OPINIÓN / DESDE LA ACADEMIA

Mitos de la transición salvadoreña

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Mucho se ha repetido que la negociación y los acuerdos de paz fueron en El Salvador consecuencia de una situación de empate militar. Que una guerra, sea o no un conflicto civil, termine empatada es algo harto infrecuente, por lo que aseverar tal cosa en el caso salvadoreño amerita un examen más detallado. Porque además no se corresponde con las características que han tenido la posguerra y la transición posteriores.

Según la conceptualización del tratado de teoría militar redactado por el oficial prusiano von Clausewitz “el objetivo último de la guerra es quebrar la voluntad del enemigo de seguir luchando”. El conflicto salvadoreño muestra a la altura de 1990 y 1991 una situación singular: ambos bandos, tras más de diez años de enfrentamiento armado, tienen su voluntad de lucha muy mermada. El “cansancio de la guerra” que es ya patente entre la población, indiscutible durante la ofensiva “hasta el tope” de noviembre de 1989, ha alcanzado también a los combatientes. Y a los aliados internacionales, que empiezan a presionar para un final del conflicto. Por eso mismo, los representantes de las partes que se sientan a negociar lo van a hacer, a ambos lados de la mesa, desde una posición de derrota.

Los ha derrotado la voluntad de paz del pueblo salvadoreño – “gane quien gane, que esto acabe ya”. Los ha derrotado su distanciamiento creciente respecto al sentir y pensar de la gente, su obcecación en sustituir el protagonismo popular por su propio protagonismo – han de recordarse los “impuestos de guerra”, el reclutamiento forzoso, las minas antipersonal regadas indiscriminadamente, la militarización de la vida diaria, los toques de queda, el sabotaje sistemático a la energía eléctrica y al transporte, los retenes, los paquetazos económicos, etc. Los ha derrotado el desgaste moral al interior de sus propias filas, la corrupción creciente, el acomodamiento de mandos militares y jefes políticos, su “profesionalización” como señores de la guerra, su poco contacto con las masas por las que dicen luchar, su insensibilidad.

La guerra resultará finalmente derrotada como opción histórica porque también los guerreros lo han sido. De ahí que se plantee una solución “sin vencedores ni vencidos” que encubre este carácter de derrota que la solución negociada implica. El “Parte a la nación” del general Ponce el 31 de enero de 1992 proclamaba un triunfalista “¡Misión cumplida!” que no se lo cree nadie, ni a nadie convence, mucho menos al interior de las filas castrenses. El discurso efemelenista de “victoria parcial” es igual falto de credibilidad, en especial entre los propios guerrilleros. La base social de la izquierda revolucionaria reaccionará, contrario al discurso oficial de su dirigencia, explicando la calamitosa situación de posguerra y su difícil reinserción “porque perdimos”. Algo similar ha acontecido en los cuarteles, donde cunde la sensación de haber perdido y la indignación de sentirse traicionados por el presidente Cristiani y por el general Vargas, su delegado militar en la negociación.

Sin embargo, si nos atenemos a lo prescrito por von Clausewitz (“gana el bando que consigue desarmar al contrario”), desde el punto de vista estrictamente militar la Fuerza Armada debería considerarse vencedora pues el que ha entregado las armas es el FMLN. Pero su dependencia a la ayuda militar y económica norteamericana se ha vuelto absoluta y se ve obligada a acatar los acuerdos. Éstos prescriben su alejamiento de la política, su confinamiento en los cuarteles, su sometimiento a un recorte de funciones que dicta la reforma constitucional y a la nueva doctrina militar, su obediencia al poder civil democráticamente electo.

De ahí que el FMLN pueda mostrar algún triunfalismo: “desmontamos la dictadura militar”, “sacamos a los militares del poder político”. Los acuerdos de paz, aunque significaban aceptar la derrota militar (“nunca entregaremos las armas” había declarado Schafik pocos meses antes) constituían una victoria política. La guerrilla era una fuerza política y no una banda de delincuentes y terroristas, con poder suficiente para forzar reformas a la Constitución. Al ser legalizada, el país se abría a un verdadero proceso de democratización donde se le ofrecían a la ciudadanía todas las opciones políticas. Ahora sí los votos sustituirían a las balas. Si bien la legalidad constituía una conquista de la izquierda revolucionaria, esa cara de la moneda traía la cruz de la concesión. El FMLN pasaba a ser un partido legal, pero por otro lado pasaba a aceptar la legalidad del sistema. La clase dominante se hacía con la victoria ideológica. Años después eso sería evidente.

