OPINIÓN / DE AQUÍ, DE ALLÁ

Presuntos deshacedores de leyendas

Álvaro Rivera Larios
cartas@elfaro.net
Publicada el 26 de mayo de 2008 - El Faro

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Aunque trabajen especialmente contra los mitos de la izquierda, admiro a ciertos desmitificadores criollos, son hábiles. Poseen el talento del sofista y no lo digo como un insulto. A pocos se les concede el don de alterar las perspectivas rutinarias que gobiernan el mundo de la opinión pública.

Nuestros desmitificadores han descubierto una mina en el rostro humano del Mayor D´Aubuisson y lo contraponen, con mucha habilidad, a la leyenda negra que rodea al líder conservador. Ahora ya no se discute el por qué dicho personaje nunca fue sometido a juicio, sino que se discute la forma en que la izquierda lo satanizó, como si esto último fuese más grave que lo primero.

En este reparto de culpas la izquierda es más culpable, por haber hecho propaganda, que el sistema por no haber llevado a juicio a una persona a la que pruebas y testimonios vinculaban al asesinato de Monseñor Romero.

Hábiles, nuestros desmitificadores plantean dudas sobre  la calidad de las pruebas y los testimonios que todavía acusan a D´Aubuisson, pero omiten de su razonamiento un hecho crucial para el caso: la violenta presión a que fueron sometidas la ley y sus Instituciones. Por un lado, recurren al formalismo jurídico (reclamando la presunción de inocencia para el sospechoso) y por otro, silencian la problemática autonomía que tuvo el  poder judicial en este episodio. Ambos aspectos no deberían disociarse.

Lo honesto sería, al poner en duda la base de la acusación, recordar que ésta nunca pudo presentarse en un juicio porque dicha posibilidad fue vetada extrajudicialmente.

En circunstancias históricas concretas, las instituciones que aplican la ley son atacadas o debilitadas. Cuando esto sucede, suele ser común que los indicios (más allá de su fuerza probatoria) no basten para llevar ante el juez a personas cuya conducta sospechosa es de pública notoriedad. Tales personas no van a juicio por virtud de su presunta inocencia, no van a juicio porque eluden la ley. Su presunta inocencia nos hablaría, en todo caso, de la debilidad de un sistema judicial; su presunta inocencia nos hablaría, sobre todo, de algo más grave: de la impunidad.

La impunidad de aquel entonces, hablo del largo ciclo del último conflicto, no es una creación de la propaganda y por eso mismo resulta una muestra de humor negro, un chiste cruel, reclamar la presunción de inocencia para un sospechoso al que aliados influyentes pusieron fuera del alcance del poder judicial. Muy bien, concedámosle esa condición a quien pudo burlar la ley, no vaya a ser que un juicio errado nuestro sea más lesivo para el Derecho que los agujeros institucionales por los que muchos lograron eludir el imperio de la justicia. Concedámosle esa condición, la de presunto culpable, pero no para quedarnos en el terreno de la culpabilidad indemostrable, sino que para exigir de una vez por todas que se abra una investigación rigurosa sobre esta figura. La cautela jurídica no es un sello que consagre la parálisis valorativa, ni libera de la obligación de esclarecer con rigor los hechos. Hechos que, no sería malo recordar, continúan vivos en otras instancias jurídicas fuera de nuestro país.

Si nuestros amigos emplearan la presunción de inocencia de forma coherente, tendrían que moderar sus especulaciones y argumentos contra muchos personajes de la izquierda ortodoxa que tampoco han sido condenados por un Juez.  Desde el punto de vista que ellos defienden, Mayo Sibrián también es “inocente”.  Este personaje nunca fue sometido a juicio formal, con garantías, salvo que uno le atribuya ese estatus a  los juicios realizados por fuerzas irregulares, al margen del Estado (trágicos ejemplos hay de cómo funcionaba la justicia guerrillera). Pero, sin embargo, la opinión de nuestros amigos juzga a Sibrián. Esa valoración sin cautela, que da por descontada la culpabilidad del comandante, contraviene el principio de presunción de inocencia que ellos reclaman que se  aplique a la figura del Mayor.

La igualdad ante la ley obligaría a defender equitativamente la presunta inocencia del oscuro militar y del oscuro guerrillero. Pero, sin embargo, al guerrillero lo condenan. Y me parece bien que lo hagan (se juzga a Sibrián, ya muerto, por encima de su presunción de inocencia, porque lo acusan testimonios “fiables”), lo que veo mal es que el formalismo jurídico  aparezca en un caso y desaparezca en el otro.

Las mismas personas que ponen en tela de juicio las pruebas y testimonios que acusan a D´Abuisson, parapetadas tras “la retórica” del periodismo investigativo, tienen  licencia para especular sobre otras figuras y capítulos de nuestra historia política. Aquí, el arte consiste en acumular datos y entrevistas para que tornen verosímil  una suposición.

