OPINIÓN / DESDE LA ACADEMIA

Uribe en serios problemas

Ricardo Ribera
cartas@elfaro.net
Publicada el 05 de mayo de 2008 - El Faro

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Una serie de acontecimientos recientes muestran un escenario bien difícil para el presidente colombiano Álvaro Uribe, aliado principal de la Administración Bush en América Latina. Los motivos del alevoso ataque a un campamento de las FARC en territorio de Ecuador, cometido el 1° de marzo por órdenes de Uribe, se hacen ahora más claros.El balance de aquella acción recuerda la frase de Napoleón Bonaparte: “fue peor que un crimen, fue un error”.

La violación a la soberanía del vecino país desató una grave crisis diplomática, sumió al gobierno de Colombia en un gran aislamiento, sembró serias dudas sobre su disposición al intercambio humanitario para la liberación de los rehenes y creó preocupación por su tendencia a regionalizar el conflicto interno. Los riesgos del Plan Colombia – que inició como guerra contra la droga y se ha transformado en estrategia contrainsurgente– quedaron al descubierto. Uribe se fabricó una crisis internacional, en una típica maniobra de distracción, para intentar reforzarse ante la crisis interna que se le venía encima. Buscaba una reacción patriótica de apoyo. Pero la contundencia de los hechos destapados en las últimas semanas le pasa factura. Difícilmente podría encontrase en la historia de Colombia un escándalo político de las proporciones del actual.

El cuadro se le empezó a complicar con el rechazo que dio el Congreso norteamericano al TLC con Colombia. Eso a pesar de la insistencia y de las súplicas del presidente Bush, quien considera a Uribe como un “paladín de la democracia”.

Para el Partido Demócrata, en un año electoral donde la protección de los empleos estadounidenses es tema importante de campaña, las razones de su postura están claras. En el caso colombiano se le facilitó argumentar motivos y principios más elevados: la reiterada violación de los derechos humanos y sindicales, ante la escasa o nula reacción gubernamental. Son decenas de miles los asesinados y desaparecidos desde que en 1986 empezó el paramilitarismo. Sólo en el Valle de Cauca se calcula en 35 mil las víctimas. A fin de sepultarlas con más facilidad, muchas fueron descuartizadas con motosierras. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se acogieron en 2006 a un plan de desmovilización, pero los crímenes horrendos con motivación política han seguido.

Uribe negoció beneficios de reinserción para esos responsables de crímenes de lesa humanidad y presenta como un éxito de su gestión su desmovilización, cada vez más cuestionada porque muchos de los 31 mil desmovilizados han regresado a su criminal actividad. Además, las evidencias de connivencia del oficialismo con las AUC al fin produjeron una investigación de la justicia que está estremeciendo todo el edificio estatal. Son ya 63 los congresistas procesados (54 de la coalición que llevó a Uribe al poder) de los que 32 están en la cárcel esperando juicio por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Según la autorizada opinión de Juan Restrepo, ex-corresponsal de Televisión Española en Bogotá, gran cantidad de alcaldes, gobernadores, embajadores y funcionarios de todo nivel tienen lazos con las autodefensas y con los carteles de la droga.

Salvatore Mancuso, quien fue máximo jefe militar de las AUC ha declarado ante las cámaras de televisión que llegaron a tener infiltradas “a todas las instituciones del Estado”. Declaraciones judiciales suyas involucran directamente al Presidente, quien habría participado en 1997, siendo gobernador de Antioquia, en la planificación de la “masacre de El Aro” donde 15 campesinos fueron asesinados. A la reunión habrían asistido también el actual Vicepresidente, Francisco Santos, y el hoy Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, primo del anterior. Posterior al encuentro las AUC liberaron a 6 secuestrados, entre ellos un primo de Uribe. El presidente se ha defendido diciendo: “¿qué valor puede tener la palabra de un delincuente frente la de una persona honorable?”.

¿Es Álvaro Uribe una persona honorable? ¿O es también él un delincuente? Virginia Vallejo, la ex-amante de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín en los ochenta, ha testimoniado sobre la amistad y cercanía de Álvaro Uribe con el mafioso, quien incluso le prestó su helicóptero para que trasladara a su padre, herido de muerte por un ataque de las FARC. Agregado a eso se ha dado a conocer el contenido de un informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. En él se calificaba de “estrecho colaborador” del cartel al actual Presidente y se le consideraba “amigo cercano” de Pablo Escobar. Por otra parte se ha sabido que para la primera campaña presidencial, en 2002, Uribe tuvo financiamiento de la empresa Enilse López, considerada como fachada del cartel de Medellín.

La ex-congresista Yidis Medina impulsó la difusión de una entrevista ofrecida a un canal de televisión en 2004, donde se auto-incrimina de haber pactado cambiar su voto a cambio de dádivas políticas. Era miembro de la comisión parlamentaria que discutía la reforma constitucional que hizo posible la reelección de Uribe. La votación estaba 18 a 17 en contra, pero ella cambió a favor y otro congresista que también se oponía, Teodolino Avendaño, se ausentó de la votación.  También él está hoy siendo investigado. En la entrevista Medina dice que el entonces Ministro del Interior, Salas Pretelt (actual embajador en Italia) y el entonces Ministro de Protección Social, Diego Palacios, le ofrecieron a nombre de Uribe un puesto en el siguiente gobierno a cambio de su voto. “No me han cumplido” – afirma – y por eso decidió autorizar ahora la difusión de su denuncia. Uribe y sus ex-ministros desmienten lo afirmado por la ex-congresista, a quien la Fiscalía encausa por cohecho.

La guinda al pastel ha sido la captura, tras haberse refugiado por doce horas en la Embajada de Costa Rica, de Mario Uribe Escobar, ex-presidente del Congreso, primo hermano del presidente Álvaro Uribe y considerado su mano derecha en el partido y en el Estado. El gobierno de Óscar Arias denegó su solicitud de asilo político con duros términos: “él no es un perseguido político, sino un presunto delincuente”. El ex-senador Mario Uribe renunció a su escaño a finales del año pasado a fin de que la investigación judicial por sus presuntos nexos con el paramilitarismo dejara de estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y pasara a los tribunales ordinarios. De nada le sirvió. La Fiscalía ha podido sustentar su caso y mandarlo a prisión preventiva.

Es el propio “círculo íntimo” del Presidente el afectado por la acción de la justicia, lo que ha generado un choque entre los poderes del estado sin precedentes. “Es la coalición de gobierno la que está en prisión” –destaca un rotativo. El Ejecutivo ha insinuado que habría que crear un “Tribunal Especial” para casos que afecten a altos funcionarios del Estado, ante lo que la CSJ ha reaccionado defendiendo su competencia y jurisdicción. Las máximas instancias judiciales reunidas en las Altas Cortes se han solidarizado con la CSJ.

Una alternativa para Álvaro Uribe fuera disolver el Congreso y convocar elecciones para una Asamblea Constituyente. Otra fuera buscar la reforma constitucional. Debe apresurarse a utilizar la popularidad que aún le queda. Respetar las instituciones no parece ser una opción. Podría terminar como el ex-presidente Samper, encausado por recibir financiamiento del narcotráfico. O como Fujimori, que también afincó su popularidad en el combate frontal contra la guerrilla, pero que ahora la justicia peruana está juzgando por genocidio, crímenes contra la humanidad y corrupción. Bush tendrá que buscarse otro “paladín de la democracia” y otro puntal para sus planes militaristas. Mientras, como se ha publicado en Bogotá, “el país se está desencuadernando”.

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