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OPINIÓN Proselitismo partidista desde el EstadoJaime López El proselitismo partidista desde el Estado es la práctica de aprovechar recursos o actos gubernamentales para promover a candidatos o influir en la intención de voto hacia determinado partido. Es una de las evidencias más claras acerca de la debilidad institucional de un país y del rezago cultural de sus dirigentes políticos. La Constitución es categórica al prohibir esta práctica. En su artículo 218 establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada”, puntualizando que “no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista”. Sin embargo, hay funcionarios que, aprovechando la complicidad de las instituciones de control o la falta de regulaciones específicas, violan sin reparo la norma constitucional. Para ilustrar el asunto cito una de las historias de proselitismo electoral que a diario aparecen en el país. El Ministro de Obras Públicas, aunque no es una competencia directa de esa dependencia, ordenó el dragado del río Amayo cerca de unas comunidades en La Libertad. Al llegar a inaugurar las obras no invitó al alcalde, que a pesar de ser del partido contrario es la máxima autoridad de la localidad. En su lugar, se hizo acompañar del candidato a alcalde de su mismo partido, conocido como don Jere, según reportó un medio de comunicación. En su discurso, el ministro de Obras Públicas dijo que el dragado se realizó gracias a la gestión de don Jere. “Él es un hombre originario de la zona, que conoce los problemas que afectan a su gente y quiere resolverlos junto a ustedes”, dijo el funcionario. La inauguración se hizo en la cancha de una de las comunidades aledañas. El lugar fue adornado con banderas del partido en cuestión. Don Jere aprovechó la ocasión para regalar camisetas a los equipos deportivos de la comunidad. Sin tener el contexto de lo que manda la Constitución, lo que hicieron el ministro de Obras Públicas y don Jere parecería cosa buena. Pero cometieron un abuso. No es porque las obras de dragado no vayan a servir a las comunidades aledañas al río. Sino por el hecho de que tales obras, realizadas con fondos públicos, se utilizaron para promover a un partido político, violando así la ley fundamental. El proselitismo partidista desde el Estado sirve para confundir, y de paso manipular a las personas. Se trata de que las comunidades crean que es el candidato o el partido político el que hace las obras. Así, restando legitimidad al Estado, los militantes que llevan adelante este tipo de proselitismo aparecen como agentes que resuelven problemas. Lo que parece bueno, del proselitismo desde el Estado, es que en un determinado momento ofrece soluciones a la gente. Es así porque, con frecuencia, se convierte en el único canal para tener acceso a servicios y obras. En el caso de las comunidades aledañas al río Amayo, con seguridad se sentirán aliviadas al reducirse el riesgo de desborde gracias a los trabajos de dragado. Pero son más las consecuencias negativas que este tipo de prácticas conllevan. En el fondo, el proselitismo desde el Estado lo que hace es crear redes clientelistas. Éstas restan autonomía política a las comunidades, esconden las deficiencias de las instituciones y en la mayoría de los casos, desvían la atención de los problemas sustanciales. La mejor medida contra el proselitismo partidista es la imparcialidad. Los funcionarios deben actuar con imparcialidad y además, deben parecer imparciales. Hablamos de imparcialidad como una condición propia de quien ocupa un cargo público y la vez, como demanda política y legal de la ciudadanía. Y ésto exige, tal como lo manda la Constitución, que todo funcionario público debe abstenerse de realizar o participar en hechos que sean, o que parezcan, proselitismo partidista. |
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