Suposición era, más allá de su probabilidad, que hubiese un asesinato detrás del accidente en que murió uno de los fundadores de la Resistencia Nacional. El truco es simple: aliñada con datos, para darle “veracidad”, se levanta una simple hipótesis (que ni se confirma ni se invalida) para  dejar en aire la sospecha (la sospecha es un estilete). La sospecha, como ya es costumbre en los desmitificadores, se deja caer de forma elegante en el campo de la izquierda.

Hacen lo mismo que haría un discípulo tropical de Agatha Christie, si tuviese entre manos la sospechosa  muerte de un guerrillero. Desarrollan el relato: hay un conflicto de tendencias políticas que involucra a personas capaces de matar,  se da un mortal accidente de avión y, luego de retratar a los sospechosos, el detective suelta la pregunta de rigor: ¿A qué oscura mano podía beneficiar dicha muerte? Con eso  basta para especular, sin que haya pruebas sólidas que permitan imputar a nadie. Pero como cabe la posibilidad y...esa posibilidad tienta, vende y es verosímil.  Se pueden hacer muchas cosas con los datos, incluso se puede lograr que sugieran lo que no confirman.

Hay que quitarse el sombrero ante esta forma sofisticada de propaganda que se disfraza de periodismo de investigación. Es una lástima, sin embargo, que la prudencia valorativa y el respeto a la presunción de inocencia que nos piden, en el trato dado al Mayor, no los pongan en práctica a la hora de especular sobre otras figuras y sucesos de nuestra vida política.

Nuestros lúcidos amigos, de la misma forma en que omiten de su análisis la poca independencia que tuvo el poder judicial en el caso D´Aubuisson, de la misma forma incoherente y sofisticada en que utilizan una garantía legal, juegan también a confundir los distintos y complejos planos de la inocencia y la culpabilidad.

La culpabilidad posee una dimensión jurídica, pero su significado es mucho más amplio. Este sentido amplio es el que nos permite culpar a Stalin, a pesar de que Stalin nunca fue llevado a juicio por sus crímenes.

A Stalin, Pol Pot y a otros criminales de izquierda ya no podemos sentarlos en el banquillo de los acusados, pero tal imposibilidad física no les garantiza la inocencia porque el tribunal se traslada a otro plano: el de la investigación histórica.

Aunque no podamos llevar la verdad sobre los hechos al terreno judicial, se dispone de herramientas, conceptos y procedimientos para describir y evaluar la conducta de un sospechoso al que la muerte u otras causas han librado de la justicia. Si gozan del respaldo de las instituciones, dichas herramientas permiten acceder a un grado fiable de certeza que libera de esa aparente contradicción entre la verdad histórica y la carencia de veredicto jurídico. Los hechos verificados ya no se enfrentarían al juez, sino que a la conciencia ética de una comunidad libre para juzgar.

Es un hecho que Monseñor Romero fue asesinado; es un hecho probado que Álvaro Saravia participó en ese crimen. Las implicaciones subsiguientes, el Estado salvadoreño nunca tuvo ni ha tenido la voluntad de investigarlas con rigor  ni  de juzgarlas de modo ecuánime, es decir, respetando no sólo el derecho de los presuntos implicados, sino que también respetando los derechos de las victimas.

Esta es una de las caras sangrantes del problema: la que transgrede, por razones políticas, el principio de la igualdad ante la ley. Por las razones que sea se protegen los derechos de los presuntos implicados, al mismo tiempo que se ignora el legítimo reclamo de verdad y justicia que hacen las victimas. Aquí hay un conflicto desigual de intereses y derechos, en el cual el Estado no cumple su función de árbitro, ni siquiera hace un tímido intento de esclarecer los hechos para ofrecer reparaciones simbólicas.  

En este escenario, turbio desde el punto de vista jurídico, es donde hay que situar con lucidez los usos y el alcance de la presunción de inocencia, para que una cautela y garantía legal tan necesaria no acabe justificando a personajes que eludieron la ley y para que el formalismo jurídico no nos lleve a sostener (contra la sólida evidencia) afirmaciones tan sesudas como esa de que Hitler, por no haber sido juzgado, es inocente.

En un escenario donde crímenes graves no se juzgan y donde las instituciones no tienen el propósito de hacer justicia ni de esclarecer los hechos, es bastante probable que un principio legítimo, la presunción de inocencia, sea utilizado de forma cínica y oportunista. Dicha garantía tiene sentido en la misma medida en que funcionan normalmente, con arreglo a la equidad, los procesos judiciales y aquellos instrumentos que se activan para descubrir, con un grado alto de certeza, la trama real de responsabilidades que hay detrás de un delito. Si no funcionan bien ni unos ni otros, la presunción de inocencia lo que hace es coronar ideológicamente la impunidad o la impotencia. No hablamos, pues, de un principio estático y aislado, sino de una red de principios que regulan el trabajo judicial y forense en una situación especifica en la que se respetan los derechos de todos los ciudadanos y la autonomía de la razón jurídica y del Poder Judicial.     

