OPINIÓN

Política de la arqueología
Nada nuevo bajo el sol

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Hace dos semanas este rotativo semanal refiere una reacción tardía de CONCULTURA. El organismo gubernamental se defiende de todo “conflicto ético” “al dejar los sitios arqueológicos —tres de los siete más relevantes, San Andrés, Cihuatán y Joya de Cerén— en manos privadas. A un mes de la conferencia de la American Association of Archeology (ASA, Austin, Tejas, 25-29/Abril/2007), “exige retracción” ante lo que considera “calumnia”. Para los gestores de “la política pública”, no hay que asociar colecciones particulares a saqueo. Tampoco existe un mayor número de piezas privadas que públicas. Acaso la lógica del estado moderno delega la política nacional de la investigación arqueológica hacia instituciones privadas.

Lo curioso del debate resulta de la manera en que no ofrece “nada nuevo bajo el sol”. Por lo contrario, reitera una denuncia que hace Pedro Geoffroy Rivas -Premio Nacional de Cultura (1977)- a finales de la década de los cincuenta. El poeta y lingüista predice las acusaciones que profesionales estadounidenses de la arqueología esgrimen contra la política cultural en curso, al igual que posibles represalias por parte de la autoridad gubernamental. Al juzgar que los cargos apuntan hacia autoridades oficiales no extrañaría que los denunciantes prosiguieran la suerte de compatriotas que les anteceden. De llegar a tal reprimenda, auguraríamos un encierro nacionalista, en plena globalización, al igual que un retroceso en la investigación arqueológica.
 
“Siguen saliendo del país, a ciencia y paciencia de las autoridades, joyas de inmenso valor que según la Constitución Política de la República, son propiedad de la Nación. Hace dos años supe que en las excavaciones de una presa que se construía en el Río de Desagüe, cerca del lago Güija, se estaban encontrando piezas arqueológicas, las cuales eran vendidas por los trabajadores a diversos extranjeros, entre ellos algunos representantes diplomáticos. [El patrimonio nacional] se encuentran en manos de particulares salvadoreñas [ya que] el Museo Nacional […] se encuentra en un lamentable abandono, material y científico [hasta a] Stanley Boggs [con] diez años de exploraciones en el Tazumal […] se le ha negado la entrada [al país y] la cerámica catalogada por él [—como] otras colecciones de material entregadas por William Coe— ha sido revuelta y confundida por manos inexpertas [o] abandonadas en un patio (Pedro Geoffroy Rivas, “La tragedia arqueológica de Cuzcatlán”, Sábados de Diario Latino, 21 de febrero de 1959).

Si carecemos de documentación para validar o desmentir la relación entre saqueo y colecciones privadas —número de piezas públicas y privadas— creemos que tan dañina resulta la socialización extrema (Cuba, Venezuela) como la privatización a ultranza de los recursos naturales y patrimonio nacional (El Salvador). A medio siglo de la queja de Geoffroy Rivas, nos preocupa que la nacionalidad salvadoreña aún no cuente con instituciones profesionales, públicas y autónomas, capaces de gestar la integridad de su legado histórico. Nos preguntamos por qué CONCULTURA confía más en la gestión intelectual privada de los bienes nacionales que en instancias públicas como el propio Museo Nacional (MUNA), bajo su propia jurisdicción, y la Universidad de El Salador (UES), único centro público de enseñanza superior con una carrera de antropología en pleno despegue.

Juzgamos necesario establecer lazos estrechos de colaboración entre organismos gubernamentales y empresa privada. Pero esta alianza no debería significar que el estado salvadoreño claudique eximiéndose de su responsabilidad por la administración del patrimonio nacional. Apelamos a que dirigir la nación le corresponda a instancias públicas que —como el caso mexicano— posean cierta autonomía financiera e intelectual. Acaso al delegar la gestión de los bienes culturales a la empresa privada, el estado salvadoreño declara su incapacidad profesional por administrar el bien común para el cual ha sido electo.

Para el ideal privatizador, incluso un Instituto Nacional de Antropología e Historia —instancia intelectual rectora del patrimonio nacional— resulta inimaginable. Lo lógico sería que existiera un “Comité Intelectual del Patrimonio Nacional”, al igual que una instancia diplomática que reclamara la retribución del legado salvadoreño disperso por el mundo, según lo atestigua la antigua denuncia de Geoffroy Rivas confirmada por un amplio archivo fotográfico que la documenta visualmente (véase: ilustración). La inexistencia de ambas iniciativas significa talvez que como hace medio siglo defender la herencia nacional carece de sentido.  

Ilustración: “Cabeza de jaguar”, ¿paradero conocido? Foto de Pedro Geoffroy Rivas. De existir verdadero interés por rescatar la herencia arqueológica nacional, la simple publicación del legado fotográfico geoffroydiano —el de Boggs, etc.— aportaría prueba fehaciente para su búsqueda e identificación. Aseguramos que El Salvador no sería el primer país en iniciar trámites semejantes.  

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