EDITORIAL

Un mal endémico

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El modelo de la política salvadoreña parece ser que la negligencia se resuelve negando información. El acuerdo de la Junta Directiva de la Asamblea de negar a los medios de comunicación los informes del trabajo de las comisiones no es, como sugiere alguno de sus defensores, para evitarnos a nosotros interpretar mal su trabajo, sino para ocultar lo mal que algunos diputados se ganan su sueldo.

Sólo en la primera semana de marzo, 13 de las 23 comisiones legislativas no tuvieron trabajo alguno, aunque por ello sus miembros igual devengaron más de mil dólares. Por no hacer nada. Y como en El Salvador el trabajo legislativo es errónea e ilegalmente asumido como trabajo partidario, Arena y PCN arreglaron suspender la sesión plenaria para asistir a una convocatoria de otro funcionario público, el presidente Antonio Saca, para discutir la posibilidad de alianzas electorales.

La Asamblea es sólo el lugar más visible para detectar irregularidades en el ejercicio de la función pública, pero no el único. En los otros dos poderes, las cosas se resuelven de igual manera.

En julio de 2006, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, se convirtió por acuerdo de la máxima instancia en su único vocero, y para no dejar lugar a dudas estrenó su nuevo cargo sin atender a la prensa.  Desde entonces, son contados sus intercambios con comunicadores.

El Faro ha solicitado reiteradamente entrevistas con varios funcionarios que no consideran necesario explicar algunas de sus decisiones. Entre ellos el ministro de Seguridad, René Figueroa (que tampoco nos ha querido atender en su condición de dirigente partidario); el fiscal general Garrid Safie (con el cual hemos querido aclarar múltiples procesos en su poder, como el asesinato de los diputados salvadoreños; la ley antiterrorista; el caso Katya Miranda; el caso del ISTA, al que le llamó “un caso político” y por eso no lo investigó, etc…); el ministro de Hacienda, William Hándal (quien poco después de asumir el cargo se comprometió públicamente con este medio a revelar los gastos de publicidad del Estado, y todavía no lo ha hecho) y el nuevo presidente del ISTA, José Armando Zepeda Valle, quien para evitar que se encontraran más irregularidades en la entidad decidió cerrar las puertas a los medios.

El término funcionario público define la naturaleza propia del trabajo de quienes ostentan un cargo de este tipo. Es público. Hasta ahora, a pesar de la presión de diversas organizaciones y las recomendaciones de entidades y gobiernos internacionales, el gobierno salvadoreño se ha negado a trabajar en una ley de acceso a la información. Su trabajo, costeado por los contribuyentes, no pertenece a la esfera de lo privado, y por tanto los obliga a informar a los ciudadanos sobre sus acciones y la administración de los fondos que les han sido asignados.

Los informes sobre el trabajo de las comisiones no sirven únicamente “para saber cuántos almuerzos habrá que pedir”, como dice uno de los diputados consultados. Sino para algo mucho más importante: cumplir con los preceptos democráticos de rendimiento de cuentas y de contraloría pública.
Diputados de todos los partidos políticos se han opuesto a esta nueva mordaza. Esperamos que estas voces sensatas se impongan ante aquellas de los directivos de la Asamblea, que pretenden perpetuar los peores males de nuestro sistema político.

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