OPINIÓN / DESDE LA ACADEMIA

El debate sobre la amnistía

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Paolo Luers tiene la rara habilidad de ir más allá de lo que se espera de un columnista, es decir, que analice o comente la noticia: él consigue crear la noticia, convertirse en noticia. Su columna en El Diario de Hoy “Para enjuiciar al adversario, primero hay que vencerlo” ha motivado a dos colaboradores habituales de El Faro a dedicar su columna al tema, para hacer sus consideraciones al respecto. Los comprendo. También a mí me resulta irresistible la tentación de entrar en diálogo con Paolo. Pero antes de caer en la red del hilo argumental de Paolo hay que fijar una perspectiva.

Lo primero es tomar en cuenta el contexto. Este debate se inserta en una coyuntura específica, en la cual el Estado salvadoreño está siendo seriamente cuestionado por el tema derechos humanos. Enfrenta una delicada situación en la OEA por el desacato en que incurre al no atender recomendaciones de obligatorio cumplimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de investigación en el caso Monseñor Romero y en el de los jesuitas. El antecedente de cumplimiento insatisfactorio en el caso de las hermanitas Serrano y la perspectiva de otras acusaciones al Estado por hechos de similar naturaleza complican aún más la situación para el gobierno. El cuadro negativo se agrava con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anulando la ratificación de los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de libertad sindical y contratos colectivos en el sector público, por inconstitucionales. Ello pone al país en el riesgo de quedar fuera del SGP, Sistema General de Preferencias, de la Unión Europea por el carácter obligatorio que da a dichos convenios para seguir gozando de dicho trato favorable, con lo que nuestros exportadores perderán toda competitividad. Se añade la exigencia que Europa está poniendo a los estados centroamericanos de ratificar el Estatuto de Roma, base del Tribunal Penal Internacional, que persigue delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, para seguir adelante la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques regionales. El Estado salvadoreño, a través del jefe del Poder Ejecutivo, ya se expresó en contra de la ratificación, contraria a los compromisos asumidos con Estados Unidos de no aplicabilidad del TPI a ciudadanos de dicha nacionalidad y que resulta además riesgosa por la participación de tropa salvadoreña en el conflicto de Irak.

La política de ARENA ha colocado al país en esta difícil situación, ha dañado gravemente la imagen del Estado salvadoreño, la credibilidad en su democracia y en la vigencia de los derechos humanos. Por otro lado, la coyuntura se aboca a una campaña electoral adelantada, en la que se perfila que el pasado violento de los actores políticos durante el conflicto armado volverá a ser parte de la lucha propagandística. Por todo ello no debería extrañar que un medio de comunicación como El Diario de Hoy, identificado plenamente con las posiciones de derecha más extrema, argumente contra una revisión o anulación de la ley de amnistía que permitiría reabrir judicialmente casos de violación de los derechos humanos e iniciar una investigación a profundidad que hasta ahora el Estado salvadoreño ha eludido. En dicho contexto que hemos esbozado resulta hasta lógico que alguno de los columnistas de El Diario de Hoy abordase el tema, atacase la revocatoria de amnistía y se pronunciase por sus supuestos efectos reconciliatorios.

Pero la argumentación entera de la columna que comentamos descansa en una tergiversación de los hechos: hace creer que la amnistía era parte de los acuerdos de paz. “Para obtener una solución negociada – afirma textualmente- y una paz sin vencidos, obviamente había que pactar una amnistía. De otra manera, no era posible” Es pura elucubración mental del autor. Los hechos desmienten esta argumentación, no sólo falta de rigor, sino rigurosamente falsa.

