OPINION

OBSERVATORIO CIUDADANO

Una opaca elección más

Jaime López
cartas@elfaro.net

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Callaron las canciones y los discursos ilusorios, ganadores y perdedores afrontan ahora la respuesta de los votantes y abstencionistas. El Salvador cerró una jornada electoral más.

Pero, independientemente de los resultados del 16 de marzo, y de los reacomodos y alteraciones de correlación entre los partidos políticos, lo cierto es que los salvadoreños fuimos forzados a aceptar nuevamente un proceso electoral opaco y lleno de vicios estructurales, y a partidos políticos que distan mucho de tener conductas transparentes.

Una vez más la mayoría de candidatos fueron impuestos por las cúpulas partidarias en una insípida mezcla de rostros atractivos y personajes cuestionados. Poco importó tomar en cuenta los historiales de estos, exigir claridad sobre la situación patrimonial de los candidatos, y valorar sus méritos profesionales. La democracia partidaria, que en otros países se expresa a través de primarias o mecanismos similares, sigue estando ausente al interior de la mayoría de institutos políticos salvadoreños. Claro, se colaron algunas personas que tratarán de ser buenos diputados o alcaldes, pero que estarán sometidos o enfrentados a la perversa lógica partidista.

El origen y monto del dinero gastado en la campaña por los distintos partidos políticos seguirá siendo un secreto infranqueable. Pareciera que a ningún partido le importa demostrar que su dinero es limpio, es decir, que no viene del tráfico de drogas, personas o armas o del lavado de dinero. Tampoco les interesa exponer públicamente quienes han sido los principales patrocinadores de sus campañas y garantizar que no hay facturas que pagar a estos cuando los candidatos electos tomen posesión de sus cargos.

A la hora de elegir, nuevamente las banderas de los distintos partidos políticos eran la única opción. Se tomaban o se dejaban, y lamentablemente muchos salvadoreños prefirieron dejarlas. Banderas sordas a las que no se les puede exigir cuentas ni demandar resultados. Banderas tras las cuales se esconden toda suerte de personas – entre diputados y concejales – que ahora, para bien o para mal, decidirán buena parte de los destinos de este país.

La representación proporcional, que exige la Constitución en su artículo 79, otra vez salió sobrando. Entre los 84 diputados electos, hay unos que ganaron solo con un millar de votos mientras otros necesitaron decenas de miles. Burlada quedó la Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional el artículo 12 del Código Electoral, que estable la distribución de diputados, y al que la Asamblea Legislativa solo cambio el número por 13.

La justicia y el proceso electoral siguen capturados por los partidos políticos. Todo, desde los nombramientos de delegados hasta las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, se hace a la medida de estos. Las múltiples denuncias de irregularidades en la jornada del 16 de marzo, al igual que ha sucedido en elecciones pasadas, serán resueltas bajo el criterio de conveniencia de los partidos políticos y a espaldas de los ciudadanos.

Y mirando más allá, en El Salvador todavía es impensable hablar de la revocatoria de mandatos. Elegir implica designar, pero también quitar. Las sociedades más evolucionadas en términos democráticos garantizan a sus ciudadanos que cuando ya no estén a gusto con sus autoridades, puedan realizar referendums en los que se decida revocarles el mandato. No reconocer ni garantizar este mecanismo constituye una violación al derecho a elegir libremente a sus representantes.

Los patrones autoritarios, oportunistas y excluyentes siguen amenazando con destruir las aún escazas piezas de civilización que hemos construido en el país, y su expresión más sensible es el sistema político-electoral. La claridad de las reglas, la adecuada rendición de cuentas, la información correcta y útil para tomar buenas decisiones y libertades para ejercer la vigilancia social, son fundamentales para la evolución democrática, y ya es tiempo de que no aceptemos otra votación más sin que el sistema electoral y de partidos políticos se reforme en esa dirección.

* Miembro de la ONG Probidad

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