OPINIÓN

Cuatro años de publicidad oficial indebida

Jaime López
cartas@elfaro.net
Publicada el 02 de junio de 2008 - El Faro

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Cuánto gasta el gobierno en publicidad sigue siendo un secreto. Sin embargo, ahora se puede tener una idea sobre dicho rubro, luego de las revelaciones hechas por El Faro acerca de cómo el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones se ha incrementando de forma exponencial durante el período del presidente Saca. A partir de ahí se puede afirmar que hay un aumento, por la condición discrecional del manejo de la publicidad oficial y también con tendencia exponencial, de la interferencia indebida del gobierno en los medios de comunicación, violentando así el derecho a la libre expresión de la población.

Durante 2003 y 2004 el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia fue de 1.30 y 1.15 millones de dólares para cada año. A partir de 2005, ya en el período del presidente Saca, ese monto se elevó a 7.33 millones de dólares, cifra alrededor de la cual se ha mantenido hasta 2008.

Estos datos se pueden verificar en los presupuestos votados de cada año, los que están publicados en el sitio web del Ministerio de Hacienda. También se puede constatar que en los años 2005, 2006 y 2007 el gasto total de la Secretaría de Comunicaciones difirió de manera sustancial con respecto al presupuesto votado. En los informes de la gestión financiera del Estado se da cuenta de que el presupuesto ejecutado por esa dependencia fue de 15.82, 17.37 y 23.36 millones de dólares en los referidos años. Es decir que la Secretaría de Comunicaciones pudo haber obtenido un aumento en su presupuesto de hasta 18 veces entre los períodos de Flores y Saca.

El presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones no es el de publicidad oficial. Para obtener el gasto en publicidad de la Presidencia de la República se tiene que restar el valor de los salarios y gastos de funcionamiento de la oficina que dirige Julio Rank, el secretario de comunicaciones de Saca. Y para calcular el monto total para publicidad del gobierno, a lo que gasta la Presidencia hay que sumarle lo erogado para el mismo fin por los ministerios, instituciones autónomas y empresas del Estado. Es censurable que la información necesaria para hacer estos cálculos no esté disponible al público.

Es cierto que faltan datos, pero eso no impide hacer aproximaciones. Usando como referencia lo ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones en 2007, a los 23.36 millones de dólares se les puede restar el costo de las 27 plazas por Ley de Salarios de la referida dependencia y una estimación para gastos de funcionamiento para una oficina de ese tamaño. Haciendo cálculos conservadores se puede estimar que el gasto directo en publicidad de la Presidencia de la República para dicho año osciló entre 15 y 19 millones de dólares.

Con las anteriores cifras y retomando la variación en los últimos años se puede presumir que, con un considerable margen de certeza, las agencias de publicidad y medios de comunicación que se beneficiaron de esos 15 a 19 millones de dólares en 2007, han visto incrementadas sus ingresos por publicidad oficial hasta en 18 veces durante el período del presidente Saca. Esto sin tomar en cuenta lo que ocurre en los ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas.

La publicidad oficial durante el periodo del presidente Saca ha sido indebida por no obedecer a una regulación legal que impida que la misma se utilice para interferir en los medios de comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha declarado que “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial… con el objetivo de presionar y castigar o premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Es lógico que los medios de comunicación, en particular aquellos que más se han beneficiado de los presupuestos para publicidad oficial, no denuncien o siquiera consideren que hay interferencia del gobierno en sus líneas informativas. Es así porque, en un escenario como el configurado por el presidente Saca, se ha establecido una colusión entre gobierno y medios de comunicación que se alimenta de sustanciales incrementos en las partidas de publicidad y de su manejo discrecional, y que se refuerza con las complicidades ideológicas y sus metas electoreras.

El daño es hacia la población, que en un régimen con las características señaladas ve restringida su libertad de expresión, en especial su derecho a recibir información. Esta información bajo los cánones del periodismo profesional debe ser, ante todo, producida con independencia de los poderes políticos y económicos. Pero en lugar de información, como cualquiera lo puede constatar al abrir las páginas de los periódicos más grandes o al ver los noticieros televisivos, en buena medida lo que la población recibe es una repetición ampliada de lo que dice la publicidad oficial.

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