Tras unos dos años de negociación se alcanzó el Acuerdo de Paz que fue firmado el 16 de enero de 1992, mientras la “Ley de amnistía para la consolidación de la paz” fue aprobada el 20 de marzo de 1993. Ésta, concebida como una amnistía “amplia, absoluta e incondicional”, fue propuesta por iniciativa del Presidente Cristiani y contó con 47 votos, de las fracciones de ARENA, PCN y MAC, habiéndose abstenido el PDC y votado en contra  Convergencia Democrática. Era la respuesta estatal al Informe de la Comisión de la Verdad, dado a conocer por el Secretario General de la ONU el 15 de marzo de 1993, mismo día en que Presidencia de la República introdujo en la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto-ley de la amnistía. Ésta no fue consensuada en la negociación ni está en los acuerdos de paz. Por el contrario, como reconoció el Presidente Cristiani en su Mensaje a la Nación del 18 de marzo: “la Comisión de la Verdad es parte de los acuerdos firmados en Chapultepec el 16 de enero del año pasado; y por lo tanto, la Comisión de la Verdad y su informe deben de verse como parte integral de los mismos, no como algo separado de los acuerdos de paz.” No obstante ese reconocimiento, el gobernante impulsó la amnistía que impedía la puesta en práctica de las recomendaciones del Informe de la Verdad. La coyuntura era delicada, en especial por la postura del ejército, que el día 23 de marzo se pronunció contundentemente: “la Fuerza Armada reitera que el informe de la Comisión de la Verdad tergiversa la realidad histórica y contiene inaceptables imputaciones carentes de fundamento y objetividad contra la institución”. El pronunciamiento calificaba al Informe de “injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido”.

La postura castrense de aquel entonces tiene que ver con los hechos que el Informe de la Verdad consignaba: unas 22 mil denuncias contra estructuras del Estado frente unas 800 que señalaban al FMLN, o sea, el 96.5% apuntaban al terrorismo de estado mientras un 3.5% al de la insurgencia. Muchas de las denuncias admitidas hacían referencia a los mismos casos: 6 mil 182 casos o el 84% correspondían al Estado, 817 o el 11% a escuadrones de la muerte y 342 casos o el 5% se atribuían al FMLN. La Comisión de la Verdad decidió centrarse en unos pocos de ellos, aquéllos que por el impacto que habían tenido en la sociedad salvadoreña y en la opinión pública mundial, tenían mayor importancia y que además pudieran revelar “patrones de conducta sistemática”. Así la Comisión investigó varias masacres de población civil, el asesinato de Monseñor Romero, el de las monjas norteamericanas y el de seis sacerdotes jesuitas, además del asesinato de varios alcaldes en zonas de control del FMLN. Por este último caso la Comisión señalaba a la Comisión Política del ERP y solicitaba que fueran inhabilitados por diez años para optar a cargos públicos. El ERP se negó a cumplir con eso, al igual que se negó la Fuerza Armada, la Corte Suprema de Justicia o el mismo gobierno salvadoreño. Para eso sirvió la amnistía, para eludir el cumplimiento de esas recomendaciones, pese a haberse las partes comprometido a ello durante la negociación.

Paolo atribuye a quienes en otra coyuntura piden anular la amnistía y atender al Informe de la Verdad,- como se ha hecho en Argentina, Chile o España-, falta de sinceridad, cinismo y venganza. La mayoría de familiares de las 70 mil víctimas civiles del conflicto han asumido la postura valiente de Federico Hernández Aguilar: perdonar. Pero hay un derecho a la justicia y a la verdad que tendrá que abrirse paso algún día, no para fomentar el odio y la revancha, sino para coadyuvar a que algo tan atroz como lo que vivió El Salvador nunca más se repita. Tal como argumenta Álvaro Rivera Larios, si la amnistía respondió a una coyuntura y equilibrio de fuerzas muy específicos, en algún momento posterior y en otra constelación de fuerzas en la sociedad puede darse su reversión, según el mismo pragmatismo que impregna el argumento de Paolo. Cabría puntualizar: para atender la decena de “graves hechos violatorios” que investigó la Comisión de la Verdad, restablecer de una vez por todas la verdad histórica y las bases para una democracia asentada en la justicia y no en la impunidad. Para cortarle el paso a cualquier tentación de regresión democrática en dirección al fascismo, a la dictadura y al autoritarismo, que estuvo en la raíz de la tragedia salvadoreña del siglo pasado.

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