OPINIÓN

¿Independencia de poderes?

Giovanni Berti *
cartas@elfaro.net
Publicada el 04 de febrero de 2008 - El Faro

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El fallido aumento de salarios por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, y el circo romano que se generó alrededor de tan polémica medida, ha puesto nuevamente en evidencia la debilidad de nuestro sistema parlamentario y la ausencia de una real independencia de los poderes del Estado.

La relación de poder entre los distintos órganos del Estado, especialmente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha sido un factor condicionante de la gobernabilidad democrática en nuestro país. Las negociaciones públicas y privadas en torno a la aprobación de los presupuestos y los créditos, la interpelación de funcionarios públicos y la legislación sobre temas relevantes para el desarrollo político e institucional, han caminado siempre sobre esa delgada línea que separa la independencia de la intromisión.

Cuando el malestar ciudadano por el incremento salarial y la presión de los medios de comunicación alcanzaron al partido de gobierno y al Órgano Ejecutivo, su Presidente (que en este caso es el mismo para ambos) invocó el principio de independencia de poderes – y aunque manifestó su desacuerdo – aseguró que respetaría las decisiones de la Asamblea Legislativa. Pero las actuaciones posteriores no caminaron en ese sentido. La reversión de la vergonzosa medida legislativa tuvo a la base las instrucciones giradas por el Presidente a su bancada, y el acuerdo entre este y un partido político que tradicionalmente ha sido su aliado. La delgada línea parece haberse roto.

En el caso de los salarios se mezclaron varias cosas. Por un lado, la institucionalidad del parlamento, que quedo en entre dicho por las acusaciones de falta de transparencia e ilegalidad con respecto a sus procedimientos administrativos. Por el otro, los partidos políticos, por su falta de sensibilidad social y su débil argumentación para defender sus decisiones frente a la opinión pública. Finalmente, el Órgano Ejecutivo que, sin reconocerlo, metió su cuchara en una decisión que – buena o mala – era exclusiva de la Asamblea Legislativa.

La Asamblea no puede ni debe ser un satélite del Ejecutivo. Sus funciones de legislación, de representación y de fiscalización, son funciones indispensables para el fortalecimiento democrático y para la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Supeditar sus actuaciones – incluso en temas “relativamente poco importantes” como los salarios de los diputados – es muestra de su debilidad institucional y de la falta de una real independencia con respecto al poder ejecutivo.

Desde varias trincheras se ha peleado la batalla por una reforma política y electoral que promueva una mayor representatividad de los diputados, que reconozca la importancia de la territorialidad para acercar a los elegidos con los electores, que permita y estimule las candidaturas independientes, en fin, una reforma que modernice el sistema político al mismo tiempo que fortalece la democracia. Lo han dicho intelectuales de derecha y de izquierda, lo han propuesto FUSADES y la Comisión Nacional de Desarrollo, lo han sugerido incluso expertos internacionales; pero nada de esto ha avanzado.

Partidos políticos fuertes, legítimos y modernos son la base para tener una Asamblea fuerte, legítima y moderna; y la real independencia de los poderes públicos descansa precisamente en la fortaleza de estos para hacer pesos y contrapesos en un sistema democrático como el nuestro, que apenas da sus primeros pasos.

Mientras estas condiciones no existan, los partidos continuarán errando sin norte alguno y la Asamblea seguirá al margen de la formación de un auténtico consenso democrático; convirtiéndose en la triste condición de simple correa de transmisión de los intereses de grupo y de apoyo incondicional a las decisiones del Poder Ejecutivo.

* Coordinador de proyectos de la CND

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