoherencia con lo que dijo anteriormente en defensa de una iniciativa que pedía derogar la ley:  “Mis palabras siguen vigentes en el sentido de lo que yo criticaba es que esa amnistía fue dada por elementos políticos y respaldada por gente del Órgano Judicial, me refiero a los políticos que tomaron las decisiones se recetaron una autoamnistía, no la tomaron los militares. El hecho que el FMLN cambie de posición, no cambia mi comentario.”

Cuando se le insistió en que eso no explica el cambio de posición del partido ante la ley, el diputado sostuvo que cuando los delitos cometidos son contra el Estado, “el poder legítimo de perdonar o no perdonar esos delitos pertenece al Estado. En cambio cuando son delitos en contra de la humanidad, de la sociedad civil, de la gente, el derecho de perdonar no le corresponde al Estado, le corresponde a las víctimas.”

Coincidió con Funes en que la decisión con respecto a la ley de amnistía fue tomada en conjunto. El 27 de agosto pasado, en el programa Opiniones, de Canal 8, Funes había adelantado ya una posición sobre esto. “No estamos proponiendo la derogatoria de la ley, no vamos a proponer que la Ley de Amnistía se derogue, porque nosotros, y particularmente este servidor, no tiene los ojos puestos en el cuello y viendo para atrás ese pasado de enfrentamiento y conflicto que hubo, yo estoy viendo para adelante y lo que necesitamos es crear un clima que garantice la reunificación de la sociedad salvadoreña”, dijo Funes a Rafael Domínguez ese día.

El martes reforzó la idea y dijo que él no movería un dedo para que la bancada legislativa del FMLN promueva la anulación, lo que lo pondría en similar situación a la que llegaron el ex presidente Flores y el actual presidente, Antonio Saca, quienes han desoído los reiterados pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando a Martínez se le insistió en que diera detalles de cómo se produjo el viraje en el partido, evadió las preguntas y se limitó a responder que ahora la batuta la lleva el candidato. “La palabra de Funes es la palabra del FMLN.”

Esa palabra parece calcada de la declaración que sobre la ley dio Saca hace un año, cuando se pronunció en contra de la petición del FMLN de derogar la ley. “(Arena) no dará los votos en ningún momento, porque me parece que los nostálgicos del pasado, lo único que pretenden con esto es desestabilizar el país.”

Dos organismos que defienden el respeto de los derechos humanos criticaron la postura que han asumido el FMLN y su candidato presidencial. Tanto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como el Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) sostienen que sin importar la visión política, el Estado debe respetar los acuerdos internacionales.

El director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, dice que si bien antes el candidato del FMLN había sido ambiguo con respecto al tema, en la entrevista del martes quedó claro que durante cinco años más, en caso de que el FMLN gane las elecciones, seguirán sin atenderse las recomendaciones de la Comisión y, por lo tanto, de garantizar la impunidad. “Fue bastante claro, si antes fue ambiguo, ayer sentó postura clara de no cambiar la ley. Es decir, mantener la impunidad”.

Cuéllar no vaciló en comparar el pensamiento de Funes con el de Arena, y lo lamentó porque dijo que seguramente había personas con expectativas de que un gobierno presidido por Funes diera un viraje a El Salvador en ese punto: “No se puede esperar modificaciones en el sentido de que se rompa la impunidad. Este muchacho viene en el mismo sentido de pensamiento que Arena”.

El procurador para Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, recordó que derogar la ley de amnistía es simplemente un acto de cumplimiento de un acuerdo internacional. Según dice, lo que debe primar es el respeto a la ley y en el caso de monseñor Romero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara en su mandanto de derogar la ley de amnistía: “Si van a ser respetuosos de la ley  y los acuerdos internacionales y la comisión se ha pronunciado en favor de derogar la medida, creo que lo que se debe hacer es dar cumplimiento a lo que dice la Comisión. Si se quiere combatir la impunidad, una forma sería derogar esa ley, si esta ya cumplió el objetivo con el que se había aprobado”.

El rector de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, José María Tojeira, también había objetado la ley en varias ocasiones, con el argumento de que primero debe conocerse la verdad y después buscar mecanismos de reconciliación. Hace un año, en la cena política de El Faro, Encuentros, admitió que aunque después de una guerra son necesarios procesos que incluyan fórmulas legales de reconciliación, la Ley de Amnistía no tiene en cuenta a víctimas o familiares y no recoge un proceso muy importante en una reconciliación: esclarecer las cosas. “Creemos que debe haber un proceso de verdad y de justicia y luego un proceso de reconciliación por la vía del indulto, no por la vía de la amnistía”.

Funes, no obstante, declaró en la entrevista televisiva del 27 de agosto, que sí mantenía sintonía con la visión de los sacerdotes jesuitas: “En lo personal, yo suscribo la visión que tienen los padres jesuitas con respecto a la ley, ellos también han dicho que no están proponiendo una derogatoria, pero les gustaría, les gustaría que en lugar de hablar de una Ley de Amnistía se hablara de una ley de reconciliación nacional, donde quedara claramente establecida la obligación de parte del Estado de reparar, y se plantea adoptar una política de reparación integral a las víctimas de dichas violaciones, porque ese es un olvido de parte del Estado.”

El caso Romero

El Informe Final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de monseñor Óscar Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, tiene tres recomendaciones de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño. Una de ellas es clara sobre la ley de amnistía: “(El Estado salvadoreño debe) adecuar su legislación interna a la Convención Americana (de Derechos Humanos), a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General”.

La CIDH emitió recomendaciones iguales en otros casos, como el de los sacerdotes jesuitas, asesinados por el ejército el 16 de noviembre de 1989.

El presidente de la Comisión en este momento es un salvadoreño. Florentín Meléndez, abogado, consultado vía telefónica por El Faro, evitó pronunciarse sobre casos concretos, y se limitó a recordar el carácter de las recomendaciones que el organismo emite: “Las recomendaciones de la CIDH son jurídicamente vinculantes”.

Aunque los estados que se someten a la justicia del sistema interamericano han cedido parte de su soberanía en el área de derechos humanos, la obligación de cumplir las recomendaciones queda en letra muerta a menos que los otros Estados miembros del sistema hemisférico decidan actuar e intenten medidas de presión para obligar a un Estado a acatar las disposiciones de la CIDH.

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