OPINIÓN

Omisiones

Francisco Díaz Rodríguez
cartas@elfaro.net
Publicada el 10 de diciembre de 2007 - El Faro

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Durante los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de diciembre 2007, hemos visto en primeras planas la situación de cerca de 650 familias tiradas a la intemperie, desde principios del mes, en un predio aledaño al Boulevard del Ejército. Se trata, según se informa, de un engaño a través de un falso proyecto de desarrollo.

¿Cómo es posible que ninguna autoridad tome cartas de inmediato en el asunto?

Para los efectos de esta pregunta estoy pensando en términos sociales, en términos humanitarios, no en términos de disputa judicial que si la hay será eterna. Estoy pensando en que se trata de cerca de un millar de personas, quizás en su mayoría mujeres y niños, que están ahí, bajo sol y luna, sin agua, sin instalaciones ni protección ninguna. ¿No es esto suficiente para que alguna institución del Estado actúe?

En mi opinión, el mandato constitucional de la Procuraduría General de la República (PGR) de “Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces” comprende una situación de emergencia colectiva como la que nos preocupa, no se agota en la defensa puramente jurídica de los casos que llegan a sus oficinas. No se trata ciertamente de que la PGR se ocupe por sí misma de la emergencia, pero sí de que tome la iniciativa de movilizar a las instituciones responsables de asistir materialmente a las necesidades básicas de la gente como en cualquier situación de emergencia. Debería también de inmediato ocuparse institucionalmente de la situación, pues ahí existe un conflicto sobre la propiedad y la posesión de los terrenos, conflicto que, por las noticias que se dan, puede llevar rápidamente a una confrontación entre comunidades. Frente a esa posibilidad, la experiencia de los Centros de Mediación de Conflictos de la misma PGR sería utilísima.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos podría también, por razones humanitarias, asumir una iniciativa semejante. Pero, en todo caso, quien no puede en manera alguna justificar su omisión es el Ministerio de Gobernación a través del COEN, Comité de Emergencia Nacional.

Probablemente nada de esto ocurra. Nuestras instituciones no reaccionan de esa manera, toman la iniciativa cuando las cosas revientan. Y como no se trata de una catástrofe natural, tampoco el Ministerio de Gobernación ni el COEN se sentirán aludidos. Por su parte, el partido en el Gobierno dignamente deslindó toda responsabilidad. “El Salvador, Gobierno con sentido humano”.

Lo que cabe esperar de la escasa visión y del carácter autoritario de nuestro Estado es el envío de contingentes de fuerza pública a fin de proteger la propiedad privada y de controlar a los revoltosos. Ojalá me equivoque.

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