“La confianza electoral no se decreta,
se construye con resultados”

El sociólogo mexicano visitó El Salvador invitado por Fundaungo, para disertar sobre la regulación de los partidos políticos en México. Woldenberg, considerado el padre de la reforma electoral mexicana, fue el primer ciudadano no adscrito a partidos políticos que presidió el Instituto Federal Electoral de ese país, y que marcó una transformación en el árbitro electoral que permitió la alternancia en un país con más de siete décadas de dominación de un solo partido. No quiere hablar del caso salvadoreño, pero reconoce elementos comunes y sugiere algunas modificaciones. El triángulo dinero-partidos-medios de comunicación, dice, debe ser regulado para que no se descuadre todo el sistema.

Carlos Dada /Fotos por Mauro Arias
cartas@elfaro.net
Publicada el 09 de junio de 2008 - El Faro

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El árbitro electoral está en manos de los partidos y para modificarlo se requiere que los partidos lo acepten. ¿Cómo se rompe este círculo?
El sistema mexicano se distingue del salvadoreño porque aquí en El Salvador las labores administrativas y jurisdiccionales están en un mismo órgano. En el caso mexicano, además del Instituto Federal Electoral está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En México se pensó que era muy importante que quien organizara las elecciones no fuera la última palabra en la materia, sino que sus resoluciones eventualmente pudieran ser impugnadas por los partidos ante un tribunal. En el IFE hay ocho consejeros electorales y un consejero presidente que son los que deciden. Pero en el consejo sí hay representantes de los partidos y las bancadas legislativas. ¿Por qué un órgano tan complejo, tan barroco? Por la desconfianza que había en México. Fue necesario darle el voto a consejeros independientes pero que en la mesa pudieran estar también los partidos para que entre otras cosas vigilaran a los propios árbitros y para que cualquier resolución pudiera ser impugnada si no estaba apegada a la legalidad. Pero piense usted en Europa, las elecciones las organizan los ministerios del Interior que están marcados con un tinte político, pero nadie las impugna porque nadie cree que van a actuar de manera facciosa.

Porque ahí hay otra serie de herramientas que permiten garantizar que actúan apegados a la ley.
Y porque hay una tradición y confianza. Creo que cada país ha ido construyendo sus propios instrumentos de acuerdo a sus necesidades. A mí me gusta el modelo mexicano que no funde a la autoridad administrativa electoral con la jurisdiccional, porque es un candado más. Pero no digo que eso deba ser exportable.

Pero usted llega como consejero nombrado por el Secretario de Gobernación de México.
Hasta antes de que yo fuera consejero presidente, el presidente del consejo general era el Secretario de Gobernación. Los ocho consejeros y yo fuimos parte de un pacto político. Fuimos electos por la Cámara de Diputados. La fortuna que tuvimos en 1996 es que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en votar por los nueve. ¿Todos los partidos confiaban en cada uno de nosotros? Quizá no, pero todos confiaban en el conjunto.  Es decir, construyeron en su imaginario un consejo con pesos y contrapesos suficientes para que fuera imparcial.

¿Y qué los lleva a eso? Es decir, se necesita de alguna presión externa para que los partidos dominantes cedan poder en una institución clave como esa.
Todo mundo llegó a la conclusión de que no tener elecciones que parecieran limpias era muy costoso para todos. ¿Cómo se desarrolló todo el proceso de reformas en México? Bajo el acicate de una enorme conflictividad. No son reformas que se dan en un laboratorio o en frío. Uno de los momentos estelares de este largo proceso de reformas fue 1994. Estábamos en un proceso electoral y se levanta en armas el EZLN. A la mitad del proceso matan al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. Eso obligó a que los partidos hicieran reformas y demás, pero en cada coyuntura es así.

