Escuela Nacional de Danza examinada por la Corte de Cuentas

Maestras, alumnas, padres y madres de familia ocuparon la calle frente a la Escuela Nacional de Danza en protesta porque no se renovó el contrato de Sonia Franco.

En 1994 las credenciales de coreógrafa y profesora graduada en el extranjero, así como el apoyo de un grupo de padres y madres de familia, hicieron de Sonia Franco la candidata idónea para asumir la dirección de la Escuela Nacional de Danza. Catorce años después, Franco fue retirada de ese cargo por el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (Concultura), entidad de la que depende la escuela, en medio de un proceso de evaluación y auditoría que detectó cobros no autorizados entre otras anomalías administrativas.

La principal conclusión de una auditoría realizada por una firma privada, es que la Escuela Nacional de Danza funciona en muchos aspectos como una entidad separada de Concultura, fuera de los parámetros de una institución gubernamental.

El presidente de Concultura, Federico Hernández, señaló a El Faro que los resultados de la evaluación fueron la base que sustentó la decisión de no renovar el contrato a Franco, quien cesó en el cargo el 28 de febrero. Cuatro funcionarios de Concultura analizaron el caso: Hernández; el director ejecutivo, Hernán Artega; la jefa del departamento jurídico, Yanira Soundy; y la directora nacional de Artes, Lovey Arguello. La decisión final fue tomada por Hernández.

El lunes 6 de marzo la Corte de Cuentas inició, a solicitud del presidente de Concultura, un examen especial para verificar los hallazgos de la investigación previa. El jefe de auditoria de la contraloría estatal, Alfonso Bonilla, dijo que el informe de la firma privada reveló “34 observaciones de cumplimiento legal y regulación aplicable y 18 observaciones de control interno, de tipo administrativo”.

Entre las anomalías de tipo legal identificadas en el informe destacan los cobros de cuotas no aprobadas por el Ministerio de Hacienda, y que no tienen un sistema contable autorizado, como lo manda la Ley de Administración Financiera del Estado.

Asimismo, que algunas de las cuentas no eran manejadas a nombre de la institución sino de miembros del Consejo Directivo Escolar, que comenzó a funcionar en el 2001 sin autorización del Ministerio de Educación. El consejo estaba integrado por la ahora ex directora de la escuela, maestros y padres de familia.

Hernández explicó que la decisión de evaluar a la Escuela Nacional de Danza fue tomada cuando dicha escuela requirió apoyo para la presentación de ballet “El Quijote”. Fue entonces cuando el departamento jurídico de Concultura detectó que no existía autorización del Ministerio de Hacienda para establecer tarifas para dicho espectáculo. Posteriormente detectaron otros aspectos que llevaron a la decisión de realizar un proceso de evaluación más amplio.

La Escuela Nacional de Danza, fundada en 1951 como parte del departamento de danza del Instituto General de Bellas Artes (ya desaparecido), carecía de un decreto de creación que le confiriera reconocimiento oficial hasta que en 1999 el acuerdo 16-0411 del Ministerio de Educación estableció de manera explícita que dependía de la Dirección Nacional de Artes de Concultura.

Según la evaluación que hicieron las autoridades de Concultura, la escuela carece de un reglamento que rija su funcionamiento interno y que establezca su estructura administrativa así como los lineamientos para el manejo financiero de los servicios que presta la escuela.

Pese a este vacío, existe una normativa que rige todo lo relacionado al manejo del presupuesto y fondos públicos del Estado. Las Disposiciones Generales de Presupuestos (1984) señalan en el numeral 3 del artículo 153 que el Ministerio de Hacienda es el responsable de fijar las tarifas por uso de locales o servicios del Estado: “También se faculta al Ministerio de Hacienda para fijar las tarifas que deban cobrarse por el uso de lugares o locales ubicados en las instalaciones de propiedad del Estado, tales como las adunas fronterizas, las delegaciones de aduanas y en general otros locales que estén al servicio de dicho ministerio o de cualquier otro y sus dependencias”.

Franco señaló que gracias a esas decisiones se subsanaron limitaciones de presupuesto y necesidades insatisfechas por la burocracia. Según la ex directora de la escuela durante su gestión se contrataron seis maestros adicionales a los 14 que cubren con los fondos que Concultura transfiere a la escuela, una nutricionista (encargada de vigilar aspectos de salud como el peso y alimentación de las bailarinas), una comunicadora que apoyara la proyección de la labor de la Escuela y una contadora que se encargara de llevar control sobre las finanzas. Además se implementó un programa de becas.

