OPINIÓN

Nacimiento y secuestro de la Corte de Cuentas

Jaime López
cartas@elfaro.net
Publicada el 28 de abril de 2008 - El Faro

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En las próximas semanas la Asamblea Legislativa tendrá que elegir para los próximos tres años al presidente y dos magistrados de la Corte de Cuentas. Aún no se sabe si el actual presidente, Hernán Contreras, será reelecto una vez más. Pero lo que sí parece seguro, por un nefasto pacto partidario, es que el PCN seguirá manteniendo secuestrada a la máxima entidad fiscalizadora del país.

La Corte de Cuentas fue establecida en la Constitución de 1939, como parte de una amplio proceso de reformas a la Administración Pública impulsadas por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. En la escala de valores del régimen, por paradójico que parezca, era inadmisible el despilfarro y robo de los fondos públicos. El saneamiento de las finanzas estatales, que incluyó el pago total de la deuda externa, conllevó a la adopción de un tribunal especial de cuentas con total independencia.

El primer presidente de la Corte de Cuentas fue el contador público Manuel Enrique Hinds, quien tomó posesión de su cargo en enero de 1940. Él había coordinado la comisión que tuvo la responsabilidad de estudiar diferentes modelos de control, en especial el francés y el anglosajón, y de proponer el paquete de reformas legales. Este personaje encarnaba el ideal de independencia y profesionalismo de la Corte de Cuentas.

Evidencia de lo anterior es que cuando cayó Hernández Martínez, en mayo de 1944, Hinds y los magistrados que le acompañaban presentaron su renuncia. La Asamblea Legislativa emitió un decreto en el que reconoció la calidad de estos funcionarios y su satisfacción por el funcionamiento de la Corte de Cuentas. Por eso los instó a continuar en sus cargos hasta que se pudiera realizar una elección en forma, lo cual ocurrió a finales de ese mismo año.

En uno de sus considerandos, el decreto número 37 del 15 de mayo de 1944 dice: "Es de todo punto conveniente dejar establecido como principio firme, el criterio observado ya en el hecho durante la existencia de la Corte de Cuentas, de que esta es una Institución absolutamente ajena a toda cuestión de índole política; ya que su carácter eminentemente técnico, su calidad de juzgadora de la actuación de funcionarios manejadores de fondos, y sobre todo el hecho de que constitucionalmente sea una Institución Independiente del Poder Ejecutivo, encargada precisamente de controlar la gestión financiera de éste, exigen, como garantía de imparcialidad, que tal Organismo permanezca libre de toda influencia política; que en consecuencia, debe estimarse a los funcionarios que la integran, como funcionarios apolíticos, y su permanencia en sus puestos, no debe estar condicionada en modo alguno por otros motivos que no sean los puramente legales".

Saltemos en la historia para llegar hasta el inicio de los años 80. En esa época el PCN se redujo a una fracción legislativa, minoritaria en relación a ARENA y al PDC. Y es esta correlación lo que marca los últimos veinticinco años de historia de la Corte de Cuentas. La institución se convirtió en el reducto pecenista, cuando este partido logra su control a cambio de ofrecer sus votos para hacer mayorías en la Asamblea Legislativa. Desde luego, parte integral del trato era, y sigue siendo, encubrir la corrupción en el Ejecutivo.

Durante los años 80 el pacto fue principalmente entre PDC y PCN. De mayo de 1982 a junio de 1984 el presidente fue José Francisco Guerrero. Después, Benjamín Wilfrido Navarrete tuvo la titularidad entre julio de 1984 y octubre de 1985. Le sucedió Ciro Cruz Zepeda, hasta marzo del 1989, mes en que fue destituido por la Asamblea Legislativa. La fracción legislativa de ARENA lo acusó de entregar un finiquito en forma irregular al entonces presidente de la Comisión Nacional de Restauración de Áreas, el pedecista Luis Mejía Miranda.

En sustitución de Zepeda llegó Rafael Flores y Flores, quien dirigió la Corte de Cuentas entre marzo de 1989 y junio de 1990. Le sucedió Hernán Contreras, un pecenista que era aceptable para la poderosa ARENA, partido que ya había logrado conquistar la Presidencia de la República. En ese entonces el PDC quedó relegado y el nuevo pacto del PCN fue con ARENA. Durante los casi 20 años de estar en el poder, con pocas excepciones, el partido oficial ha contado con los votos pecenistas en la Asamblea, mientras que el PCN ha continuado al mando de la Corte de Cuentas.

Contreras fue reelecto por varios períodos hasta agosto 1998, cuando renunció para correr por la presidencia de la República, un proyecto que terminó en fracaso. Mientras regresaba al cargo que abandonó, la Corte de Cuentas estuvo bajo el control de Francisco Merino, hasta julio de 1999, y de Rutilio Aguilera, hasta junio de 2002. En ese momento Contreras fue electo una vez más como presidente del ente fiscalizador, posición que mantiene hasta la fecha.

La aritmética legislativa puede ser aplastante. Sin duda, ARENA y PCN, además del PDC, partido al que le asignan un magistrado, pueden seguir manteniendo el pacto construido sobre el secuestro de la Corte de Cuentas y el encubrimiento institucionalizado de la corrupción. Este acuerdo político es uno de los grandes agujeros negros de la democracia salvadoreña.

Sin embargo, más arrolladores pueden ser los pueblos cuando se cansan del abuso de sus gobernantes. En los orígenes de la Corte de Cuentas y en el perfil de sus primeros funcionarios encontramos las ideas sobre control de los fondos públicos por las que podemos luchar aquellos que vivimos para la democracia.

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