OPINIÓN

Los pagos ilegales a los diputados

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Severo lío en el que están metidos los diputados. En el sentido estricto de la palabra los legisladores no han recibido un aumento de salario. No es tal cosa porque la Ley de Salarios vigente contempla el mismo monto que tenían para el año 2007, con la diferencia que se unieron en un solo concepto el salario y los gastos de representación.

Hasta ahora no se ha presentado evidencia, es decir que no ha aparecido ningún decreto publicado en el Diario Oficial que demuestre que la Ley de Salarios fue reformada. En consecuencia lo que los diputados están recibiendo es un pago que carece de sustento jurídico. Aunque en las declaraciones verbales se insista en llamarle gastos de representación, en realidad se trata de pagos ilegales, una operación ilícita de graves proporciones.

Las Disposiciones Generales de Presupuesto, en su artículo 114, establecen que los montos consignados en la Ley de Salarios son las “remuneraciones máximas” que los funcionarios pueden recibir. Eso incluye “sueldos, gastos de representación, cuotas compensatorias, dietas y cualquier otra remuneración”.

Para poder aumentar los salarios a los diputados se tuvo que seguir este procedimiento: el Presidente de la República garantiza que existen los fondos adicionales; la Asamblea, observando el trámite contemplado en su Reglamento Interno, emite un decreto legislativo de modificación a la Ley de Salarios; el Presidente de la República sanciona el decreto y manda a publicarlo al Diario Oficial. Este procedimiento está establecido en la Constitución.

Entonces, si no es un aumento de salarios sino pagos ilegales, falta aclarar cómo se montó esta operación ilícita. Al momento se puede distinguir dos casos: uno es la emisión y entrega de cheques que incluyen un monto sin soporte legal; y el otro el de responsabilidad por violar el procedimiento constitucional, derivando en un daño patrimonial al Estado.

En el primer caso la situación está más o menos clara en la medida que se ha conocido que los cheques fueron firmados por los diputados Norman Quijano y Zoila Quijada. En el segundo la hipótesis que manejan organizaciones civiles que están dando seguimiento al caso, con las cuales estoy colaborando, es que algunos integrantes de la Junta Directiva, posiblemente su presidente, emitieron un acuerdo administrativo. En el mismo habrían incrementado los salarios y ordenado a la unidad financiera de la Asamblea hacer los pagos correspondientes.

Tal acuerdo administrativo, o su documento equivalente, es mantenido bajo fuerte secreto. Por tal razón no es posible aún individualizar el señalamiento de responsabilidad. Cabe decir que quienes ordenaron estos pagos ilegales, además de la responsabilidad por daño patrimonial, podrían haber incurrido en actos arbitrarios.

Para subsanar el problema de los cheques emitidos sin sustento legal la Asamblea tiene dos opciones. La primera es anular los cheques que aún no han sido entregados y reemplazarlos por otros con los montos correctos, así como pedir el reintegro correspondiente a los diputados que ya los cobraron. La otra alternativa es seguir el procedimiento constitucional para reformar la Ley de Salarios a través de un decreto legislativo. Habría que ver si este decreto puede tener efecto retroactivo en caso de calificar como materia de orden público.

Por supuesto, al optar por la segunda opción, la de reformar la Ley de Salarios, los diputados, el Presidente de la República y los partidos políticos tendrían que asumir el costo político de tal decisión conlleva. Con el nivel de rechazo público que se ha generado en estos días, ellos podrán hacer una estimación del costo político que les implicaría legalizar los aumentos de salarios para los diputados. El autor de esta columna desde ya expresa su rechazo a una medida de tal naturaleza.

Con el caso de violación al procedimiento constitucional, que como ya hemos dicho conlleva responsabilidades patrimoniales e incluso penales, lo que la Asamblea puede hacer – para curarse en salud - es conformar un comisión especial de investigación. Su primera tarea sería establecer la forma en que se dio la orden de pagar salarios superiores a los legalmente establecidos. Si se hizo mediante un acuerdo administrativo, las firmas en el mismo permitirán individualizar el caso, es decir ponerle nombre y apellido a los responsables. Si las ordenes fueron solo verbales, entonces la culpa recaerá en quienes firmaron los cheques y en el personal financiero que tramitó los pagos.

Al concluir su trabajo, esta comisión tendría que trasladar los resultados a instituciones como la Corte de Cuentas o la Fiscalía General de la República, para que procedan según sus competencias. Claro, estas instituciones pueden, y ojalá lo hagan, llevar adelante diligencias de investigación sin necesidad de que la Asamblea Legislativa se los pida o recomiende. En particular la intervención de la Corte de Cuentas es urgente para evitar que se sigan efectuando pagos ilegales.

El peor escenario es que las cosas queden como están o que solo se haga un remedo de solución, tal como ya lo han advertido algunos diputados. Es en el primer Órgano del Estado en el que se ha incurrido en un acto de ilegalidad, implicando en el mismo a todos los diputados. Eso es un severo daño a la institucionalidad del país. De quedar estos casos en la impunidad los ciudadanos no solo habrán sido abusados por sus diputados, sino que además quedarán en una situación de mayor desprotección al romperse de forma tan evidente el principio de legalidad.

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