Los maestros y padres de familia manifestaron públicamente su desacuerdo con la decisión de separar a Franco de la dirección de la escuela el uno de marzo. Coincidieron al afirmar que estaban de acuerdo con la necesidad de ordenar y legalizar aquello que se considere necesario, pero piden que no sea a costa de la suspensión de Franco. “Si lo que se necesita es ordenar la parte administrativa que pongan un administrador y que la dejen a ella como directora de la parte artística”, dice una de la maestras, quien prefirió no identificarse por temor a posibles represalias, y además expresó dudas de que haya otra persona calificada a nivel técnico y artístico que pueda sustituir a Franco. Padres y maestros consideran que debe ponerse en la balanza el desempeño administrativo y el aporte de Franco al desarrollo técnico-artístico de las alumnas de la escuela.

“Con seguridad la Corte de Cuentas no se va a poner a evaluar el desarrollo artístico, sino especialmente la parte de administración”, responde Hernández sobre este punto. “Es como si se tratase de un museo nacional dirigido por un pintor y se estuviera pensando en evaluar su aporte a la pintura”, señaló.

Detalle de uno de los afiches ante el peligro que perciben maestros y padres de familia de que privaticen la Escuela Nacional de Danza.

El jefe de auditoría de la Corte de Cuentas explica lo que harán para verificar los hallazgos del informe recibido: “Por qué razón en tanto año que tiene la escuela de danza funcionando no se le habían dado los lineamientos para que funcione dentro de los parámetros que establece el Estado. Y vamos a ver sino si hay mal manejo de recursos, porque una cosa es que se hayan violentado algunos aspectos administrativos y otra que se hayan perdido recursos”. Bonilla señaló que la escuela pudo incurrir en fallas administrativas, pero que también es posible que nunca se le hayan dado los lineamientos.

El informe de la firma privada no reveló evidencias de apropiación de fondos para beneficio propio, tal como lo reconocieron el presidente de la entidad cultural estatal y el jefe de auditores de la Corte de Cuentas, pero este es otro aspecto que la Corte deberá verificar.

En 2001 maestros y padres de familia crearon un Consejo Directivo Escolar (integrado por la directora de la Escuela y representantes de maestros y padres de familia) similar al que funciona en las escuelas públicas.

El consejo fijó en cinco dólares la cuota de escolaridad de los alumnos y decidía sobre el destino del dinero (Antes de la dolarización, el costo oscilaba entre 25 y treinta colones). La decisión de las contrataciones que se hicieron con estos fondos fueron tomadas en conjunto por los miembros del consejo. Pero el consejo de la Escuela Nacional de Danza nunca fue reconocido por el Ministerio de Educación (Mined).

Sonia Franco argumenta que hizo gestiones para legalizar la situación de la escuela. Refiere tres intentos para que se reconociera la figura del consejo directivo, pero que esta propuesta fue rechazada por el Mined por la siguiente razón: la escuela carecían de un decreto de creación que le diera reconocimiento oficial. Luego del acuerdo de 1999 en que el Mined reconoció a la Escuela Nacional de Danza como dependencia de la Dirección de Artes de Concultura hicieron otro intento, presentaron un nuevo decreto a la Dirección de Artes en 2001, del cual, indica Franco, nunca tuvieron respuesta. “¿Iba a regularme yo sola?”, pregunta Franco, “No, ellos tenían que regularme”.

Bonilla, desde la Corte de Cuentas, hace eco del señalamiento de Franco: “¿De quién es la responsabilidad? La Escuela de Danza no tiene una unidad de auditoría, quien la tiene es Concultura. También el Ministerio de Educación tiene una”.

Federico Hernández tomó las riendas de Concultura en junio de 2004. La auditoría privada en la escuela de danza abarca de enero de ese año a octubre de 2005. Ante la pregunta de por qué Concultura no reparó en las anomalías hasta este año, el funcionario reconoció que la escuela no enviaba informes sobre manejos administrativos como los cobros no autorizados, ni funcionarios de la entidad central se los pedían. Agregó que si bien él no puede hacerse responsable de lo que ocurrió en administraciones anteriores, en la suya se identificaron las irregularidades, se les ha dado seguimiento y están buscando corregirlas.

Yanira Soundy, jefa del departamento jurídico de Concultura, estuvo también en parte del período del antecesor de Hernández. Ella reconoce que durante la administración de Gustavo Herodier no repararon en las anomalías, pero muestra un memorando dirigido a los directores nacionales respecto a los lineamientos a seguir: “Ningún Director o Jefe está facultado para dar autorizaciones de ingreso y/o exoneraciones de pago, ya que esta no es su competencia y al hacerlo existirá reparo de las unidades controladoras por lo que debe enviarse nota a los colectores en las que se estipule que únicamente las autorizaciones del Ministerio de Hacienda Son válidas”, reza el documento. Hernández y Soundy señalaron que la misiva debía ser girada por los directores nacionales a sus respectivas dependencias, pero Franco dijo que no recuerda haber visto dicho memorando.

