EDITORIAL

Reformas electorales para atrás

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Las reformas electorales aprobadas sin previo estudio la semana pasada ponen innecesariamente en riesgo la gobernabilidad del país para las cruciales elecciones de 2009.

Eliminar el sello y firma del presidente de las Juntas Receptoras de Votos supone un retroceso a otros tiempos que ha costado tanto dejar atrás, con toda la lamentable experiencia de fraudes y trampas para asegurar resultados electorales.

No es válido de acusar a los que propusieron la reforma (ARENA y PCN) de estar fraguando nada. Hay otros mecanismos de control que deberían funcionar para evitar situaciones como ésta. Pero ya las cerradas elecciones para la Alcaldía de San Salvador de 2006 confirmaron que, lejos de eliminar requisitos, los procesos electorales requieren de mayores garantías para que a nadie queden dudas de la legitimidad de los resultados, sean cuales sean.

La elección presidencial, que podría terminar disputándose voto a voto, amenaza con colocar al país en un escenario similar, en el que bastará con que alguien diga que se ha perpetrado un fraude para que éste se convierta, sea cierto o no, en un hecho para los simpatizantes de la fuerza política que se considere engañada.

El problema está en la falta de credibilidad del árbitro del proceso, el TSE, que no sólo está excesivamente partidizado, sino que en los últimos años ha levantado obstáculos que antes exigían mayor consenso para la toma de decisiones.

En esta situación, la reforma electoral debería estar dirigida a otorgar de hecho y también en apariencia la mayor transparencia del proceso, con más y no menos garantías de la legitimidad de los resultados.

 Las reformas aprobadas la semana pasada van en contra de esta necesidad. No sólo se pasaron por alto los acuerdos de la comisión interpartidaria y amañadamente introdujeron la propuesta en la Asamblea, sino que han marcado un retroceso en un proceso de modernización de los eventos electorales que ahora está más lejos de la idoneidad.

En vez de lo aprobado, el Ejecutivo y la Asamblea debieron haber discutido y aprobado la despartidización del TSE, una ley de financiamiento de los partidos políticos y el voto en el exterior, lo cual nos hubiera acercado más a las experiencias de países más desarrollados en esta materia.

Lamentablemente, hemos dado un salto para atrás. Las elecciones de 2009 podrían colocarnos en un escenario más tenso, y menos controlable, de lo que hemos visto hasta ahora. Ojalá estemos equivocados.

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