Volvamos a nuestro caso: el juicio que nunca hubo enmarca el juego de las visiones plurales con que los desmitificadores presentan la humanidad del Mayor como una refutación de la propaganda. Pero aquello que vale para cuestionar una imagen maniquea, no es una razón que libere del peso de otras verdades y  la justicia postrera. La complejidad de un sujeto no lo absuelve de sus crímenes, si los ha cometido. Las distintas visiones que tenga la opinión pública de un sospechoso (atendibles en otros planos del problema) no son eximentes de responsabilidad ni en el plano jurídico ni en el histórico. Por eso lo importante es abrirse paso a la constatación de los hechos.

Pero cómo abrirse paso hacia dicha constatación, si hay fuerzas poderosas que desvirtúan cualquier intento riguroso de ir más allá del reino de lo probable. Ciertas indagaciones necesitan un marco institucional propicio o al menos neutral. No existe ese marco. Es por eso que a lo probable estamos confinados.

La salida que nos negamos para salir de este reino de las visiones subjetivas, fue la salida que ofrecían el peritaje forense y los procedimientos judiciales, es decir, ese juicio que nunca hubo; juicio que fue tapiado desde un principio por razones políticas.

Lo que nos garantiza la paz, la suspensión de la ley para los crímenes cometidos durante la guerra, es lo que nos impide abrir y explorar los archivos, los documentos, los testimonios. Lo que nos garantiza la paz es lo que cierra el paso a cualquier intento riguroso de acercarse a los hechos con los múltiples rostros de la razón metódica.

En tiempo de guerra, se dice, resulta difícil saber cuál es la verdad. La experiencia salvadoreña demuestra que entre los beneficios que trajo la paz no estaba el del acceso sin obstáculos a la más elemental información objetiva. Aquí, no tengo más remedio que citar a Hannah Arendt: Los hechos dan origen a las opiniones y las opiniones, inspiradas por pasiones e intereses diversos, pueden diferenciarse ampliamente y ser legítimas mientras respeten la verdad factual. La libertad de opinión es una farsa, a menos que se garantice la información objetiva y que no estén en discusión los hechos mismos. A quienes se pregunten qué entiende Arendt por verdad, los remito a su libro Entre el pasado y el futuro ( Ed. Península, Barcelona) y más en concreto al articulo Verdad y política.

Las instituciones, al inhibirse de investigar y juzgar, en el complejo sentido que tienen ambas palabras, dan pie a que sólo viva el espacio de la especulación y la propaganda.

De este clima especulativo, nosotros también somos responsables por nuestra falta de rigor y nuestra escasa habilidad para utilizar con lucidez las fuentes disponibles o abrirnos paso a nuevas fuentes de datos.

No estoy en contra de la amnistía como razón de Estado, pero hay razones y razones de Estado y hay amnistías que promueven la amnesia y que no encuentran un digno punto de equilibrio entre las demandas de verdad y de justicia de las victimas y la necesidad de alcanzar la paz y fortalecer un marco de convivencia.

En el horizonte del silencio como razón de Estado, nuestros desmitificadores enarbolan la riqueza de matices de un personaje dudoso, a costa de silenciar los motivos políticos que todavía lo mantienen a salvo de la verdad como simple verificación fáctica: la que defina, al margen de discusiones colaterales, si intervino o no intervino en el asesinato de Monseñor Romero. Hechos, y punto.

La elucubración de nuestros desmitificadores se mueve dentro de los márgenes que impone el silencio institucional. En cierta forma, su reflexión es una criatura nacida en el espacio donde las pruebas han sido expulsadas de los procedimientos judiciales y donde el único juicio posible sólo puede hacerse desde los límites de la especulación, la prosa periodística y las sordas batallas ideológicas. A lo probable estamos confinados y no por simple defecto metódico: las decisiones del poder acotan las posibilidades del debate, le hurtan la certeza, le niegan el acceso con garantías a la prueba y al testigo a  los que ya se ignora administrativamente. Especulamos sobre aquello que debió dirimirse en otro lugar, en un espacio negado: el juicio con garantías. A falta de juicio, tampoco tenemos la voluntad institucional de esclarecer, desde la perspectiva fáctica, aquellos graves sucesos. En resumen: ni apertura a la justicia, ni apertura a la verdad.

Vivimos en un silencio que alimenta por igual a los fanáticos que construyeron el mito diabólico y a los desmitificadores que le devuelven su rostro humano a la personificación del mal. Ambos cotejan sus imágenes sin salir del reino al que se nos ha confinado, el de la opinión.

Que la idea del presunto deshacedor de leyendas sea en apariencia más compleja, no la saca ni la salva de ese circulo en el que lo que debió dirimirse en un juicio legal con garantías se trata de resolver en las batallas de la opinión pública y sólo ahí.

Las ideas del desmitificador, más allá de aciertos y limitaciones, se hayan enmarcadas por el vacío que construye la impunidad alrededor del pensamiento. Es contradictorio su intento de ofrecer una nueva perspectiva, mientras nada dice sobre las implicaciones de un silencio ya viejo, obsceno y vertical. Por estas razones, al margen del insulto, hay que desmitificar al desmitificador.

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