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OPINIÓN Una tragedia evitableGiovanni Berticartas@elfaro.net Publicada el 14 de julio de 2008 - El Faro
La tragedia de la Colonia Málaga quedará grabada en nuestras mentes como uno de los muchos sucesos que, año con año, sacan a la luz pública las carencias de nuestro sistema de prevención frente a fenómenos naturales. Todavía están recientes los estragos del Huracán Mitch en 1998, la destrucción de los terremotos del 2001 y las innumerables inundaciones causadas por el Huracán Stan en 2005. Todos estos fenómenos generaron enormes pérdidas económicas para el país y, peor aún, causaron la muerte de miles de salvadoreños. No sucedieron hace cientos de años, son tragedias que tuvieron lugar en la última década y parece que ya las hemos olvidado. El pasado 3 de julio tuvimos un nuevo recordatorio para las instituciones públicas de que hay mucho que hacer en este terreno, cuando un bus fue arrastrado por la corriente y provocó la muerte de 32 personas que regresaban a casa luego de participar en sus actividades religiosas. A partir de entonces hemos visto a muchos familiares, socorristas, voluntarios y miembros de la PNC dedicados a las tareas de rescate, pero no hemos escuchado a nadie asumir la responsabilidad por tan lamentable hecho. Resulta difícil de creer pero 32 salvadoreños perdieron la vida y nadie se hace responsable. Muchos han expresado sus muestras de condolencia e incluso han buscado la foto abrazando a los familiares de los muertos, pero ningún representante del Estado ha querido reconocer que – aunque involuntariamente – hay muchos de ellos que son parcialmente culpables de lo sucedido. Los alcaldes municipales cuyos territorios forman parte de la cuenca del río Acelhuate están obligados por ley a recolectar y tratar adecuadamente los desechos sólidos y no lo hacen. El Ministerio de Obras Públicas tiene la responsabilidad de construir todas las obras de mitigación necesarias para salvaguardar la vida de los ciudadanos y no lo ha hecho. El Ministerio de Medio Ambiente tiene el mandato de proteger y conservar las cuencas hidrográficas, y tampoco lo hace. No se les esta pidiendo nada extraordinario, ni se espera que sean adivinos para saber adonde podrían ocurrir las próximas tragedias. Solo exigimos que hagan su trabajo oportunamente y, sobre todo, que lo hagan bien. No vale excusarse en las recomendaciones de los consultores externos y mucho menos culpar al destino al calificar el desastre de inevitable. Hacer esto, es irrespetar la memoria de los muertos. Hacer esto, es evadir la responsabilidad y tratar de ocultar la negligencia. La tragedia del 3 de julio es más bien un problema de atrofia institucional. Tenemos instituciones atrapadas en la burocracia y en los procedimientos; empleados públicos que se preocupan por cuidar las formas y no los contenidos; titulares que miden la eficiencia de su gestión a partir del gasto y no del impacto de sus acciones. Con instituciones así el país no pude funcionar. Si no se comprende que vivimos en un país vulnerable y que esa vulnerabilidad es producto de nuestras acciones y omisiones, seguiremos siendo espectadores de tragedias y especialistas en rescates. Si no se invierte lo suficiente en una cultura institucional de prevención frente a amenazas naturales seguiremos a la espera de que la próxima lluvia o temblor, acabe con la vida de más salvadoreños. Si los ciudadanos no exigimos que las instituciones hagan su trabajo, será siempre más fácil para ellas seguir evadiendo su responsabilidad. La muerte de los 32 salvadoreños no fue producto del destino ni de la justicia divina. Tiene responsables y están aquí en la tierra, por lo tanto, la tragedia de la Málaga no era inevitable.
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