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OBSERVATORIO LEGISLATIVO Asamblea Legislativa quita fuero a diputado Silva PereiraEl congreso en pleno estimó que había lugar a formación de causa en contra del diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de cohecho y lavado de dinero. Roberto Carlos Silva Pereira quedará a disposición de la Cámara Primero de lo Penal, de la primera sección del centro, en San Salvador. Rodrigo Baires Quezada
No hubo sorpresas. La Asamblea Legislativa, con 82 votos a favor, desaforó el miércoles 29 de noviembre al diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN) Roberto Carlos Silva Pereira, quién estuvo ausente en la sesión extraordinaria del parlamento. Sólo Guillermo Ávila Qüehl, que actuó como Fiscal legislativo en el proceso de antejuicio, y Elizardo González Lovo, diputado pecenista por La Unión, ausente al momento de tomar la decisión, se abstuvieron de votar. Walter Durán, diputado del FMLN y secretario de la comisión especial de antejuicio, se encargó de dar a conocer la resolución favorable que bajó al pleno -“Esta comisión especial emite dictamen declarando que hay lugar a formación de causa en contra del diputado suplente”, leyó el parlamentario- pero el contenido del documento ya era del conocimiento público. La Fiscalía General de la República solicitó el desafuero de Silva Pereira acusándolo de cohecho (sobornos a funcionarios públicos) y lavado de dinero el 25 de septiembre pasado. Tres días después, el requerimiento fiscal fue conocido por el pleno y el 5 de octubre se nombró la comisión especial de antejuicio para iniciar el proceso de desafuero. Entonces, ya diputados de diferentes fracciones políticas, incluso del PCN, adelantaron que de haber “indicios suficientes” se procedería al desafuero. “Creo que se está poniendo a prueba el sistema, la institucionalidad, el fiscal manifiesta que es una probable participación... Estaremos vigilantes de lo que se pueda decir a favor o en contra de esta situación”, dijo el jefe de bancada pecenista Roberto Ángulo. El presidente del COENA y de la República, Antonio Elías Saca, ya había adelantado el 5 de octubre que los 34 votos de ARENA estaban listos para “quitarle el fuero a cualquier diputado que esté metido en ilícitos, no sólo a Silva”. “El dictamen está casi listo”, comentó el martes 28 de noviembre Carlos Rolando Herrarte, coordinador parlamentario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente de la comisión de antejuicio. “Se solicitará al pleno el desafuero del diputado Silva y será la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador la que decida si hay indicios suficientes para que sea juzgado penalmente. Nosotros no somos los encargados de juzgarlo”, repitió el parlamentario. En la tarde del martes ya existía el convencimiento de todas las fracciones políticas, incluso del PCN, que Silva Pereira sería desaforado.
La sesión plenaria “Se llegó a la firme convicción de la existencia de evidencias suficientes que deben ser conocidas por el juzgador competente”, rezó el dictamen leído por Durán ante el pleno. “Se encontraron irregularidades que podrían recaer en una situación al margen de la ley, cometiendo un posible ilícito”, remató el efemelenista justo cuando el equipo de abogados de Silva Pereira revisa los documentos del alegato de inocencia que haría frente al pleno. El diputado pecenista había insistido en su inocencia en los primeros días del caso, aunque luego dejó de dar declaraciones a los medios de comunicación y dejó todo en manos del equipo de defensores. En una de sus últimas apariciones públicas en el parlamento, Silva Pereira aseguró que “con mis abogados estamos preparados para desvanecer todo lo que dicen (la Fiscalía). No ha habido nada ilícito. En su momento conocerán las pruebas”. El miércoles, aún cuando disponía de una hora para dirigirse al pleno, según el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, prefirió quedarse en su casa, junto a su esposa Nora Parada de Silva, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. El contenido del dictamen no fue una sorpresa para Luis Edgar Morales Joya, defensor principal del diputado suplente. Desde el principio, la defensa de Silva adujo que su cliente había cometido errores administrativos y no delitos de cohecho y lavado de dinero, como lo indica la FGR. “Demostraremos lo que siempre hemos dicho: que no estamos en presencia de delito con los elementos que ha dado