Usted ha hablado de seis elementos que permitieron una transición en México, entre ellos una sociedad más compleja y diversa que ya no cabía en el envase del sistema político. Pero mientras las instituciones siguen en manos del poder partidario, no hay mayor presión que los obligue a hacer esto.
¿Por qué las reformas son posibles en un determinado momento? Es difícil establecerlo a priori. ¿Por qué las reformas se plantearon como una necesidad, y gobierno y oposición aceptaron que había que reformar? Mire 1977, en el momento de aparente mayor fortaleza del partido gobernante, se demostraba una enorme debilidad. Un candidato (José López Portillo) que gana con el 100% de los votos, cuando en el país hay conflictos por todos lados, aflora una paradoja de la cual el propio gobierno tiene que hacerse cargo. La primera reforma del 77 era muy limitada. El Secretario de Gobernación de entonces dijo: “Hay que incorporar, porque lo que combate, apoya”. En su visión se necesitaban minorías que hicieran creíble este asunto. Es decir, para el gobierno era una reforma preventiva, pero para los beneficiarios de la reforma, los otros partidos, fue un eslabón para demandar más y más reformas. Pero en el momento coincidió la necesidad del gobierno de aparecer como medianamente democrático con juego electoral y los intereses de la oposición que quería ingresar a ese mundo. En 89 -90, las elecciones (de 1988, en que gana dudosamente Carlos Salinas de Gortari frente al perredista Cuauhtémoc Cárdenas) han metido al país en una crisis del tamaño del mundo. Los votos no se cuentan, se maquillan, y terminando esas elecciones el gobierno necesita cierta legitimidad y crear condiciones para nuevas elecciones, y la oposición quiere otras normas y otras instituciones para poder ir a elecciones. Las viejas normas e instituciones quedan fuera. Ahí se crea el IFE. Las reformas son posibles cuando los intereses de las mayorías en el parlamento coinciden, aunque sus perspectivas sean distintas.

Pero estas reformas, ¿qué tipo de ventajas introducen que sean superiores a lo que se pierde para los partidos?
La gran ventaja es que acaba naturalizando algo que existe en la sociedad. Estas reformas no inventaron la pluralidad política, le ofrecieron un cauce. La sociedad mexicana es masiva, compleja, diversa, plural, y eso debe estar presente en la política, porque se trata de que esa pluralidad que nadie se inventó pero que nadie puede exorcisar tenga un cauce para expresarse, recrearse, convivir y competir de manera institucional. Crea un escenario para que una sociedad no se desgarre sino que encuentre una manera de reproducirse en armonía y en conflicto, y eso es la democracia, conflicto permanente pero que se desarrolle de manera institucional. Pero eso cristaliza de manera distinta en cada país.

Con su llegada en 96 al IFE, y luego como presidente del IFE, eso despierta muchas ilusiones y esperanzas en la sociedad mexicana, pero sobre todo mucha confianza. Un IFE ciudadanizado. ¿Cómo se pasa de eso a las últimas elecciones que gana Felipe Calderón, en las cuales a pesar de las reformas se pierde la confianza en el árbitro?
La confianza es una construcción lenta. La confianza no se decreta. Se va construyendo con iniciativas, reformas, resoluciones… pero, sobre todo, lo que más confianza inyecta son los resultados. Yo estoy convencido de que en el año 2000, aún cuando estaba votando la gente, se preguntaba si se reconocería un triunfo de la oposición. Pero una vez que pasó, que el IFE dijo “ganó este partido opositor”, se multiplicó la confianza. Buena parte de la sociedad actúa como decía Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Lo que fue asentando la confianza no fue un acto, una decisión, ni siquiera la conformación de un nuevo consejo. Fue todo lo que en el mundo electoral comenzó a pasar en México. En 1988 el presidente, los gobernadores, todos los senadores y el 82% de los diputados eran de un solo partido (el PRI). Hoy un niño de 12 años que vive en el D.F. sabe que el D.F. lo gobierna el PRD, que el Estado de México lo gobierna el PRI y que el presidente de la República es del PAN.
Ahora, tiene usted razón. Buena parte de la confianza se erosionó en 2006, porque cuando la segunda fuerza política del país, un candidato exitoso por el que votó más de la tercera parte del electorado, dice que hubo fraude, ¿pues cómo no se va a erosionar la confianza? Por eso se necesitan nuevas operaciones políticas para reestablecer lo que se perdió en la coyuntura postelectoral. La reforma de 2007 y la modificación del Consejo General del IFE deben ser leídos en ese código. La confianza nunca se gana de una vez y para siempre. En materia electoral en México hemos avanzado mucho porque la gente se ha dado cuenta de que con los votos se ganan muchas cosas.

Pero vea en El Salvador, nos encaminamos hacia unas elecciones en 2009 sin un árbitro creíble, y no hay tiempo para reformas. En esas condiciones, ¿qué otras medidas pueden compensar este problema, y que no amenacen la gobernabilidad?
No lo sé. Si partimos de la idea de que la confianza es una construcción y de que el proceso electoral es una cadena de eslabones, hay que pulir cada eslabón. Si uno falla, descuadra toda la cadena. Esos eslabones son padrón, campañas, registro de candidatos, instalación de casillas, transcurso de la jornada electoral, cómputo de los votos… todo eso tiene que ser absolutamente transparente.

