La Unión y la Zona Norte, desarrollo sin ley

El FMLN abanderó la lucha contra la construcción de la Longitudinal del Norte, el proyecto fuerte del Ejecutivo para el desarrollo de la zona norte del país y que será financiado con los fondos donados por la Corporación del Milenio de Estados Unidos. Mientras, la necesidad de una legislación en materia de ordenamiento territorial, una herramienta clave para asegurar el desarrollo en la zona oriental con la construcción del nuevo puerto de La Unión, pasó casi desapercibida en los primeros nueve meses de  legislatura.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 01 de enero - El Faro

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La ratificación de los fondos a la Corporación del Reto del Milenio de Estados Unidos (MCC), por sus siglas en inglés, dividió posiciones entre el FMLN y el resto de bancadas de derecha al interior de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la creación de una ley de ordenamiento territorial sigue siendo la  asignatura pendiente de los legisladores si se quiere asegurar un verdadero desarrollo tanto en el norte del país como en el puerto de La Unión, los dos polos de desarrollo a los que le apuesta el Ejecutivo.

Desde un inicio, el Frente condicionó sus 32 votos para conseguir la mayoría calificada en una eventual ratificación de la donación a que el gobierno desistiera de la construcción de la carretera Longitudinal del Norte (CNL), que atravesaría los 330 kilómetros, además de incluir un componente de mejoramiento de caminos rurales, con un costo de 233.5 millones de dólares desde que El Salvador presentó el proyecto MCC.

Marco Tulio Mejía, diputado del FMLN, aclaró la posición de su partido sobre la construcción de la carretera Longitudinal del Norte a principios del mes de julio durante una sesión de la comisión Obras Públicas, Transporte y Vivienda. “Los fondos del Milenio deben ser utilizados para proyectos de recursos naturales”, dijo, en sintonía con la propuesta que hizo la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) a la comisión de Salud y Medio Ambiente del parlamento de utilizar la donación de Estados Unidos para recuperar la cuenca del río Lempa.

La preocupación del partido de izquierda y de las diferentes organizaciones ambientalistas que criticaban el proyecto se centraba en el posible daño ambiental que pudiera causar el 15 por ciento de apertura de nuevos caminos y la ampliación del 85 por ciento de los caminos ya existentes. “No vamos a apoyar este proyecto”, abonó Salvador Arias.

La posición tomada por el Frente hizo sonar las voces de alarma de que el tema se había polarizado y politizado dentro de la Asamblea, algo que no ocurrió a nivel local durante las consultas ciudadanas sobre el proyecto. Kenneth Miller, oficial de programa para El Salvador de la Corporación del Milenio (MCC), aseguró a El Faro que “si esto se vuelve un proceso político quizás los beneficios de estos programas no van a llegar tan rápido a la población que lo necesita y eso no es justo para la gente de la zona Norte. Nosotros reconocemos que hay una diferencia entre la política local y la política nacional”.

El 8 de noviembre, después de que el vicepresidente de Programas Nacionales de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), John Hewko, confirmara la donación de  461 millones de dólares, 20 más que lo solicitado originalmente a la MCC y beneficiando a 96 municipios, el FMLN se mantuvo firme en su posición a pesar del apoyo mostrado por los mismos alcaldes efemelenistas de la zona norte y aseguró que no se había analizado si se darían los votos para su ratificación porque existían “opiniones diversas sobre la Longitudinal del Norte”. “Por supuesto que estamos de acuerdo con recibir donaciones, pero siempre y cuando haya transparencia en el manejo de los fondos y que, de preferencia, esos se manejen a nivel de los gobiernos locales”, dijo a El Faro la diputada Blanca Flor Bonilla.

Durante la última sesión plenaria del año, el 21 de diciembre, el FMLN sumó sus votos para aprobar la ratificación de la donación, que incluye fondos destinados a desarrollo productivo (87.47 millones); desarrollo humano (95.07 millones) y para la administración monitoreo y evaluación del programa (44.85 millones).

Sigfrido Reyes, vocero del FMLN, mostró el respaldo a medias que su fracción le daba al convenio asegurando que “no podemos ni debemos pensar que este aporte de los Estados Unidos va a resolver los problemas de la zona norte. Es importante para El Salvador que este convenio sea ratificado por esta Asamblea, pero que además se establezcan mecanismos acordes a lo planteado en este documento, en un marco donde se aseguren acciones concretas sobre riesgo de medio ambiente que pueda garantizar que no se afecte la zona. Creemos importante también que se garantice la participación de los sectores en las zonas”.

