OPINIÓN / LA BUHARDILLA

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En el actual debate sobre los crímenes del conflicto salvadoreño se habla del Estado como si fuera una entidad caprichosa o inmóvil, poblada por gélidos fantasmas o diseñada al calor de intereses tan espurios como inalterables en el tiempo. Se confunde “Estado” con “Gobierno”, “justicia” con “legalidad” y “reconciliación” con “paz”.

Pero que haya este tipo de confusiones (inocentes o no) es lógico. Las dificultades no tardan en brotar cuando generalizamos en la catalogación de las reacciones humanas y las colocamos todas a la misma altura ética o psicológica. Cuando caemos en eso algo falla, porque ni las personas percibimos la realidad de la misma manera ni asimilamos el pasado bajo idénticos patrones morales o culturales.

Nos asegura el estimado compositor Luis Díaz Herodier, en una carta al Editor de EL FARO, que “el problema no es el perdón (individual o colectivo), puesto que ese es una decisión personal” [sic]. Y agrega: “El verdadero problema es la falta de justicia”. Sin embargo, por mucho que lo intento, no consigo estar de acuerdo con este enfoque —que nace de la buena fe, a no dudarlo—, porque tanto el perdón como lo que consideramos “justo” están sometidos a la subjetividad, que sólo es parcialmente transferible.

Aparte de la evidente contradicción en la que cae Luis al afirmar que el perdón es “personal” aunque sea individual o colectivo —suelen suceder este tipo de cosas cuando se reacciona—, lo que me parece más oportuno es poner atención a su válida inquietud sobre si seríamos capaces de hacer “justicia” tratando de obviar los nombres de “quienes fraguaron estos crímenes atroces”.

Hagamos el ejercicio mental de recrearnos una investigación sobre el asesinato de Monseñor Romero, y hagamos de cuenta y caso que aparece el nombre de un culpable. ¿En serio creemos que da lo mismo “Chana” que “Juana”? ¿Resultaría indiferente para el país que, finalmente, cierto nombre se confirmara o se descartara?

Osaré interpretar, no obstante, que el punto de vista de Luis es todavía más profundo que eso, y que en términos de estricta voluntad política, al menos en primera instancia, no tuviésemos que apelar a un culpable para iniciar la hipotética investigación. Incluso suponiendo que esto fuera posible —que no lo es, jurídicamente hablando—, ¿cómo controlar las reacciones humanas? ¿Cómo evitar que se le restara credibilidad al proceso, de una parte o de otra, si los resultados iban a tener lógicas consecuencias políticas para el presente?

En efecto, es el Estado (integrado por todos los salvadoreños) “el encargado de velar por la justicia para todos los salvadoreños”. Y si, como nos dice Luis, un cuarto de siglo ha transcurrido sin “ninguna investigación seria” y sin “ninguna intención de realizarla”, lo que podemos concluir es que existe un marco legal —porque eso es la tan vapuleada “Ley de Amnistía”— que nos protege (ahí sí: a todos los salvadoreños) de ser víctimas de las interpretaciones justicieras de alguna persona, sector o porción poblacional interesada.

¿Se ha renunciado, pues, a la justicia? Yo prefiero darle vuelta: hemos renunciado a imponer a nadie cualquier concepto particular de justicia, es decir, a limitarnos unos a otros los derechos ciudadanos conquistados por la paz pactada, aunque para ello tuviéramos que prescindir de algunas “verdades”. (Entrecomillo la palabra porque, de nuevo, siempre estará sometida a la subjetividad humana, sobre todo en temas tan delicados como el que nos ocupa).

Por otra parte, tiene mucha razón Álvaro Rivera Larios cuando dice que “aún [sic] aceptando que la cruda realidad impide todavía que se altere la vieja norma [en este caso, la Ley de Amnistía], no deja de ser válido que la conciencia jurídica (como un ejercicio de la razón y la libertad) no tiene por qué plegarse de forma ciega a las fronteras que impone la voluntad del poder”. Esta posición es sumamente valedera y, si se me permite decirlo, oportunamente mesurada. Muchas veces he diferido en redondo de ciertas ideas expresadas por el señor Rivera Larios, pero en este punto no puedo menos que reconocer su aporte.

