OBSERVATORIO LEGISLATIVO

Partidos buscan acuerdo para reformas electorales

Los partidos políticos intentan ponerse de acuerdo en las nuevas reglas que regirán las elecciones de diputados, alcaldes y presidente de 2009. El escenario, la comisión interpartidaria de reformas electorales, creada en septiembre de 2005. El reto, consensuar un listado de nueve puntos prioritarios que van desde la creación o reforma del Códio Electoral hasta la separación de elecciones.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 05 de febrero - El Faro

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La carrera por las elecciones de 2009 ya inició y los partidos políticos intentan ponerse de acuerdo en las reglas del juego, después de los resultados obtenidos en 2004 y 2006 y de la incapacidad dentro de la Asamblea Legislativa de sacar acuerdos en materia electoral.

Estos dos puntos dieron vida a la comisión interpatidaria –convocada por Ciro Cruz Zepeda, secretario general del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y apadrinada en lo económico y técnico por la comisión política de la Asamblea Legislativa  el 27 de septiembre de 2006 con el objetivo de buscar entendimientos en “el corto plazo” sobre las reformas electorales que nunca encontraron consenso dentro del parlamento.

La propuesta era válida ante los más de 200 expedientes –“obsoletos, la mayoría de ellos”, dice Óscar Segovia, de Cambio Democrático (CD)- pendiente de revisión dentro de la comisión de Reformas Electorales del parlamento. “La lógica de la Interpartidaria no es la ‘orden de llegada’ que existe dentro de la Asamblea Legislativa”, asegura.

La comisión creó una matriz de trabajo con todas la propuestas electorales de los partidos políticos entregadas entre el 6 y el 13 de octubre. El listado dejó 39 temas propuestos sobre los que se debería trabajar. Para el 9 de enero de este año, el listado se había depurado a nueve temas prioritarios, entre los que se destacan la reforma al Código Electoral; la auditoría al registro del padrón electoral; la separación de elecciones presidenciales de las legislativas y municipales; y el voto residencial y el electrónico.

“La interpartiadira, para ser dinámicas de partidos políticos, va caminando muy bien. Se han mantenido las reuniones una vez por semana y hay representaciones de primer nivel de los distintos partidos políticos”, resume Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El primer resultado de la interpartidaria fue el prorrogar la vigencia del Documento Único de Identidad (DUI), que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de diciembre de 2006, y la auditoría especial al padrón electoral que realizaría la Organización de Estados Americanos (OEA). “Aunque todavía se mantiene el tema del DUI como un punto de estudio porque está en discusión mantener la gratuidad y la auditoría del mismo”, asegura Segovia.

Ahora, el reto de la comisión es sacar adelante los temas prioritarios para asegurar los resultados en la elecciones de 2009.  “Sí no le entramos en serio en estos nueve puntos es difícil que haya elecciones democráticas y transparentes”, resume Jorge Jiménez, diputado del FMLN y miembro de la comisión.

Desde los medios de comunicación, la petición de separar las elecciones de 2009 acaparó titulares desde el primer momento. La moción llegó a la comisión interpartidaria de mano de los Partidos de Conciliación Nacional (PCN) y el Demócrata Cristiano (PDC), y comprometió el análisis del lado de ARENA.

Desde el primer momento, el PCN, promotor del grupo de trabajo, pidió separar las elecciones como un mecanismo para que la polarización presente en los últimos eventos presidenciales no contaminara la oportunidad de los partidos pequeños en las elecciones locales para alcaldes y diputados. La Democracia Crisitana se sumó añadiendo la necesidad de incluir mecanismos que aseguraran la separación de la campaña política.

Para algunos políticos, la petición de separación es una manera de “salvataje” de los partidos pequeños tras ver cómo su caudal de votos baja en elecciones presidenciales. Por ejemplo, el PCN obtuvo 181 mil 168 votos para diputados durante las elecciones legislativas de 2003, que le valieron 16 parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Tres años después, el partido de las manitas aumentó a 228 mil 196 votos válidos para obtener 10 diputados. Pero en el interín, el PCN –junto a al PDC y al Centro Democrático Unido- desapareció al no alcanzar los votos suficientes para mantenerse como partido legalmente inscrito. Sus 61 mil 728 votos le valieron sólo para un 2.71 por ciento de votos válidos emitidos durante las elecciones presidenciales de 2004.

Más allá de la convenciencia partidaria, el FMLN ha mostrado escepticismo ante la capacidad del TSE para realizar tres eventos electorales, incluyendo una eventual segunda ronda durante la elección presidencial. Además, estaría el “millonario gasto” en que incurriría el Estado al realizar estas elecciones.

“Estamos pidiendo algo que legalmente se puede hacer y que está en manos del TSE”, dice Mario Ponce, diputado del PCN, y agrega: “Asegurar la democracia en el país tiene un costo alto. El análisis económico arroja que sólo se tendría un aumento del 35 por ciento en hacer dos elecciones porque el Tribunal ya tendría la capacidad instalada para hacerlo”.

