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Precandidatos de ARENA se comprometen con Ley de Acceso a la Información

En un “debate” que en realidad fue una serie de breves exposiciones, los cinco precandidatos del partido de gobierno presentaron la semana pasada, en trazos generales, los ejes que incluirían en su plataforma. Luis Mario Rodríguez habló de la importancia de una Ley de Acceso a la Información que el actual presidente no ve necesaria, y el resto de precandidatos lo respaldó.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 25 de febrero de 2008 - El Faro

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No la impulsó en sus tres años y medio como Secretario Jurídico de la presidencia, pero ahora, como aspirante a la candidatura presidencial de ARENA, Luis Mario Rodríguez propone como una de sus apuestas principales la creación de una Ley de Acceso a la Información Pública.

“Debemos hacer una gestión transparente. Debemos presentar la Ley de Acceso a la Información Pública para que usted, amigo ciudadano, gobierne con nosotros transparentemente”, dijo el pasado jueves 21, durante un “debate” televisado en el que participaron los cinco precandidatos areneros con breves intervenciones y sin discusión entre ellos.                                                       

Las propuestas

En una dinámica sin discusión y con exposiciones de cinco minutos, más otras dos de minuto y medio para contestar dos preguntas, los precandidatos resumieron sus principales ejes para una plataforma de gobierno.

Luis Mario Rodríguez:

  • Profundización de la reforma fiscal y revisión de política de subsidios.
  • “Ni más policías ni más leyes”. Habla de la necesidad de coordinar y acercar el trabajo de jueces, fiscales, policías y diputados.
  • Creación de una Ley de Acceso a la Información Pública.

Ana Villma de Escobar:

  • Atracción de la inversión extranjera.
  • Desarrollo económico a través del turismo, la industria textil, el sector servicios y energías renovables.
  • Apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Eduardo Barrientos:

  • Plantea siete ejes de desarrollo: en el exterior, desarrollo con seguridad ciudadana, ambiental, institucional, económico incluyente, en democracia y lo humano.
  • En educación, formación de “bastantes pero bastantes” técnicos.
  • Habla también de un octavo eje: el “político-ideológico”, basado en los principios y estatutos de ARENA.

Rodrigo Ávila:

  • Reactivación de oficina similar al anterior Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA).
  • Creación de un Ministerio de Desarrollo Social.
  • Mantenimiento de programa Fosalud.
  • Fortalecimiento de informática en los centros de estudio.

Francisco Laínez:

  • Profundización de apuesta por el agro.
  • Aumento de recursos en salud y educación.
  • Agua potable para todo el país.
  • Seguridad ciudadana integral, a través de la prevención, rehabilitación y combate a la delincuencia.

Con ese compromiso, Rodríguez marcó en su discurso una distancia con el pensamiento que durante toda su gestión ha mantenido su compañero de partido y ex jefe, el presidente Antonio Saca. Este, desde que era aún candidato a la presidencia por ARENA en 2004, adelantó su rechazo a una ley de este tipo.

“En libertad de expresión, la mejor ley es la que no existe; y lo que tiene que haber es voluntad política del mandatario y de todos sus funcionarios para abrir las puertas de la información a todos los medios. Creo que el país madura en el tema de información. Veo en El Salvador un país con mucha libertad de expresión. No creo en una Ley para regular la información... No creo en este tipo de leyes que terminan restringiendo la libertad de información”, dijo en febrero de ese año. Y fue ese el discurso que reiteró en noviembre de 2006, cuando expresó que “no tener una ley de acceso de información de ninguna manera debilita la transparencia del gobierno. Tenés acceso a la información sin necesidad de ninguna ley”.

Ahora, todos los aspirantes se distancian de la posición del mandatario. Poco después del foro arenero, los cinco precandidatos de ese partido admitieron a El Faro la necesidad de establecer marcos legales para transparentar la información pública.

“Yo creo que nuestro país necesita que vayamos haciéndonos más transparentes, que los funcionarios públicos podamos y tengamos que rendirle cuentas a los ciudadanos”, dijo Ana Vilma de Escobar, actual vicepresidenta. Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil, se sumó a la idea: “Yo creo que una ley de esas sería conveniente, sólo que habría que complementarla con una reforma a la ley de la LACAP (…) la única limitación podrían ser cosas extremadamente sensitivas, como cosas de seguridad nacional, pero aquí no compramos ni misiles ni aviones de combate ni cosas de esas (…) Creo que todo debería también estar en línea, estoy de acuerdo con Luis Mario”.

Francisco Laínez, ex canciller y otro de los fuertes en la contienda arenera, también opinó que “integridad significa estar dispuesto a mostrar lo que se hace, y no solo eso, sino también lo que se ve y lo que no se ve”.

Eduardo Barrientos tampoco vaciló en decir “yo no tengo el menor inconveniente en que una ley de ese tipo se promulgue. Este es un país libre y todo mundo debe tener acceso a la información”.

Una deuda de pocos

El Salvador es de los pocos países de la región que no ha tenido avances en derecho al acceso a la información. “Se tiene leyes de este tipo en América Latina: México, Ecuador, Perú, Panamá, Nicaragua u Honduras. En los demás casos tenemos decretos presidenciales, como en Argentina; y en otros, hay iniciativas y propuestas de ley  presentadas y discutiéndose en sus parlamentos”, dijo a El Faro en diciembre del año pasado Ernesto Villanueva, especialista mexicano en acceso a la información.

La ausencia de legislación de este tipo sitúa a El Salvador al lado de países como Cuba y Venezuela. Además, “El Salvador, Cuba y Venezuela utilizan los mismos argumentos para negarse a una ley de acceso a la información”, dijo Villanueva, responsable de la creación de la ley mexicana en el año 2002. “Definitivamente no hay interés en las autoridades (salvadoreñas) por promover una Ley de Acceso a la Información Pública (…) El Salvador se está convirtiendo en una isla en este tema”.
 
Varias instituciones, entre ellas FUNDE y FUSADES, han abogado por que se promulgue el marco legal necesario para garantizar ese derecho. Fueron estas organizaciones, de hecho, las que invitaron para disertar sobre el tema a Villanueva. “Hay una bastedad de leyes contradictorias y que en muchos casos, más bien, le dan instrucciones a los servidores públicos de guardar la confidencialidad de toda información. Se vuelve una decisión de alto nivel si se otorga o no una información determinada”, se ha quejado Claudia Umaña, directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES.

En noviembre de 2006, el presidente firmó en Guatemala una declaración para la reducción de la corrupción en la región centroamericana en 2010. En el documento, El Salvador se comprometió a la aprobación de “un marco regulatorio que garantice el libre acceso ciudadano a la información pública en poder del Estado”.

Una semana después, El Faro solicitó por escrito información a distintas oficinas de gobierno, entre ello el desglose del gasto en publicidad de Casa Presidencial. Pese al compromiso de Saca y el ministerio de Hacienda, la información nunca se brindó.

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