EDITORIAL

Los secretos del Estado

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El Estado salvadoreño mantiene las puertas cerradas a la transparencia. Los funcionarios manejan a su antojo el presupuesto asignado y muchos de ellos han cerrado las puertas a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre acciones u omisiones que deberían ser públicas.

Esta semana, Casa Presidencial respondió a una solicitud de El Faro sobre los gastos de publicidad de esa institución. Lo hizo advirtiendo que su publicidad se distribuye entre todos los medios de comunicación, pero sin dar una sola cifra.

La solicitud la hicimos directamente al Presidente, quien delegó la respuesta a su Secretario de Comunicaciones, que nos advirtió que esa información no era del interés de la ciudadanía. Esta información, con la que aún no contamos, fue solicitada por primera vez y de manera pública al actual Ministro de Hacienda, William Handal, pocos días después de que asumiera su cargo. Hace año y medio, se la solicitamos también al presidente Saca. Aún seguimos esperando.

No es la única información que Casa Presidencial considera poco conveniente dar a conocer. Aún esperamos también los resultados de la investigación interna que Saca solicitó a su entonces Secretario Jurídico, Luis Mario Rodríguez, sobre irregularidades en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. El titular de esa cartera, Miguel Tomás López, renunció al cargo después de que El Faro revelara que había entregado tierras del Estado a familiares y a votantes del partido ARENA, del cual continuó siendo directivo. El nuevo presidente del ISTA se ha negado reiteradamente a recibirnos o proporcionarnos información sobre la cuestionada administración de tierras a su cargo.

La semana pasada El Faro publicó un informe interno de la Asamblea sobre el presupuesto de gastos de la Junta Directiva. A pesar de ello, la Junta Directiva de la Asamblea se ha negado a investigar dicho presupuesto; de ese Órgano del Estado aún espera la ciudadanía que determine a los responsables del alza salarial que se revirtió tras una gran presión social.

Aún así, dadas las características propias de la Asamblea, un lugar en el que están representadas todas las fuerzas políticas, es más fácil obtener información. En el Ejecutivo, es imposible saber a cuánto ascienden los gastos de remodelaciones de oficinas ministeriales o de Casa Presidencial o de la oficina de la Primera Dama; de viajes; de gastos de representación; de seguridad etc…

Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Cuentas han logrado imponer mordazas legales a los medios de comunicación y a los ciudadanos, librándose con ello de cualquier escrutinio público.

El gran problema es justamente que las acciones de todas estas instituciones son de carácter público. Manejan fondos públicos y son administradas por servidores y funcionarios públicos. Pero se conducen con carácter privado.

A falta de una ley de acceso a la información, y sobre todo de la voluntad política del presidente para abrir las cuentas de su gobierno, se obstruye el fortalecimiento institucional y democrático, porque los verdaderos dueños del Estado, los ciudadanos, no sabemos qué se hace con nuestros recursos.

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