Bonilla justifica el escaso control señalando que debido al limitado recurso humano con que cuentan ponen atención en aquellas instituciones donde hay mayor riesgo y volumen de movimientos. La Corte de Cuentas está llamada a auditar cada año a todas y cada una de las instituciones del Estado, pero debido a que no hay suficiente personal para asumir una tarea de tales dimensiones utilizan mecanismos como alternar los años (uno sí y el siguiente no). Para auditar las instituciones, se recurre a un muestreo y el criterio de selección son los montos de las transferencias: “No tienen el mismo riesgo diez mil dólares que mil. No es lo mismo la alcaldía de San Salvador que una del interior del país. Cuando uno va a una institución principal, en este caso Concultura, lo que se analizan son los mecanismos de control interno que tienen, si la evaluación del auditor define que no hay mayor riesgo, como en otro lado, hasta ahí se quedó”, sostuvo.

La auditoría completa más reciente que realizó la Corte de Cuentas a Concultura data del 2004, y actualmente se encuentra en juicio de cuentas (ver recuadro –link).

Concultura contrató una firma privada para investigar el caso de la escuela de danza debido a que la unidad de auditoría de dicha entidad se encuentra acéfala desde mayo de 2005.

Epidemia gubernamental

Las irregularidades administrativas como las que evidencia la Escuela Nacional de Danza no son raras en las instituciones públicas, asegura Bonilla. Manifiesta que encuentran este tipo de casos con frecuencia en las auditorías que realiza el ente contralor: “En todas, definitivamente que en la mayoría van a suceder fallas de carácter administrativo. Por ejemplo, una contratación de un funcionario, que no se cumplan todos los requisitos no quiere decir que no funcione la persona que se contrató. Un ejemplo típico es cuando piden dinero para compara un carro y compran una motocicleta, el dinero ahí está pero es mal manejo de fondos”.

En opinión de Bonilla el origen del problema se encuentra en una gran cantidad de regulaciones que son poco conocidas por quienes asumen cargos públicos, que es donde más frecuentemente encuentran casos de irregularidades administrativas: “Por ejemplo en las alcaldías, la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) hace una capacitación para nuevos alcaldes que dura un día. Eso no basta para que un funcionario se empape de todo lo que tiene que ver con la administración pública”.

Franco reconoce que desconocía la existencia de una disposición legal que estableciera que el único que podía establecer tarifas por prestación de servicios en una institución pública es el Ministerio de Hacienda. “Pero ¿quién se lo tenía que exigir?”, pregunta Bonilla, “¿de quién dependen? Una escuela, un instituto nacional no se pone por sí sólo las cuotas. Para eso hay un Ministerio de Educación que le dice ‘así va a funcionar’”.

El titular de Concultura ha reconocido que en la institución estatal que dirige hay muchas cosas que ordenar. Fue por ello, indica, que inició procesos de evaluación en diversas dependencias de Concultura. Pero es tanto lo que hay que ordenar que, en su opinión, cada administración ordenó “hasta donde le alcanzó la cobija y el tiempo”. Él mismo alberga dudas de que logre limpiar la casa del todo: “Ordenarlo todo es humanamente imposible”, dice.

Otras instituciones estatales carecen de reglamentos de funcionamiento interno, aún cuando la ley que les da vida legal estipule que deben tenerlo. Tal como lo dio a conocer El Faro en enero pasado, el ente rector del cual depende la escuela, Concultura, tampoco lo tiene (link).

Desde que nació Concultura, sucesivas administraciones omitieron elaborar y dar vigencia legal al reglamento interno de la institución, pese a que su decreto de creación establecía expresamente que era una obligación del presidente de la República, en ese entonces Alfredo Cristiani. Tres mandatarios, tres ministros de educación y tres presidentes de Concultura omitieron cumplir con esa obligación legal.

Si la Corte de Cuentas de la República confirma irregularidades administrativas y financieras en la Escuela Nacional de Danza, la responsabilidad apunta a diferentes niveles: su dirección, que realizó cobros sin acatar las disposiciones generales del presupuesto que establecen como requisito una autorización del Ministerio de Hacienda; la presidencia de Concultura, figura administrativa que tiene la facultad y recursos para auditar sus dependencias, e incluso el Ministerio de Educación (de donde depende Concultura). Asimismo la Corte de Cuentas, que no identificó las irregularidades administrativas en la escuela en las auditorías que practicó en Concultura.

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