El Frente quiso condicionar en un primer momento sus votos a que representantes de las alcaldías beneficiarias encontraran espacio en la junta directiva del Fondo del Milenio (FOMILENIO), una de las entidades que velará por el manejo del dinero y que estará formada por representantes del gobierno, la empresa privada y organizaciones no gubernamentales. Al final, la propuesta efemelenista no prosperó.

El olvido legislativo

El caso del Puerto de La Unión es diferente. La construcción del nuevo puerto, a cargo del consorcio nipón-belga TOA Corporation/Jan De Nul, sigue su marcha a pasos firmes, pero los planes de desarrollo de la región oriental carecen de una institución que tome las riendas de los mismos y una legislación que defina a los actores, sus funciones y sus responsabilidades al momento de su ejecución. Algo que no ha merecido mucho tiempo de trabajo de los legisladores.

Los ejemplos de este vacío legal ya se hicieron ver. El 14 de junio, el presidente de la República, Antonio Elías Saca, viajó desde San Salvador para inaugurar el hotel Confort Inn La Unión, el más moderno del departamento y que se ubica, según explica el plan de desarrollo de la región, en una zona eminentemente industrial no apta para ese tipo de construcción. “El hotel no podría estar ahí”, reconoció Santiago Aguilar, director del proyecto Puerto de La Unión de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). “Si se hubiera tenido todo esto planificado, ese hotel tendría que haber estado en otro sitio”. 

Los beneficios en números en la presentación formal del proyecto apuntaban a un crecimiento estimado del cinco por ciento anual, como mínimo, del Producto Interno Bruto (PIB) regional; crecimiento tres por ciento de la población hasta llegar a un 81 por ciento en 20 años; la construcción de más de dos mil nuevos hogares hasta el 2025; y crecimiento de tres a cuatro por ciento anual de empleo.

Pero al listar las debilidades del proyecto Aguilar reconoció que la falta de una legislación de ordenamiento territorial frenaba el desarrollo y capacidad de expansión del puerto a pesar de que las zonas aledañas a la construcción permitían un crecimiento de la infraestructura.

Según Saca, cuando se decidió la construcción del puerto, el gobierno central mandó el mensaje  de que no quería “concentrar el desarrollo totalmente en la capital”. Pero el mandatario no dijo cómo su gobierno aseguraría que el desarrollo del proyecto se reflejara en la ciudad porteña y quién o qué organizaciones serían las encargadas de llevar a cabo esos planes. La falta de definición de actores y controles disparó los precios de bienes y raíces de la zona y en algunos terrenos ya se iniciaron obras para su notificación, sin tomar en cuenta los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para la zona. Planes que involucran a diferentes ministerios, autónomas y a las municipalidades.

En esa materia, quien lleva la batuta es el Vice ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VVDU), pero las decisiones finales y trascendentes se toman en la secretaría técnica de Casa Presidencial, dirigida por Eduardo Zablah, mientras no exista el marco legal que determine las funciones de cada actor o institución.

Para Fredys Hernández, alcalde de La Unión, el mayor problema es que todavía falta definir cómo estas instituciones tienen que trabajar en equipo y una instancia clara a quién abocarse en caso de que esto no se haga de la manera correcta. Para él, cualquier propuesta de una nueva ley debería pasar por la discusión de los municipios, los principales gestores.

El primer paso en La Unión es el plan de ordenamiento de la región, que cuenta con una propuesta técnica de planificación territorial y urbanística en la que se zonifican  los espacios rurales, no urbanizables, sistemas viales, drenaje y saneamiento de aguas, tratamiento y disposición de residuos sólidos. ¿Quién obligará a que esto se cumpla?, sin  ninguna legislación, el proyecto sólo es letra sobre papel. Pero el crecimiento desordenado sigue su marcha.

Desde la asamblea legislativa, Mario Ponce, diputado del PCN y presidente de la comisión de Municipalismo, ha hecho suya la consigna de crear una ley de ordenamiento territorial y aprobarla en el menor tiempo posible. La propuesta inicial se presentó el 28 de junio, pero la comisión tuvo los primeros acercamientos con diferentes sectores para ello hasta el 15 de noviembre, cuando se reunió con la Red de Cooperantes para el Desarrollo Local (RECODEL).

Aparentemente el proyecto de ley saldrá desde Casa Presidencial, donde ya existe un borrador de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, de noviembre de 2005, y una propuesta de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, desde marzo del mismo año.

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