EDITORIAL

Buscando respuestas

Enviar

Imprimir

De a poco, a cuentagotas, nos vamos enterando cada vez más de problemas relacionados con el manejo de los fondos públicos. A cuentagotas y en lo oscuro, porque las autoridades competentes se niegan a dar respuestas. Algo huele mal.

La semana pasada, la Secretaría de la Juventud extendió una carta a la administradora de Inversiones Roma mediante la cual el titular de la institución adscrita a Casa Presidencial aclara que nunca ha tenido ningún tipo de relación comercial con esa empresa. Simplemente se “equivocaron” al poner a Inversiones Roma como acreedora de una cuenta de más de 200 mil dólares en productos promocionales de la Secretaría de la Juventud para la Cumbre Iberoamericana que se realizará en El Salvador en octubre próximo.

Extrañamente, en el memorándum enviado dos meses antes por el Secretario a Casa Presidencial solicitando tramitar el pago aclaraba que “por un error” la factura anterior no había salido a nombre de Inversiones Roma, y solicitaba el cambio para facturar, esta vez, a nombre de esa empresa. Dos “errores” en el nombre de la empresa acreedora a más de 200 mil dólares de fondos públicos. ¿A quién entonces le pagó la Secretaría de la Juventud un monto tan alto? ¿Dónde están esos recibos? ¿Por qué facturó productos por un precio hasta 45 veces mayor al precio de mercado? ¿A quién le pagó la Presidencia de la República ese dinero para promocionar la Cumbre Iberoamericana?

A pesar de la promesa del presidente Saca, al asumir sus funciones, de que en su gobierno habría transparencia y que por tanto no era necesaria una ley de acceso a la información, sus funcionarios se han destacado justamente por lo contrario, a pesar de que en todas sus acciones manejan fondos públicos.

Esta semana publicamos un reportaje sobre una millonaria licitación llevada a cabo por Etesal, que recibió una primera llamada de atención de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones por intentar adjudicar deliberadamente un contrato millonario a una empresa, sin previa licitación. Esa empresa, Siemens, acabó llevándose el contrato tras la licitación que Etesal tuvo que hacer, a pesar de que ofertó el precio más alto y terminó subcontratando a una empresa que también había licitado, por un monto más bajo, para el proyecto. De estas irregularidades tampoco hay explicaciones oficiales.

Hace un año, el presidente del ISTA renunció al cargo después de conocerse que había entregado áreas naturales protegidas del Estado a un pariente suyo y a votantes de ARENA. Con su salida se cerró el caso. A pesar de las irregularidades no hubo investigación de la Fiscalía (El Fiscal consideró que se trataba de un asunto político –el presidente del ISTA era miembro del COENA- y decidió desconocer el caso); ni siquiera resultados de la investigación interna prometida por el presidente Saca y a cargo del entonces Secretario Jurídico Luis Mario Rodríguez. El nuevo presidente del ISTA, como era de esperarse, cerró las puertas de la institución a los medios de comunicación, para evitar que se siguieran ventilando más casos.

Son apenas tres ejemplos de problemas con el manejo del Estado que, en un régimen transparente, requerirían respuestas inmediatas de las autoridades y la intervención automática de la Fiscalía, que tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado.

Por lo visto, no ha bastado con el compromiso del Presidente Saca de una gestión transparente. Ni siquiera cuando, como en el caso de la Secretaría de la Juventud, se trata de fondos manejados por la Presidencia de la República y destinados para un evento que estará en la mira de toda la comunidad iberoamericana. Seguimos buscando respuestas.

Enviar

Imprimir