OPINIÓN / DE AQUÍ, DE ALLÁ

El tiempo de las víctimas

Enviar

Imprimir

No sólo el pasado, también el presente es el tiempo de las víctimas. La respuesta que demos hoy a su problema será parte del futuro que elijamos vivir.

Muchos de los afectados por la guerra todavía están aquí, a pesar del silencio que los cubre.

Los muertos, igualmente. Los muertos tienen el don de hacer preguntas. Su mirada traspasa el tiempo que vivieron y se posa en el presente como un rescoldo aún sin descifrar.

En torno a los dilemas que plantea una época que aún persiste, es posible que se esté formando nuestra conciencia cívica moderna. Por algo aquellos años tan crudos todavía representan un problema.

Joaquín Villalobos habla del futuro, como si las heridas del pasado sólo fueran un estorbo y no lo que son: un rasgo que hemos de interpretar y asimilar para hacerle un lugar en nuestra cara. Ese rostro ante el futuro no debe ocultar sus cicatrices.

Joaquín Villalobos es realista, examina causas y prevé consecuencias, así camina sobre el lomo de las cosas. Su enfoque tiende a ser conservador. Nos dice que las relaciones de poder constituyen el horizonte inevitable donde ha de plantearse el dilema ético y jurídico que supone la anulación de la justicia para las víctimas de nuestra guerra civil.

Sin embargo ninguna solución a este dilema será satisfactoria si no consigue ser “integral”, es decir, si no consigue compaginar en un solo movimiento la dimensión política con la sensibilidad ética o sea: la realidad con el valor, el pragmatismo con la ley.

Villalobos simplifica un problema complejo, lo disecciona únicamente con un tipo de categorías (de ahí su realismo). Le preocupa más adaptarse a “lo que hay” (como si la realidad fuese una argolla de hierro) que hacer “presión” u ofrecer una mejor alternativa (que no tiene por qué ser maximalista o radical) para una ley que ya no satisface.

Aquí se juega algo más que una simple oposición entre moral subjetiva y realismo instrumental, aquí también intervienen el Derecho como dimensión racional autónoma y el derecho como una prerrogativa que cualquier persona tiene de reclamar igualdad de trato ante la Justicia.

Veámoslo así: las víctimas son individuos cuyos derechos e intereses fueron lesionados por una ley que la razón política impuso. En algunos casos se justifica que los derechos individuales puedan sacrificarse (por el bien común, etc.), pero incluso entonces, por “respeto” a los afectados, se implementa algún tipo de indemnización.

En nuestro sistema de valores es de suma importancia “la persona”. La ciencia política maneja términos que aluden a “realidades” generales (democracia, autoritarismo, elecciones, opinión pública, etc.), pero la política, como praxis, aunque se ejerza sobre estratos de población y categorías grupales, en última instancia se dirige a “personas”. Y cuando esto se olvida, surge la posibilidad de que el poder se convierta en una fuerza que aplasta. La defensa de los intereses de la mayoría debe de ser sensible a los derechos individuales. De nuevo nos sale al paso la filosofía de John S. Mill. Los derechos que posee cada individuo remiten a su dignidad y al respeto que le debemos como persona. Por algo es que la Constitución salvadoreña asume a la persona como valor central; por algo es que no respetamos a la víctima como persona. Las relaciones asimétricas de poder se transforman en relaciones jurídicas asimétricas. En un mundo asimétrico, a quien no se le hace justicia (por su carencia de poder) tampoco se le concede valor como persona.
 
Y es aquí donde surgen, como un espejo ante nuestras caras, las limitaciones éticas y jurídicas de una amnistía que pudo dar más de sí, si hubiese sido una herramienta conciliatoria en otras manos y no en las nuestras. Entre nosotros la falta de castigo judicial ha sido entendida, de forma errónea, como inocencia. Y no es así. Quienes se libraron de una pena de cárcel, hoy se creen facultados para defender su “prestigio” y rehuir la verdad y la responsabilidad moral de todo aquello que hicieron.

Es la miopía del político la que le impide captar el significado que tiene la emergencia de lo ético, ahí donde sólo hubo una respuesta vertical (desde las alturas del poder) que impidió que la sociedad civil purgase hasta el fondo sus fantasmas morales. El lastre de la ley de amnistía fue haber nacido restringida por la lógica de lo político y de un sentido de lo político que adrede (quizás por miedo) buscó eludir una discusión pública profunda.

No, el problema no es que algunos recurran al lenguaje moral para abordar el problema de las víctimas y que otros lo planteen únicamente desde una visión pragmática. No, el problema no es que los partidarios del derecho y la moral, pobrecitos, no sepan distinguir las buenas intenciones de lo que es la cruda realidad. No, el problema radica en que no sabemos integrar las dos miradas y en que no alcanzamos a comprender que las “omisiones del poder” son juzgadas éticamente por la opinión pública. Ahí donde la ley no se aplica, deben de buscarse mecanismos compensatorios y debe de explicarse a la población cuáles son los hechos que no se juzgan, a quiénes se exime de responsabilidad penal, a quiénes no se les hace justicia y, sobre todo, por qué. La ley no puede ser furtiva y no por ser conciliatoria debe de renunciar a ser ejemplar.

Es imperioso que nos sometamos a una cruda ración de verdad, porque si un equilibrio político de fuerzas se las arregló para neutralizar al imperio de la ley, no es posible que también tenga licencia para deformar los hechos y para faltarle el respeto a la dignidad de las víctimas. Las víctimas portan el espejo donde se reflejan nuestras pequeñas y grandes miserias. Quien evita encararlo, no quiere encarar el presente y, por lo tanto, quiere llevarse al futuro el pesado fardo de una injusticia y de una verdad que ahora no se asumen.

De eso se trata, de asumir la verdad y abrirle paso a una cultura cívica moderna que verdaderamente se rija por el valor central de nuestra Constitución: la dignidad de la persona.

Enviar

Imprimir