El Frente reconoció implícitamente la legitimidad del gobierno arenero y aceptaba el calendario electoral que traía el país desde 1984, es decir, esperar hasta la contienda electoral programada para 1994. Más importante aún, concedía que la política económica no era negociable y que competía al área de acción gubernamental. Si la izquierda quería cambiarla tendría que ganar las elecciones y conquistar el ejecutivo. El proceso de reprivatización de la banca y del comercio exterior, el de reversión de la reforma agraria, la imposición del IVA, el programa de ajuste estructural y el resto de medidas inspiradas en el neoliberalismo, eran el sapo que había que tragarse a cambio de la paz, la legalidad y la democracia. En realidad, la correlación no daba para más.

La negociación descansó en una situación inédita: el divorcio entre el poder económico y el poder militar. La clase dominante se impacientó con el ejército, al que veía incapaz de lograr la victoria. Acusaciones de que muchos militares habían hecho de la guerra un negocio y que no tenían interés en terminarla, cobraban fuerza ante las evidencias de corrupción en distintos niveles de la institución armada. Percepciones que fueron decisivas para que la clase económica permitiera primero, y acuerpara después, el proceso de negociación. El consenso alcanzado con su contraparte en la negociación se basaba en este acuerdo tácito: el ejército y los cuerpos de seguridad podían tocarse, pero los temas económicos eran intocables. La democratización quedaba así reducida a la superestructura. Lo social y lo económico permanecería igual. Así la transición salvadoreña adolecía desde su arranque de una limitación fundamental: no atendía a las causas estructurales del conflicto, sólo se contemplaban medidas respecto a sus efectos y ni siquiera todos.

De tal forma no debería extrañar que a poco de iniciada la paz, el tema de la delincuencia y de la inseguridad creciente haya estado al centro de las preocupaciones. Primero se trató de un fenómeno típico de la posguerra, con ex combatientes de ambos bandos, a veces operando juntos, dedicados a asaltos, secuestros y extorsiones. Era un reflejo del desgaste moral y de la difícil reinserción de varios miles de personas cuyo único oficio era el de las armas. Después muchos fueron atraídos a esta nueva industria que son las agencias de seguridad privada, al tiempo que crecía la presencia del crimen organizado. El panorama se complicó con el fenómeno de las maras o pandillas y su reclutamiento por las mafias como repartidores de droga, sicarios o extorsionistas. El problema de base es el modelo de exclusión social que ha impuesto la clase dominante, que es a la inversa que en los países desarrollados: si allá se habla de “sociedad de los dos tercios” porque hay un tercio en la exclusión, aquí habría que hablar de “sociedad de un tercio” pues es una mayoría, posiblemente el doble en tamaño, la que está excluida. El primer reto a superar es conseguir que la violencia en tiempos de paz no siga superando las estadísticas de los tiempos de la guerra.

La conclusión de ese panorama debería ser obvia: a pesar del buen predicado que la solución negociada y la transición salvadoreña tienen en el mundo, ellas son claramente insatisfactorias e insuficientes para el país y sus habitantes. La transición debería declararse inconclusa ya que no se vive en El Salvador una real situación de paz ni tampoco real respeto a los derechos y libertades democráticas que tanta lucha y tanta sangre costaron. Al contrario, hay signos preocupantes de reversión. A partir de 1995 el país se estancó económicamente y está al borde de la recesión, según los estudios económicos más optimistas. El modelo no funciona y urge su recambio. Por eso la cuestión de la alternancia en el poder no es en El Salvador pura cuestión teórica. Para completar esta transición y volverla exitosa se requiere avanzar a otro modelo, desde un cambio de rumbo, que enfile al país hacia una salida viable. No hay mejor receta que democratizar la democracia. Es decir, consolidar sus logros en la esfera política y simultáneamente extenderla a lo social y a lo económico. El pueblo deberá imponer nuevamente su voluntad y su soberanía, pues sólo el pueblo podrá salvar al pueblo.

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