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EL AGORAUn futuro inciertoRuth Grégori En tanto la Corte de Cuentas realiza el examen especial, que según el jefe de auditores debe estar terminado 25 días hábiles después del 6 de marzo, se ha conformado una comisión que se encargará de continuar la valuación de la escuela y de definir el perfil y la persona que asuma su dirección. La convocatoria a inscripciones para las clases en la escuela fue emitida en medios de comunicación el jueves 9 de marzo, cuyo inicio está programado para el 20 de marzo. Sin embargo, los padres y madres de familia se preguntan cómo se cubrirá la demanda de la misma cantidad de estudiantes con menos profesores (en vista de que los fondos con los que se les contrataba no están autorizados), quién hará las evaluaciones de ingreso, y qué pasará con las cuotas. A pesar de que autoridades de Concultura han comunicado a los padres de familia que en tanto se definen tarifas autorizadas no se cobrará por las clases, en ellos persisten los temores de que en el futuro estas aumenten hasta alcanzar el monto de las que se cobran en el Centro Nacional de Artes (CENAR), que alcanzan los 15 dólares mensuales. “Personalmente yo no creo que haya intención de privatizar”, dice Gabriela Velis, miembro de la comisión de padres y madres de familia de la escuela de danza, “el temor viene de que incrementen las cuotas y se reduzca el acceso a las clases. Si no hay acceso para todos eso equivale a privatizar”. Franco no identifica señales de que Concultura quiera privatizar: “No, es que si quieren hacer eso se les va a mover la tierra. Tienen que mantener las cuotas, es una institución nacional que ha estado al servicio del pueblo salvadoreño por más de cincuenta años”. Hernández descarta por completo cualquier intención de privatizar la institución: “Lo que buscamos es que esos fondos realmente sean públicos”. El problema, dice Franco, es que si esos fondos van al fondo de Actividades Especiales (un fondo común de Concultura) nada garantiza que vuelvan a la escuela y se usen para su funcionamiento y desarrollo, tal cual ocurre hoy. Otra preocupación de los padres es quién garantizará el nivel técnico de la enseñanza. Gabriela Velis recuerda que en una reunión con representantes de Concultura ella preguntó quién en la comisión evaluadora era bailarín, y que recibieron la respuesta de que ninguno de ellos tenía ese marco de referencia. Un día después, agrega Velis, se incluyó en la comisión a un coreógrafo y bailarín costarricense: “Pero el baila contemporáneo, no es balletista”, dice Velis, para quien estos aspectos revelan que “no hay un plan” de cómo hacer frente a la situación. El presidente de Concultura declinó dar a conocer los nombres de los integrantes de la comisión, pero al respecto expresó: “¿Y para qué están los profesores de la escuela? Ellos continuarán en sus cargos”. La separación de Franco es el centro de la polémica. En tanto que Concultura argumentan su interés por ordenar la casa, quienes respaldan la gestión de la ex directora señalan que debió esperarse el resultado del examen de la Corte de Cuentas. “Hemos sido muy cuidadosos de acusar a nadie”, dice el presidente de Concultura, quien no esperó el informe de la Corte para separar a Franco de su cargo. Para ello se basó en la evaluación interna, afirmó. Hernández no descartó la propuesta de maestros y padres de familia de nombrar un responsable para la parte administrativa y a Franco en la parte de la dirección artística. Sin embargo señaló que esperarán al informe de la Corte de Cuentas para decidir al respecto. El jefe de auditoría de la Corte de Cuentas respaldó la facultad de la presidencia de Concultura para no renovar el contrato de Franco, a la que consideró “una decisión administrativa interna, separada del proceso que lleva la Corte de Cuentas”. Para los padres de familia esto equivale a una sentencia sin que Franco haya sido declarada culpable. Franco señala que durante la auditoría realizada por
la firma privada ni se revisaron todos los documentos, ni se le dio
la oportunidad de discutir o explicar los hallazgos: “A mí
sólo me dijeron que llenara un informe (escrito) y que presentara
los documentos que me pedían. En ese informe yo solicité
derecho de audiencia, para explicar punto por punto, pero no me lo dieron”.
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