¿Y cuándo no lo es?
Pues vienen los riesgos que usted dice. Pero ustedes tienen un capital político nada despreciable. Desde la firma de los Acuerdos de Paz no ha habido en lo fundamental conflicto postelectoral. Ustedes no van a unas elecciones fundacionales, sino a unas que yo quiero ver como una rutina electoral. Una vez el presidente del Tribunal Electoral de Panamá me dijo, entre bromas: “Lo mejor que le puede pasar a la autoridad electoral es que gane la oposición, y que gane por mucho. Pero el Tribunal debe estar listo para que gane el gobierno, y que gane por poco”. Y es una gran verdad. Lo único que la autoridad electoral no puede modular ni debe modular es el resultado. La autoridad tiene que vivir con el resultado que viene de las urnas. La experiencia de ustedes de 2006 en San Salvador es un ejemplo de civilidad, cuando un partido gana la capital por apenas unas decenas.

Pero el problema es de percepción, el TSE no es percibido como un árbitro creíble.
Pues la única manera es que el Tribunal haga un esfuerzo mayor para que todos sus pasos sean transparentes y creíbles. Y todo ayuda: los observadores, las ONGs, la prensa… todo eso ayuda.

Usted dijo que la gobernabilidad peligra si el presidente y el Congreso están en manos de distintos partidos…
No, yo dije si el presidente no tiene mayoría absoluta en el Congreso.

Sí. Me pareció extraño que lo dijera. ¿No va eso en contra del sistema de pesos y contrapesos que se supone idóneo en una democracia?
No es contrario. Es una realidad que hace muy difícil la gobernabilidad. Está ahí, hay que afrontarla. Un presidente con mayoría absoluta puede pensar que cada iniciativa que mande puede prosperar. Si es minoría, sabe que hay altas posibilidades de que sus iniciativas no prosperen.

Y por tanto está obligado a buscar pactos políticos.
Por eso mucha gente plantea que en América Latina, en aquellos países con regímenes multipartidistas, podríamos empezar a pensar en regímenes parlamentarios o semiparlamentarios. Mire usted Europa. Si un partido tiene mayoría en el parlamento, gobierna en solitario. Si nadie tiene mayoría, el propio sistema parlamentario obliga a coaliciones. Hoy en Alemania hay casi un gobierno de unidad nacional, surgido de una alianza entre los dos principales partidos políticos. En los regímenes presidenciales, no. Si tienen o no los presidentes mayorías en el Congreso, es un problema político pero no está regulado. Yo no quiero volver al pasado, a un presidente sin contrapesos. Pero ahora estamos en la otra situación. Pasamos de la presidencia hiperpoderosa a una con márgenes muy estrechos para su accionar político. Ahora, yo sólo hago el diagnóstico, no tengo la receta.

En el IFE, en los últimos años, se dejó al árbitro en manos de ciudadanos,  transparentaron mucho más el proceso, abrieron espacios más equitativos para todos los partidos, regularon los tiempos y espacios de campaña electoral… ¿Qué falta?
Faltan cosas. Hay que facultar al IFE tener iniciativa de controversias constitucionales.

¿Y de publicidad gubernamental?
Ya quedó mejor regulado. Ahora está claro que la publicidad que hagan los funcionarios de cualquier rango, desde la presidencia, no puede ser publicidad personalizada. Y que la propaganda gubernamental queda suspendida durante algunos días previos a la elección.

Y hay una ley para controlar las finanzas de los partidos.
Sí. El Código Electoral regula el financiamiento y el rendimiento de cuentas de los partidos. Esto es importantísimo. Entre otras cosas porque en el caso mexicano los partidos reciben recursos públicos multimillonarios y es necesario que haya fiscalización y que se demuestre que los recursos se utilicen para aquello para lo que fueron otorgados, pero además para que no haya recursos ilegítimos en las campañas electorales. Para decirlo de otra manera: el triángulo dinero-medios-partidos se discute en todo el mundo, y en ningún lado está resuelto a entera satisfacción, pero hay que tener alguna fórmula que intente regular eso porque si el triángulo se descuadra, se descuadra todo lo demás.

¿Y el voto extranjero?
En México nos tardamos mucho, por fin ya los mexicanos en el extranjero pueden votar. Canadá tiene una modalidad interesante: pueden votar todos los canadienses en el exterior siempre y cuando no lleven más de cinco años fuera.

¿Y esa le gusta?
Es atractiva. Tenemos que darnos cuenta de que este asunto de los derechos políticos ya no se resuelve de manera inercial. De cuando decíamos los derechos políticos se derivan de la nacionalidad, porque ahora en otros lados se plantea que se derivan de la residencia. Yo lo único que hago es invitar a que vean en países como México o El Salvador que hay distintos planteamientos, eso es todo.

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