OPINIÓN

Discrecionalidad frente al crimen organizado

Jaime López
cartas@elfaro.net
Publicada el 05 de mayo de 2008 - El Faro

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El presidente de la República tuvo que salir a cubrir las comprometedoras declaraciones del viceministro de Seguridad Pública. Después de conocerse que dos agentes de la División Antinarcóticos estarían vinculados a la banda criminal “Los Perrones”, Ástor Escalante dijo que “si en un momento determinado el presidente nos manda o nos instruye a que se haga una investigación, pues se hace”. Saca, por fortuna, aclaró que las autoridades de seguridad pública no necesitan órdenes para tomar medidas. El caso del vice-ministro evidencia un patrón de conducta en que la aplicación de la ley ha dejado de ser obligación y pasa a ser un asunto discrecional.

Bajo la lógica de Escalante, y asumiendo que hay indicios de infiltración criminal en la agencia antidrogas, cabe preguntar qué pasaría si el presidente no da la orden de investigar. O más grave aún, qué ocurriría si la orden fuera no investigar. El desliz del viceministro es preocupante. Si a ese nivel no hay claridad acerca de las medidas de control interno del cuerpo policial, entonces cabe cuestionar cómo estas son interpretadas en los otros niveles de la cadena de mando.

Uno de los policías implicados en el caso de “Los Perrones” es José Roberto Contreras, quien antes ganó reconocimiento por su actuación como agente encubierto en importantes investigaciones. Cayó luego de ser detectado, junto a otras personas, cruzando la frontera La Hachadura con 23 mil dólares no declarados. Aunque el dinero fue decomisado, el mismo inspector general de la Policía ha llamado la atención sobre por qué este agente no fue detenido en al momento sino hasta días después. Las hipótesis que se abren son si acaso Contreras estaba actuando aún como agente encubierto, o bien si gozó del favor de sus compañeros de filas. Si lo ocurrido corresponde al segundo supuesto estaríamos frente a una conducta similar a la del viceministro Escalante, una aplicación discrecional de la ley. El inspector general de la Policía, mediante su investigación, tendrá que aclarar ésto.

Sin duda la actividad de grupos dedicados al crimen organizado es cada vez más notoria en el país. “Los Perrones”, aunque es un grupo de carácter cuasi-provincial, evidencia el poder que llegan a alcanzar estas organizaciones y la necesidad que tienen de infiltrar estructuras del Estado. El servicio más básico que requieren es acceso a información privilegia, como la relacionada con la planificación de los operativos de captura que posibilitó la fuga de Reynerio de Jesús Flores Lazo y Óscar René Molina Manzanares, dos integrantes de dicho grupo. Uno de los dos agentes que han sido acusados pudo ser la fuente de infiltración o quizá alguien más dentro del cuerpo policial.

Es un error generalizar sobre el grado de penetración criminal en las estructuras del Estado, pero más grave aún es pretender reducir el problema a la mala conducta de un par de agentes policiales. Las declaraciones de Escalante de por si son equivocas, pero la respuesta del presidente de la República, secundadas luego por el ministro de Seguridad y el director la Policía no alcanzan a cubrir del todo el bache dejado por éste. En todos estos discursos se hace énfasis en una conducta individual, se minimiza el problema al comportamiento de malos elementos del cuerpo policial. Eso llevaría a pensar que las autoridades tienen poca comprensión acerca del riesgo criminal en el Estado.

El crimen organizado es ante todo un problema de carácter económico. Es comercio, ilícito pero comercio al fin, en el que las ganancias y los costos son los factores primordiales de decisión. Conseguir operadores – transportistas, informantes, abogados, agentes financieros – es un asunto de oferta y demanda, asociado al grado de competencia que exista entre diferentes grupos y rutas. Lo que ocurre en macro, una gran cantidad de droga producida en Colombia que necesita ser colocada al más bajo costo en las calles de Estados Unidos, se replica en micro en nuestro país: un mercado de actividades ilícitas conectado a operaciones transnacionales que funciona configurando redes en la forma más rentable posible. Y en todos los casos, para bajar costos y asegurar los negocios, infiltrar estructuras del Estado es una condición imprescindible.

Las autoridades de seguridad y el mismo mandatario lo que evidencian es una mentalidad policial. De forma reduccionista creen que las respuestas están en capturar a los malos y en enviarlos a la cárcel. Eso es solo una pequeña parte de la solución, temporal por cierto. Lo sustancial está en políticas que tiendan a desincentivar el comercio ilícito o al menos a elevar significativamente sus costos.

Las autoridades deberían entender que mientras las drogas sigan siendo ilegales, los aranceles restrinjan la libre circulación de mercaderías y la migración siga siendo penalizada, entre otras políticas, habrá  justificación para un mercado ilícito. Y mientras las instituciones sean débiles, los agentes del Estado puedan enriquecerse sin control y, lo más grave, los funcionarios sean discrecionales en la aplicación la ley, poco o nada se podrá hacer para enfrentar con eficacia el flagelo del crimen organizado.

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