EDITORIAL

El Estado sin vigilancia

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La confirmación del pecenista Hernán Contreras como presidente de la Corte de Cuentas y de dos magistrados del PDC y de ARENA es una traición al Estado.

Una de las instituciones clave de la débil democracia salvadoreña, que se destaca por su ineficiencia y sus constantes manoseos, que funciona como reducto burocrático en manos de un partido (a conveniencia de los otros dos) y que ha faltado a su deber de vigilar por el buen uso de los fondos públicos, seguirá en manos de la misma persona que la ha llevado a donde está durante 14 años (Hernán Contreras ha presidido esa institución entre 1990 y 1998, y desde 2002 hasta la fecha) con apenas breves lapsos en que la dejó vigilada por otros correligionarios.

Sólo para hablar de sus últimos tres años, la Corte ha mantenido a auditores que sobornan alcaldes; ha secuestrado archivos y cerrado las puertas a todo intento de ser investigada; ha movilizado ilegalmente a sus empleados a un municipio para apoyar la elección a diputado del secretario general del PCN, en 2006; y es, ante los ojos de la opinión pública, una institución que urge despartidizarse, ejercer verdaderas funciones de contraloría y con total independencia del poder político.

Lejos de avanzar hacia ello, los tres partidos convenientemente acordaron, una vez más, entregarle la llave de la contraloría pública al PCN a cambio de quién sabe qué favores o bajo qué condiciones.

El Secretario General pecenista, Ciro Cruz Zepeda, presidió también la institución en la década de los 80, y fue destituido por la Asamblea Legislativa acusado de corrupción. A Zepeda no solo le permitieron seguir participando activamente en política y ocupar cargos públicos, sino que sigue siendo el negociador de su partido y quien decide que Contreras siga al frente de la institución de la cual lo echaron.

En 2005, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, Zepeda se negó a girar la orden de trabajo para una empresa auditora contratada expresamente para auditar a la Corte de Cuentas. Y son ya 14 años sin que esa institución sea objeto de una investigación externa.

En las últimas semanas, Zepeda ha sostenido reuniones con el Secretario General del PDC, Rodolfo Parker, y con el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Rodrigo Ávila, con la participación directa del presidente de la República, Antonio Saca; en las que se presume concertaron la reelección de Contreras como parte de un acuerdo cuyos alcances definitivos no conocemos pero que, a la luz de este primer fruto, ya deberíamos comenzar a temer.

El año pasado, en medio de una disputa pública entre el Fiscal General Félix Garrid Safie y Contreras, la ciudadanía tuvo oportunidad de ver cómo los titulares de dos instituciones de tal envergadura se acusaban mutuamente de irregularidades; apenas una pequeña ventana abierta a lo que podría ser un cúmulo de cosas mucho peores en ambas instituciones, totalmente partidizadas. Safie acusó a la Corte de Cuentas de ser “un foco de mala administración” y rechazar auditorías; Contreras respondió que la Fiscalía no investigaba los casos que la Corte le trasladaba. Dos semanas después de intercambios de acusaciones y campos pagados, ambos funcionarios perdieron la memoria y dijeron haber arreglado los “malentendidos”. Y nunca detallaron las acusaciones. Caso cerrado.

En El Salvador de hoy, donde la impunidad y el ganguerismo se han convertido en tradición, los funcionarios ejercen sus cargos públicos en función de su partido, como si se tratara de asuntos privados. Con total descaro, las fracciones legislativas de estos partidos se han repartido públicamente instituciones como la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral o la Fiscalía General de la República. Además, ninguna de ellas se siente obligada a rendir cuentas más que a sus líderes partidarios, que aprovecha la información para el chantaje y la negociación politiquera.

Hace más de 60 años la Asamblea Legislativa emitió un decreto en el que estipuló que la Corte de Cuentas “es una Institución absolutamente ajena a toda cuestión de índole política; ya que su carácter eminentemente técnico, su calidad de juzgadora de la actuación de funcionarios manejadores de fondos, y sobre todo el hecho de que constitucionalmente sea una Institución Independiente del Poder Ejecutivo, encargada precisamente de controlar la gestión financiera de éste, exigen, como garantía de imparcialidad, que tal Organismo permanezca libre de toda influencia política”.

Los diputados que votaron por la reelección de Contreras actuaron en sentido contrario, nuevamente. Olvidándose de sus obligaciones como representantes de la ciudadanía, optaron por dejar el control de los fondos públicos en manos de un grupo de gangueros y por obedecer antes a los pactos oscuros de Rodrigo Ávila, Ciro Zepeda, Rodolfo Parker y del presidente de la República, Antonio Saca.

Como parte de su discurso de confirmación en el cargo, Contreras prometió “cambios radicales”. Para que la Corte en realidad sea objeto de los cambios que requiere, Contreras y su partido, y todos los demás partidos, deben tener las manitas fuera de esa institución. Pero si ello sucediera a lo mejor muchos de sus “amigos” terminarían en prisión.

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