Parker ve cada vez menos con buenos ojos la separación. “El PDC sólo estaba acompañando una idea que surgió en la interpartidaria porque se miraba que podía ser sano que no se contaminara las elecciones locales. Ahora creemos que es mejor hacer un solo evento electoral”, sostiene.

ARENA se mantiene al margen, aduciendo que todavía esperan los resultados de un análisis técnico y económico realizado por el TSE.

Araujo ya adelantó que cualquier petición de separación de elecciones girada por cualquier instituto político deberá ser hecha con antelación y con base en argumentos sólidos para “su posterior evaluación”. Aprobar la separación, según el artículo 224 del código Electoral, queda a discreción del TSE y para lo cual necesita el concurso de mayoría simple. Sin embargo, el magistrado también ha dicho en diferentes ocasiones que dentro de los planes del Tribunal no existe la separación de los procesos electorales.

Los temas lejanos

Más importante para los partidos políticos sería el estudio de reformar o crear un nuevo Código Electoral. A finales de enero pasado, una comisión interna del TSE hablaba de la necesidad de reformar 110 artículos del código actual, retomando elementos de la legislación mexicana –conteo de votos y uso de teconología- y panameña –sistema de voto residencial- de cara a las elecciones legislativas, municipales y presidenciales de 2009.

La propuesta del Tribunal incluye la oblegatoriedad de los votos de los magistrados provenientes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la emisión de fallos: uno, en caso de mayoría simple (3 votos); dos, para la mayoría calificada (4 votos). Con ello se intenta despartidizar las decisiones del organismo colegiado.

Las principales críticas al paquete de reformas se ven desde el FMLN, quien tiene su propio listado de reformas. Walter Durán, diputado del Frente y miembro de la comisión, asegura que no se ha incluido en el paquete de reformas el manejo del registro electoral, entre otras cosas. “No hay vances sustanciales y faltan contenidos en la propuesta del TSE”, dice.

“Creemos que la discusión en este tema no tiene que ser solamente lo que dice Araujo”, rescata Segovia. “En su mayoría son artículos a reformar en virtud de que se venció su utilidad como artículos, porque mencionan mecanismos y funciones que el Tribunal ya no tiene. Para nosotros se tiene que introducir la separación jurisdiccional de los magistrados, en función que impartan justicia electoral, de la parte administrativa, que es el brazo operativo que ejecute los procesos electorales”.

“Hablar de reformar 110 artículos es casi cambiar totalemente el código”, dice Párker, cuyo partido aboga por “hacer uno nuevo” y apunta que la discusión del mismo podría ser a largo plazo a pesar de su importancia para las elecciones.

Más lejos se ve la utilización del voto residencial y electrónico, incluidos en el listado de prioridad, pero que parecen competir entre ellos a la hora de ser abordados dentro del TSE. El Tribunal descartó la implementación del voto electrónico por la necesidad de “fortalecer” el voto residencial y hasta entonces se podría “pensar en otro tipo de tecnología”, según  expuso Araujo a La Prensa Gráfica a mediados de enero.

Aún cuando el magistrado presidente del Tribunal descartó ante la comisión interpartidaria  el uso del voto electrónico en 2009, aseguró que “el organismo electoral será un facilitador del debate, porque la sociedad debe escuchar los argumentos a favor y en contra” del nuevo sistema.

Para Parker y Segovia, la descalificación por costos económicos que hace Araujo del voto electrónico y residencial es una muestra de “falta de voluntad política” de los partidos mayoritarios, quienes aprovechan el gran aparataje de personal montado para cada elección con la asignación de empleos temporales.

“El voto residencial, a pesar de los limitantes económicos que tuvo, tuvo una gran receptividad  y es una opción real para bajar el nivel de ausentismo en las próximas elecciones”, aseguró Arnoldo Bernal, miembro de la Comisión por el Frente Democrático Revolucionario (FDR), partido que aboga por que el TSE “concluya a menor plazo posible la eleboración de su cartografía electoral a nivel nacional”  para que fuera implementado en estas elecciones.

El voto residencial se encuentra tipificado dentro del Código Electoral y desde 1994 se encuentra en “estudio”. La última vez, en las elecciones de marzo de 2006, implementó un plan piloto en siete municipios del país. La intención de estudiar el voto electrónico llegó a la mesa de discusión desde el mismo TSE, donde se alabó sus beneficios.

Algunos magistrados como Julio Moreno Niños y Mario Salamanca, por el PCN y la CSJ, han destacado que ese sistema terminaría con el problema de los votos nulos e impugnados; así como dirimiría votaciones cerradas como la pasada elección de alcalde municipal de San Salvador. El punto en contra sería la falta de fondos económicos para su realización. “En la democracia todos queremos tener la modernidad más grande, pero eso no es gratis”, ha dicho Araujo.

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