OPINIÓN

Institucionalidad Secuestrada

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Recientemente se presentó el Equipo Coordinador de Plan de Gobierno del candidato presidencial del partido ARENA, Rodrigo Ávila. El líder de este equipo coordinador es el Sr. René León, a pesar que todavía se denomina Embajador de la República de El Salvador en Estados Unidos. A pesar, porque el artículo 218 de la Constitución Política de la República de El Salvador expresa claramente que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, y no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga, será sancionado conforme a la ley”.  

 La gravedad de este asunto tiene dos dimensiones. Por un lado, el señor León todavía utiliza el título de embajador, quien es un funcionario y empleado público; ya sea porque no ha renunciado al cargo, deja que lo llamen embajador, o se presenta como tal en eventos públicos y sitios web areneros. Hace esto, mientras se involucra en una estructura de campaña del partido ARENA. Esto es un problema, porque supuestamente el señor León representa al Estado salvadoreño en los Estados Unidos de América. Es decir, a todos los ciudadanos salvadoreños en los Estados Unidos. No representa exclusivamente al gobierno, ni solamente al partido de gobierno, ni a sus miembros.  Por otro lado, y esto habría que investigarlo, puede ser que el señor León todavía reciba un sueldo en calidad de embajador. Esto a pesar de que le ha sido otorgada una vacación de unos meses por parte del gobierno para que trabaje con el equipo de Rodrigo Ávila. Esto sería literalmente hacer uso de fondos públicos para financiar trabajo de campaña del partido oficial ARENA y una violación más seria a las leyes de la República de El Salvador.

Para ilustrar la seriedad del hecho con un ejemplo internacional, recordemos recientemente al empleado de la agencia espacial estadounidense NASA, quien fue suspendido de su puesto por haber usado Internet con equipo y conexión de la NASA y en horas de trabajo para actualizar un blog sobre un candidato presidencial a quien él apoya.  Este simple acto se consideró una violación al “Hatch Act”, que es una ley equivalente a nuestro artículo 218 en los Estados Unidos de América.

Podríamos adicionalmente citar los artículos 235, 236, 244 y 245 de la Carta Magna de El Salvador, para demostrar aún más detalladamente cómo la Constitución deja claro que un funcionario público es representante de los ciudadanos y no de banderas partidarias. Recordándonos, una vez más, cómo hay prácticas preocupantes en el partido de gobierno, que irrespetan las leyes y debilitan la institucionalidad de la República de El Salvador. Como si esto fuera poco, estos atropellos a nuestras leyes se efectúan con cinismo. Porque las mismas personas que violan la Constitución se presentan al público como sus defensores, se llaman patriotas y republicanos, muchas veces sin objeciones. Este cinismo puede ser del más descarado, si estas personas entienden verdaderamente el significado de estas ideas que profesan. Pero también puede ser del tipo más inocente, si son el resultado de la ignorancia. De cualquier forma, ninguna de estas explicaciones es excusa para violar la Constitución. Ilustremos con unos ejemplos esta ironía:

 En una entrevista efectuada durante el programa radial “A Primera Hora”, el embajador René León sugirió: “...la libertad de información que un ciudadano tiene para poder fiscalizar, los manejos del Estado... Creo que Luis Mario durante su nominación como precandidato del partido ARENA, hizo propuestas muy puntuales... que creo que vale la pena retomar. Trascienden el mero hecho de que existe un ente fiscalizador, que en todo caso fiscaliza después de los hechos.  Creo que a nivel de leyes de información pública, a través del acceso de las personas a que puedan contarle las costillas, lo vamos a decir bien, a los funcionarios públicos, y denunciar por ellos mismos...”

 Luis Mario Rodríguez, colaborador de este equipo de campaña completó: “Correcto embajador, gracias... El tema acá es gobernabilidad democrática. Es refuerzo institucional. Hay que revisar también en la Constitución de la República... la manera en que se eligen los funcionarios públicos...  En la medida que cuidemos las instituciones, en esa medida el país va a ir progresando”.  

Más adelante en la entrevista, el señor embajador / líder del equipo coordinador del plan de gobierno de Rodrigo Ávila, dijo: “Yo vengo de un área en donde incluso he tenido que combinar el trabajo político con el trabajo técnico, con el trabajo dimplomático, con el trabajo comunitario, y en este sentido se puede hacer y se debe hacer”. La anfitriona del programa radial Aída Farrar respondió:  “Si se quiere se puede”. Y el embajador concluyó: “Y se debe hacer”.  Obviamente el señor embajador y los autores de nuestra Constitución tienen un entendimiento diferente sobre los conceptos de Estado, política, constitución política y comunidad.

Desafortunadamente, hay una alta probabilidad de que estos cuestionamientos caigan en oídos sordos, en vez de darle orden constitucional a este proceso del partido ARENA.  Por ejemplo, la primera llamada al mismo programa radial fue de una persona que cuestionó la forma como ARENA ha manejado la elección del presidente de la Corte de Cuentas, porque debilita la institucionalidad de la república. En vez de responder a la pregunta, Ricardo Martínez, ahora vicepresidente de ideología de ARENA, sugirió que la solución es votar por ARENA. Literalmente: “La forma de resolver esto, es que los areneros, y aquí voy a hablar de política, aunque estamos hablando del tema del plan de nación, la forma de resolver la inquietud de Paul es que en enero votemos por ARENA. Esa es la solución, para poder nosotros tener más capacidad de maniobra, y poder dar respuesta a esa inquietud”. De acuerdo a esta respuesta, la lógica parece ser: Primer paso, capturar la institucionalidad de la cosa pública en El Salvador. Segundo paso, al ser confrontados sobre el tratamiento de dicha institucionalidad, pedir más votos para tener más capacidad de maniobra. Tercer paso, ofrecer transformaciones que devuelvan la institucionalidad, a cambio de más votos.

Está claro el objetivo de esta lógica: poder y más poder. Circunscribiéndose a este objetivo, la política se limita a esta captura del poder, y no tiene nada que ver con planes o el contenido de las instituciones de gobierno en la práctica. Parece ser que la finalidad de poder justifica la captura de los medios, que de acuerdo a esta visión son las instituciones de la república. Pero para los verdaderos republicanos, el poder es tan solo un medio bien controlado con balances y no el fin.

La institucionalidad de la cosa pública es un fin inmediato, pero también prerrequisito para alcanzar fines más distantes, como la paz y el desarrollo. La institucionalidad es un componente fundamental de todo plan de gobierno. ¿Qué tan prometedor es un equipo planificador que la secuestra desde un principio? Los ciudadanos, incluyendo a los areneros, tenemos la obligación de liberarla, si queremos aspirar a los objetivos de paz y desarrollo.

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