EDITORIAL

Subsidio al desorden

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El subsidio a los transportistas a través de un nuevo impuesto a la gasolina vuelve a golpear un bolsillo fuertemente afectado en los últimos años. La clase media ha terminado pagando la incapacidad del Ejecutivo para lidiar con un gremio que ni mejora su servicio a la ciudadanía ni sufre las consecuencias de su desorden y negligencia al amparo del Viceministerio de Transporte.

Hace menos de un año, en este periódico, el entonces viceministro de Transporte (y hoy precandidato a la alcaldía capitalina por ARENA), Mauricio Chavarría, admitía haber autorizado rutas ilegales a los transportistas, amparándose en que lo hacía “en beneficio de la gente”.

Desde los años de la guerra, las diferentes organizaciones de transportistas han manejado su negocio y sus disputas sin mayor control gubernamental, y con la excepción del gobierno de Francisco Flores, que decidió retirarles el subsidio mediante el impuesto a la gasolina, han actuado sin mayores controles estatales y sin mejorar el servicio a la ciudadanía. Cuando Flores les retiró el subsidio, los automovilistas no dejaron de pagar el impuesto, que simplemente fue trasladado al naciente FOVIAL.

Ahora, además, los automovilistas deberán pagar el renovado subsidio a los transportistas. Es el quinto impuesto pagado en cada galón de gasolina.

Es cierto que el alza en los precios del petróleo ha dejado a los países en desarrollo en una crisis que, dada la importancia de los combustibles en la economía, provocan un efecto cascada que afecta a todos los sectores. Pero los automovilistas, que también han sufrido enormemente el alza de los precios de la gasolina, no tienen por qué cargar con las pérdidas de un sector privado.

Según los datos del Ministerio de Economía, apenas el 15 por ciento de los salvadoreños tienen automóvil. Ese quince por ciento se encuentra en su mayoría concentrado en una clase económica y social que ha sufrido más que ninguna otra la inflación en los últimos años y ha visto considerablemente disminuido su poder adquisitivo.

El gobierno, que se ha negado hasta hoy a gravar productos suntuarios, tendría una fuente de financiamiento más justa si exigiera un porcentaje de la venta de los mismos. Esto le daría una cantidad de dinero suficiente no para regalársela a los transportistas, sino para acolchonar sus pérdidas por el alza en los precios del combustible al tiempo que permitiría ir creando un fondo para la adquisición de nuevas unidades de transporte público administradas por el Estado, y comenzar así a deshacerse de un peligroso grupo de presión que controla un sector tan delicado para la población como el transporte público.

Pero en vez de eso el gobierno cedió a las demandas de los transportistas sin obtener a cambio nada que garantizara un funcionamiento más eficiente del servicio de transporte, y se vio obligado a anunciar nuevas medidas “compensatorias” para amortiguar los efectos del nuevo impuesto, aunque aún no ha determinado de dónde saldrán los fondos para financiar estas nuevas medidas. 

El desorden en el transporte público es, y seguirá siendo, un serio problema para los salvadoreños. Lamentablemente, ahora se ha cargado a los ciudadanos con un injusto impuesto que no aporta nada a la solución de este problema.

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