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EL AGORALos despidos de marzoA finales de marzo, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación (del cual depende Concultura) protestó por el despido de varios empleados y exigió la destitución de Federico Hernández. Raúl Benítez
La primera de las protestas contra el titular del Concultura organizada por la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación (Atramec) reclamó la separación de un grupo de empleados, entre ellos cuatro del área de intendencia, dos jefes financieros, la directora de la escuela Nacional de Danza “Morena Celarié”, la coordinadora de Teatros Nacionales y la asistente de la Dirección Nacional de Promoción y Difusión Cultural. Todas las relaciones laborales estaban amparadas en el régimen de contrato anual. Este periódico publicó la explicación de Concultura en un escueto boletín donde se indicó que la institución se encuentra en un proceso de evaluación, producto del cual se llegó a la decisión de no renovar tres contratos y al “cese” de cuatro relaciones laborales. Según el comunicado, la institución se basó en la séptima cláusula del contrato laboral, que “suele ser común en todo contrato”: “Concultura puede dar por terminado este contrato sin responsabilidad alguna, en cualquier momento, por: falta de capacidad en el desempeño de las funciones del contratista, pérdida de confianza, deslealtad, falta de financiamiento, así como también por convenir a los intereses del Estado”. Entre las personas que ya no trabajan para la institución figuran la jefa del departamento de intendencia, Marta Angulo, y el jefe de transporte, Julio de Jesús Arrazabala. Ambos sostienen que se prescindió de ellos en represalia por haber señalado a la Corte de Cuentas que sus firmas aparecían en un documento que ellos aseguran fue alterado y presentado por Concultura en un proceso de investigación para la adquisición de tres vehículos para los que no se hizo una licitación. En dicha investigación, que ocurrió el año pasado, el presidente del Concultura manifestó sentirse extrañado de que los empleados no reconocieran haber firmado el acta, y señaló que la Corte de Cuentas había desvanecido toda observación y por tanto era un caso cerrado. La arquitecta Esmeralda Sánchez y la secretaria del departamento de transporte y encargada de controlar el uso del combustible, Miriam Elizabeth Molina, también fueron separadas de sus cargos.
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