EDITORIAL

Descaro legislativo

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La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ha vuelto a poner en entredicho al Primer Órgano del Estado. El singular aumento de sueldos para todos los legisladores y la descarada manera en que han intentado defender la medida algunos directivos ha provocado indignación ciudadana y una crítica atención mediática que afecta nuevamente la credibilidad del sistema político salvadoreño en general.

A pesar de que el aumento fue aprobado a oscuras, y de que ya fueron emitidos los primeros cheques con los nuevos montos, los directivos de la Asamblea no se han sentido con la obligación de explicar a la ciudadanía cómo se acordó tal cosa ni de presentar los documentos que prueben la legalidad de tal medida.

Los legisladores no pueden, por acuerdo en una oficina, elevarse los salarios. Hay todo un proceso administrativo contemplado para que esto pueda hacerse de manera legal.

Los directivos del PCN y de ARENA argumentan que el aumento fue avalado por el pleno, pero lo que se presentó a votación (y por tanto lo aprobado) fue la Ley de Salarios, que no contempla ningún aumento para los diputados. Cualquier aumento extra debe contar con la aprobación de Hacienda, que necesita hacerlo para controlar sus previsiones financieras para el año fiscal. Hacienda tampoco ha querido confirmar si avaló este aumento, restando transparencia a un proceso que debería ser público, porque se trata de fondos públicos.

En las últimas dos semanas, algunos diputados han tratado de justificar los aumentos argumentando que necesitan gastos de representación para ejecutar obras en algunos municipios y ayudar a la gente necesitada. El argumento es insostenible, porque la función de los diputados es legislar, no ejecutar obras. En la distribución de poderes en la República de El Salvador, la ejecución de obras es atribución del Ejecutivo y de los gobiernos municipales, no de los legisladores. Y el argumento de otros, de que por tratarse de año electoral necesitan destinar una mayor parte de su salario para las finanzas del partido, no puede ser calificado más que de descaro, porque eso es problema de ellos y no de los ciudadanos.

El punto no es si los diputados necesitan o no mejores salarios. Sino cómo y para qué la junta directiva de la Asamblea acordó elevarlos. El parlamento, uno de los Órganos más ineficientes en el cumplimiento de sus funciones (deliberar con seriedad, y a nombre de sus representados, las distintas iniciativas de ley), menos transparentes (aún es imposible saber cuánto ganan, por ejemplo, los asesores de las distintas fracciones) y con las discusiones de más baja calidad técnica y política (evidenciada todos los jueves de intercambios de insultos entre las distintas fracciones), necesita reformar todas sus conductas antes de recetarse jugosos e inexplicables aumentos.

Si quieren más gastos para viajes que demuestren la necesidad y efectividad de esos viajes y el proceso de selección de los integrantes de las comitivas. Que demuestren los resultados de esos viajes y la participación de nuestros representantes. Que demuestren para qué necesita tantos carros un directivo o, lo que es peor, un asesor de la Asamblea (alguno tiene más recursos y vehículos a su disposición que jefes de fracción) y su verdadero trabajo legislativo. Hay diputados que nunca han hablado ni en plenaria ni en comisiones, y hay otros que lo han hecho sólo para insultar, y ellos también cobrarán un aumento que proviene de los impuestos de los ciudadanos.

Con los problemas financieros del Estado, bien harían los legisladores en ganarse un aumento antes de recetárselo, y eso pasa por demostrar que hacen su trabajo.

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