OPINIÓN

Los ciudadanos tienen derecho a vigilar
el Registro Electoral

Jaime López
cartas@elfaro.net
Publicada el 26 de mayo de 2008 - El Faro

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Tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), imponiéndose a los otros dos, decidieron descartar la propuesta de trabajo elaborada por la OEA para atender las recomendaciones que surgieron de la auditoría al Registro Electoral realizada el año pasado. En su lugar, aprobaron un plan presentado por el magistrado presidente Walter Araujo, en el que se impide que sea la Organización de Estados Americanos (OEA) la que elabore los proyectos de manual de acceso al Registro Electoral y de auditoría al sistema informático del TSE. En el fondo del problema, una vez más, se trata de evitar que los ciudadanos puedan vigilar la integridad del Registro Electoral.

“El Registro Electoral constituye un elemento de importancia en cualquier democracia. La integridad de sus datos, así como su capacidad de adaptarse a la dinámica de las variables demográficas, incide de forma sustancial en el ejercicio de los derechos políticos consagrados por la Constitución.” Estas expresiones, que hago propias, son las contenidas en el Acuerdo de Cooperación suscrito entre el señor Araujo y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en marzo pasado. Ahí se estableció que la OEA ofrecería la asesoría para atender las recomendaciones a la auditoría hecha al Registro Electoral.

Para el señor Araujo hay un “problemita de soberanía”, según lo ha dicho a medios de comunicación, en que sea la OEA la que prepare los proyectos de manual de acceso al Registro Electoral y de funciones que reglamenten las responsabilidades ante la Unidad de Auditoría de Sistemas y Servicios Informáticos del TSE. Por eso, en el plan presentado por al magistrado presidente, que fue el aprobado, se estableció que será una comisión del TSE la que elabore los proyectos de manual, dejando relevada de esa función a la OEA. Los especialistas de la OEA asesorarán a la comisión del TSE, pero no tendrán la facultad de proponer el texto de los manuales.

Asumiendo que hay suficiente capacidad local para elaborar los proyectos de manual, uno puede preguntar cuál es el problema de que sea una comisión del TSE y no la OEA la que los prepare. La respuesta es que puede ser un asunto de confianza. El TSE es una institución partidizada. La OEA, en cambio, ofrece cierta garantía de que será el criterio técnico y estándares internacionales los que prevalecerán en la preparación de los referidos manuales. El magistrado presidente tendrá trabajo en convencer de que los manuales que elaboren los funcionarios del TSE no responderán a un puro cálculo electoral, es decir, a los intereses de las cúpulas partidarias que controlan a la institución electoral.

Pero vamos más a fondo. En la propuesta de plan operativo que presentó la OEA, la que fue mantenida en reserva por el magistrado presidente hasta que tuvo los votos necesarios para desecharla, se planteaba que el manual de acceso al Registro Electoral contendría procedimientos para “los partidos políticos, la Junta de Vigilancia Electoral y la ciudadanía, basado en lo establecido en la Constitución Nacional y el Código Electoral”.  Por su lado, el plan del señor Araujo sólo habla de un manual operativo “que mejore la ejecución procedimental de vigilancia al registro de electores por parte de la Junta de Vigilancia Electoral; así como en el establecimiento de parámetros de auditoría institucional interna a los sistemas del Registro Electoral”. La diferencia radica en que en los manuales que elabore la Comisión del TSE no se tomarán en cuenta a los partidos ni a los ciudadanos en cuanto al acceso, para efectos de vigilancia, del Registro Electoral.

Los partidos con representación en el TSE, ya sea con un magistrado o con un director en la Junta de Vigilancia Electoral, de una forma u otra tienen la posibilidad de vigilar el Registro Electoral, no así los ciudadanos y sus organizaciones. Esto ocurre en contradicción con los artículos 19 y 29 del Código Electoral. El primero establece que el Registro Electoral es “permanente y público”. El segundo artículo señala que “cualquier ciudadano, partido político o coalición legalmente inscritos, podrán solicitar por escrito al Tribunal que les proporcione información sobre alguna inscripción al Registro Electoral, siempre que el interés sea de orden electoral, y se establecerá un sistema de consulta permanente del Registro Electoral por cualquier medio adecuado”.

El derecho ciudadano a acceder y vigilar el Registro Electoral tiene una dimensión individual y otra colectiva. Cada quien debe poder verificar que los datos consignados sobre su persona son correctos, para garantizar así que llegado el día de las elecciones podrá votar. Además, el padrón debe corresponder de la forma más fiel posible a la distribución demográfica del cuerpo electoral. Cualquier obstáculo a que los ciudadanos puedan verificar la integridad del Registro Electoral aumenta el riesgo de vulneración de los derechos políticos de la población.

Por otro lado, los buenos oficios de la OEA pueden resultar burlados al ser descartada su propuesta de plan. Además, la solvencia técnica del organismo hemisférico quedaría desacreditada de no tomar una posición categórica frente a lo que está ocurriendo en el TSE, en específico con lo que se refiere a la implementación de las recomendaciones para fortalecer la integridad del registro electoral. Ese es el dilema que enfrenta toda organización, aún la OEA, cuando quiere ser garante independiente de un proceso electoral y a la vez servir como consultor pagado para una institución partidizada como el TSE.

Descartando en postura de buena fe la posibilidad de un fraude, ojalá que la estrategia de los funcionarios que controlan la actuación del TSE no sea generar desconfianza. El nombramiento de una comisión interna del TSE para elaborar los manuales puede corresponder a ese fin. Para un calculista electorero, aquellas acciones que siembran incertidumbre entre los votantes pueden resultar rentables. Tienen el efecto de ahuyentar a los indecisos y de intimidar a los votantes independientes. Así se logra que la elección quede en manos de los votos duros, haciendo más previsible sus resultados. Esta estrategia, de ser la que se está aplicando por el TSE, sería perversa. Estaríamos ante un atentado ejecutado por quienes, de forma paradójica, tienen la responsabilidad de asegurar que las elecciones sean apegadas a derecho y democráticas.

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