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OPINIÓN El fracaso del magistradoJaime López* La conducta de los magistrados salvadoreños, al menos de los que hacen mayoría en las decisiones que se toman en la Corte Suprema de Justicia, pareciera condenar al fracaso el proyecto de independencia judicial. En el desarrollo reciente de las instituciones, uno de los aspectos que ha cobrado alta importancia ha sido el darle independencia al sistema judicial, y en especial a los magistrados. Presupuesto suficiente y seguro, procesos de selección basados en mérito, períodos largos para los electos, garantías de no ser removidos, prevalencia de sus resoluciones sobre la decisión de cualquier otro funcionario público, en fin, muchas reformas. ¿Con qué propósito? Para que el magistrado se sienta independiente del interés de cualquier grupo, y que así pueda aplicar la ley tratando de hacer valer el principio de que toda persona es igual ante ella. La imagen del magistrado presidente cortando la cinta del nuevo edificio de Taca podría ser solo un inocente juego de relaciones públicas, casi una caricatura. Eso si no hubieran fuertes intereses para que la Corte Suprema de Justicia proteja en el país la posición dominante de esa aerolínea frente a Copa o cualquier otra de la competencia. A ello se suma otra serie de ejemplos, como la atención privilegiada que la Corte da a las corporaciones dedicadas a los combustibles, el favor que le hicieron a magistrado electoral Julio Moreno Niños, o la obstaculización para que las cuentas bancarias de funcionarios del anterior gobierno pudieran ser investigadas. Al menos esos son algunos de los casos conocidos. Además de criticar a los magistrados, algo válido y necesario, uno se pregunta qué hacer cuando los magistrados pervierten su independencia al romper con impunidad el principio de igualdad ante la ley. Porque eso es lo que los magistrados hacen cuando optan por servir a los agentes legislativos que hicieron posible su nombramiento, o a las grandes corporaciones que compran funcionarios para dominar mercados. En esto radica el fracaso del magistrado: cuando deja o echa a perder la causa de la aplicación equitativa de la ley, es decir cuando reconoce en forma deliberada más derechos en una persona que en otras. Cabe aclarar que aspiramos a una igualdad de derechos como la condición mínima para expandir nuestras libertades. Uno de los caminos es pensar en nuevas reformas institucionales, pero eso de alguna manera se vuelve un círculo vicioso cuando la moral del magistrado, o de quienes pueden llegar a serlo, no corresponde con los valores a los que se aspira en una sociedad donde podamos reconocernos con iguales derechos. Hay un espacio íntimo en el magistrado que ningún control o ley podrá invadir, que es el de la reflexión sobre su vocación como juez y de su práctica cotidiana, y de las consecuencias que tal dilema conlleva. En la creencia que solo por el camino de las reformas institucionales podemos solventar el problema de la justicia, no hay otra cosa más que ver en el horizonte último a una máquina aplicando la ley, no a un ser humano. Por eso es tan necesario abordar el problema moral: el del fracaso del magistrado, que está a la base de la corrupción del sistema judicial. Para ilustrar, volvamos al ejemplo del magistrado presidente y a la escena del corte de la cinta. La persona que juró servir al principio de igualdad ante la ley muestra acá un acto de traición a si mismo, a su promesa. Significa que no pudo resolver de manera digna su dilema. Al cortar la cinta renuncia a la idea de igualdad de derechos, que es la aspiración de la justicia democrática, para pasar a abrazar la imposición de jerarquías: él se somete a un poder superior y a la vez ocupa su cargo para forzar a otros, en este caso a los ciudadanos, a que también se sometan. Significa que el miedo, u otro vicio, desplazo a los valores del magistrado. ¿Cuándo ocurrió eso? pudo hacer sido en ese momento o antes, aún previo a que esta persona fuera nombrada magistrado, si es que acaso alguna vez dichos valores cobraron presencia. Dejando de lado los daños que los vicios judiciales provocan, el fracaso del magistrado también es el fracaso del ciudadano; su debilidad moral en buena medida representa a la del ciudadano. Nos referimos por supuesto a una moral democrática. A lo que aspiramos es a que el ciudadano no esté arriba ni abajo del magistrado, en cuanto a derechos, ni que el magistrado esté arriba o abajo de ciertos ciudadanos. Buscamos una relación entre iguales, de equilibrio. Cuando la moral democrática es débil, lo mismo podría pasarle a cualquiera de nosotros al estar en la posición del magistrado presidente. Por eso, la pregunta, que ojalá se la hagan los magistrados, se vuelve ineludiblemente contra nosotros: ¿con qué tanta fuerza deseamos ser iguales en derechos con las demás personas? Para algunos de nosotros quizás sea una mera convención, un discurso. Otros quizás si sintamos tal deseo, pujante en el interior, suficiente para desplazar al miedo, a la existencia miserable. Aunque la respuesta es muy íntima, tiene una tremenda implicación práctica. La única forma posible ser igual en derechos a otra persona, a los demás, radica en reconocer y en defender en otros tales derechos. Por eso, de alguna forma, en la vida cotidiana, somos como magistrados: cada uno de nosotros, a través de su deseo y práctica, rechaza o abraza tal fracaso. * Consultor en transparencia y ciudadanía |
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