De hecho, la razón de pragmatismo político esgrimida en su momento por Paolo Lüers queda aquí complementada: el poder, ya no digamos el que se ejerce en un marco democrático, es temporal, y esta característica le impide gravar de forma perenne, con el uso de la fuerza (incluyendo la ideológica o la mediática), el conjunto de conceptos particulares de justicia. En otras palabras, lo que terminará haciendo posible que determinado número de reparaciones se hagan no proviene de las exigencias circunstanciales —por muy nobles que sean—, sino de la conjunción de dos temperancias: la emocional y la temporal.

Por eso es que me llena de tanto optimismo, lo admito sin cortapisas, la última posición que el sacerdote jesuita José María Tojeira ha esgrimido en recientes declaraciones a El Diario de Hoy (6 de noviembre). El realismo con que el Rector de la UCA aborda las inteligentes preguntas del periodista Jorge Ávalos no tiene desperdicio. Uno podrá diferir en los detalles, pero no en lo sustancial: hay acciones concretas que podrían contribuir a atemperar las pasiones e invitar a la tranquilidad. Don Chema propone algunas (al Estado, más que todo), pero dejando que sean concebidas como puntos de partida para la discusión. Su esfuerzo de acercamiento es notable… y al menos yo sí quiero recogerle el guante.

En la actualidad no participo de las decisiones gubernamentales que podrían tomarse a partir de propuestas como las que hace el padre Tojeira, pero no hay nada que me limite a opinar sobre ellas, y, específicamente, alrededor de una que considero digna del más minucioso análisis: el Centro Nacional de la Verdad.

Dice Don Chema (Diario Co Latino, 5 de noviembre de 2007): “El Estado además debería aceptar, e incluso financiar, el establecimiento de un Centro Nacional de la Verdad que contenga documentación y recoja testimonios sobre lo acontecido en la guerra civil”. La idea, por supuesto, incluye condiciones de desclasificación del material recopilado que, tras ser bien discutidas, podrían llevar calma a sectores a los que el paso del tiempo parece causarles lógicas zozobras.

Con este artículo no sólo quiero sumar mi entusiasmo a este tipo de soluciones extra judiciales, sino declarar cuánto me gustaría formar parte activa del Centro Nacional de la Verdad. Me atrevo a montarme sobre la idea del Rector para sugerir que, aunque el Centro mantuviera una sana independencia frente a los poderes políticos, sí incluyera representantes de los mismos en sus órganos directivos o de consulta. Desde luego, habría que someter a debate bajo qué condiciones estos representantes (interesados al fin) podrían hacer valer su derecho a voz y voto —si es que llegaran a tenerlo—, o si tendrían acceso a los archivos, pero en todo caso exigiéndoles, so pena de perder su plaza dentro de la nueva estructura, que no hagan ningún tipo de declaración pública sobre las investigaciones realizadas por el Centro.

Si fuésemos capaces de llevar una propuesta como la anterior a un estadio de reflexión real, estoy convencido de que probaríamos la pertinencia de dar nuevos pasos hacia la consolidación de la paz social y la concordia política. Aprovechemos los gestos inequívocos de quienes sí quieren llegar a entenderse (que los hay, a ambos lados de la cancha nacional) y tratemos de mirar, aunque cueste, en una misma dirección. El ejemplo que ha dado José María Tojeira, miembro prominente del clero salvadoreño, es encomiable. Cuando algunos han querido partir a nuestra Iglesia en dos —algo que dudo mucho habría aceptado el propio Monseñor Romero—, qué refrescante es que alguien aparezca diciendo, con absoluta claridad: “Dialogar no es negociar, como parecen pensar algunos, sino buscar juntos una verdad que nos haga mejores a todos”.

*Escritor

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