OPINIÓN

Estado secuestrado

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La re elección del Magistrado Presidente de la Corte de Cuentas es una muestra más de la debilidad del Estado salvadoreño frente a los grupos de poder. Los diputados que respaldaron esta decisión han evidenciado nuevamente su falta de compromiso con la gobernabilidad democrática y con el fortalecimiento institucional. No se dan cuenta de que el reparto de cargos y de cuotas de poder desprestigia la función pública y genera desconfianza entre los ciudadanos. Abusan de su poder para ganar más poder, y con eso atentan contra la estabilidad política que los salvadoreños intentamos construir diariamente. El interés particular ha triunfado de nuevo sobre el interés común.

La Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia han dejado de ser órganos independientes destinados a servir a los ciudadanos y a controlar las actividades del Estado, para convertirse en feudos de algunos partidos políticos que se aferran al poder por medio de acuerdos amañados y negociaciones poco transparentes.

Para colmo de males, esto no sucede solo con las instituciones de elección secundaria. Sucede también con la designación de algunos cargos del órgano ejecutivo. Personas que a todas luces dedican su tiempo, energía y conocimiento a dirigir una campaña electoral, siguen ostentando cargos de tanta importancia como la presidencia de ANDA, la titularidad del Ministerio de Seguridad Pública y la dirección del Centro Nacional de Registros. Temas tan sensibles como la seguridad pública, la legalidad de las propiedades y el acceso al agua potable, exigen de funcionarios dedicados al 100% a su trabajo institucional y no de políticos que utilizan los recursos públicos para apoyar a determinados partidos políticos. Así no funcionan las instituciones. Así no se consolida la democracia.

Hace ratos que la elección y el nombramiento de funcionarios clave para el buen funcionamiento del Estado se han reducido a un problema de aritmética legislativa y de interés partidario. Honestidad, competencia y compromiso con el país son atributos que no se valoran al momento de tomar las decisiones. Quien aspire a ocupar estos importantes cargos debe demostrar, sobre todo, su lealtad partidaria, su capacidad para hacerse “el del ojo pacho” y su habilidad para proteger los intereses de quienes le han abierto el camino para llegar al poder.

Por esta razón tenemos instituciones cada vez más débiles y menos efectivas. Sigue prevaleciendo la impunidad sobre el castigo. Se impide al acceso a la información pública y se desdeña la transparencia. Nadie rinde cuentas por sus actos ni por sus omisiones. Se asume con normalidad que la Corte de Cuentas no actúe contra el corrupto y que la Corte Suprema de Justicia se tarde años en emitir una resolución. Después de todo, es lógico que entre amigos no se echen zancadilla; es normal que entre compadres se tapen los pecados.

El Estado salvadoreño está secuestrado. Secuestrado por aquellos que utilizan los cargos públicos para repartir cuotas de poder y cuidar intereses particulares. Secuestrado por los partidos que traspasan la línea que divide el ejercicio del gobierno con el legítimo derecho a la participación política. Secuestrado por aquellos que han encontrado en el Estado la única forma de sobrevivencia en menoscabo de los deseos de la sociedad.

Las instituciones de Estado no les pertenecen a los partidos y ni a las personas. Por ser del Estado son públicas y nos pertenecen a todos. Por favor, devuélvannos el Estado.

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