OPINIÓN

Ser artesanos de la paz

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La frase que sirve de título a este artículo se la atribuimos a Juan Pablo II, quien durante su visita en 1983 hizo un llamado a los salvadoreños a “ser artesanos de la paz”. Aquella expresión pareció captar una conducta de la que se fueron apropiando muchos salvadoreños. No bastaba sólo con rechazar la violencia, con irse negando a ser parte del conflicto que desangraba al país, sino que además había que ir asumiendo un compromiso activo en la creación de la paz. Lo que hicimos en 1992 fue producto de esa artesanía llamada diálogo.

Pero la paz no es la ausencia de violencia, eso no es posible, al menos en este mundo. Es más bien la condición en la cual el uso de la violencia es excepcional y se ejerce con la intención de que sigua siendo excepcional, un accidente marginal. Es lo que vemos en algunas películas de acción. Los policías recurren a la fuerza, inclusive a sus armas para detener a un sospechoso, pero de inmediato le leen sus derechos y vuelven a tratarlo con respeto. Para que fuera marginal, acordamos dejar esa función en el Estado, la de ejercer la violencia de forma excepcional. Cada ciudadano renuncia a ejercer la violencia por cuenta propia y cuida que dentro del Estado no se abuse de un poder de tal magnitud. Ese fue el sueño abrazado en 1992.

Pero ahora, dieciséis años después, vemos a un Estado que vuelve permanente el uso de la fuerza: asume la violencia contra el crimen como normalidad y califica cada vez con menos precisión la condición del delito. Se trata de un Estado desbordado, que es incapaz de controlar, bajo un compromiso democrático, las amenazas a la seguridad. Tenemos un Estado en guerra permanente contra las pandillas, el crimen organizado, el terrorismo. Se trata de un Estado al que el principio de excepcionalidad le estorba. Para socavar lo marginal, este Estado trata de arrastrar a los ciudadanos a la ampliación sin límite del uso de la fuerza, y eso ocurre cuando no les deja otra opción que ciudarse por cuenta propia, o cuando pasa a etiquetarlos sin mayor juicio como aliados o enemigos.

El caso de las personas detenidas en Suchitoto puede ilustrar la situación. Los hechos del 2 de julio ocurridos en esa localidad, cuando la policía se abrió paso entre manifestantes que se habían tomado las calles, podrá ser un caso de desordenes públicos o de desacato a la autoridad. Y aún así, todavía habría que ver si las personas procesadas, con las cuales me solidarizo, son inocentes o culpables. Pero de ahí a que esos hechos sean terrorismo, es decir equivalentes al secuestro de aviones cargados de pasajeros para ser estrellados contra edificios, es una desproporción total. Hemos entrado en una situación en la que ya no solo tenemos que protegernos de los delincuentes y usureros, sino del Estado mismo que puede tratarnos como terroristas ante cualquier conato de protesta o sospecha de disentimiento.

Es cierto que el gobierno actual tiene buen grado de responsabilidad, en especial por su falta de honestidad en aceptar que son incapaces de controlar la delincuencia, a no ser que se le de poder absoluto para decidir quien es o no una amenaza. También es probable que un nuevo gobierno, del color que sea, pueda mejorar la situación de violencia. Pero tales explicaciones no dejan de ser superficiales. Es así cuando no reconocemos que los ciudadanos hemos dejado, o quizás se nos ha obligado a dejar, el asunto del control de la violencia en manos del gobierno; o dicho con más propiedad, a la deriva de unos pocos que deciden con capricho lo que es bueno en materia de seguridad. De ahí que no sea extraño que el potencial de abuso que tal vacío propicia vuelva en nuestra contra.

Valdría recordar en que consistió la invitación a “ser artesanos de la paz” que nos hizo aquel anciano pontífice. “El diálogo que nos pide la Iglesia es el esfuerzo sincero de responder con la búsqueda de acuerdos, a la angustia, el dolor, el cansancio, la fatiga de tantos y tantos que anhelan la paz”, decía Karol Wojtyła. Pregunto si es posible que el lugar que ha llenado la violencia y el abuso del Estado tenga que ver con un vacío de diálogo, con la carencia de un “esfuerzo sincero de responder con la búsqueda de acuerdos”, con una insensibilidad hacia el dolor y la miseria de otros.

Es probable que en estos dieciséis años que han pasado desde los Acuerdos de Paz hayamos construido una sociedad fundada en el no-diálogo. Y es que, en buena medida, de la política solo somos espectadores que nos entretenemos con la inoficiosa especulación de quien será el próximo candidato o si éste podrá imponerse a la cúpula de su partido. De la economía solo somos consumidores que reducen la ilusión de su libertad a su capacidad de compra o de crédito. Por la inseguridad, o mejor dicho por el miedo, vivimos como en un panóptico, cada uno recluido en su celda aislado del vecino, sin posibilidad de comunicación. La calle no es el lugar de encuentro, de conversación, de la creación de lo público; es el espacio de la amenaza, del peligro, la zona de la que hay que huir. Los salvadoreños venimos privatizando la vida, confinándola a trincheras cada vez más pequeñas.

El gobierno conmemoró el aniversario de los Acuerdos de Paz según su conveniencia. Igual lo hizo la oposición. Ninguno de esos actos podrá reemplazar la conmemoración propia, la de cada salvadoreño y salvadoreña. Cabría cuestionarnos entonces cómo recordamos esa fecha, y en qué forma trasladamos esa experiencia a una nueva generación que solo la conoce como relato. Si somos críticos hacia nosotros mismos, veremos que la respuesta no está en el pasado, ni siquiera en la sueño de un mejor futuro. Radica en la permanente práctica del diálogo como forma de vida, en ese constante afán de buscar y llegar a acuerdos. Esa es la cotidiana artesanía que hace posible la paz.

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