la Fiscalía”, dijo Morales Joya un día después que se nombró a la comisión especial. El miércoles, durante su exposición final ante el pleno, el abogado retomó sus palabras. “No estamos en presencia de un delito”, dijo; centró sus alegatos aduciendo que las transacciones de las empresas de Silva Pereira se realizaron apegadas a la ley, que se entregaron pruebas documentales que muestran la transparencia de las licitaciones ganadas y que el origen de sus fondos provienen de una herencia en vida que le hizo su padre. Para cierre, Morales Joya arremetió contra el testimonio vertido por el ex alcalde de Berlín y testigo criteriado por la FGR, Ramón Ernesto Palma, quien reconoció haber recibido cerca de 300 mil dólares de Silva Pereira para asegurar la adjudicación de ocho obras de construcción. “Esto se trata simplemente de un caso político”, afirmó. Pero según dijo Durán, la declaración de Palma confirmó que existen “sustentados elementos probatorios” del delito de cohecho activo. En el caso de lavado de dinero, el efemelenista aseguró que la defensa no pudo probar un origen legal del dinero que posee el diputado suplente. “No existe un registro contable que acredite el buen actuar de las empresas de Silva y su familia”, afirmó. Ávila Qüehl, al momento del alegato final de la Fiscalía legislativa, explicó a sus colegas que existían pruebas del manejo de millonarias cantidades de dinero y de sobornar a ex alcaldes para conseguir licitaciones de proyectos. “Existen pruebas documentales y el testimonio del ex alcalde de Berlín Ramón Ernesto Palma Alfaro, quien confesó que recibió dinero de parte de Silva”, remató. Rolando Alvarenga, diputado de ARENA, reconoció que las “inconsistencias” en el manejo de dinero y propiedades eran sospechosos y son suficiente indicio que se quiso ocultar el origen de los mismos. “No coincide el patrimonio que tiene el diputado Silva con respecto a las actividades que han realizado él, su familia y sus empresas y el tiempo en que ha conseguido ese capital”, aseguró Óscar Kattán, de Cambio Democrático (CD). El voto que faltó Tras los alegatos finales fue el turno para los diputados. Uno a uno, parlamentarios de las cinco fracciones partidarias solicitaron la palabra y apoyaron el contenido del dictamen. La aritmética estaba en contra de Silva Pereira y para cuando Rubén Orellana, presidente de la Asamblea y diputado pecenista, sometió el dictamen a votación la pantalla electrónica del Salón Azul reflejó 82 votos a favor. Los votos que faltaron fueron de Ávila Qüehl, quien adujo que se abstuvo por haber fungido como fiscal legislativo –“Sería como ser acusador y juzgador al mismo tiempo”, aseguró-; y de González Lovo, el único defensor público de Silva Pereira. Antonio Almendáriz, diputado pecenista y miembro de la comisión especial, había asegurado que su fracción le encomendó votar el dictamen de “acuerdo a su conciencia”, igual como se haría en el pleno al momento de votar por el desafuero. Sin embargo, el martes por la tarde, Almedáriz se reunió con algunos diputados pecenistas, según relató Francisco Merino, y se estimó que “habían suficientes indicios de ilícitos en las pruebas mostradas” para que se votara en grupo a favor de retirar el fuero parlamentario. ““Los que estuvimos presentes en la reunión de fracción, acordamos respaldar el dictamen de la comisión. El PCN tiene dos miembros que fueron nombrados para ser vigilantes del proceso y lo respaldamos. Los que estuvimos presentes vamos a votar apoyando el dictamen”, dijo Roberto Ángulo, coordinador de la bancada. Los ausentes: Orellana, que se encontraba en reunión de junta directiva; Orlando Arévalo y Sandra Salgado, quienes se encontraban en misión oficial; y González Lovo, el único pecenista que no votó a favor del inicio del proceso de desafuero. Diputado por La Unión, González Lovo fue el único que respaldó públicamente a Silva Pereira durante todo el proceso. El mismo 25 de septiembre se sentó junto a su compañero durante una conferencia de prensa acuerpando la defensa adelantada de su diputado suplente. Desde entonces, todas las declaraciones públicas de González Lovo estuvieron aderezadas con frases de defensa: “El partido ha hecho lo que legalmente tiene que hacer, mandar un mensaje positivo a la población, pero no lo ha dado la espalda a su diputado”, aseguró el 7 de octubre; “yo esperaría que la comisión haga sus valoraciones legales, jurídicas, apegadas a derecho, y no una valoración política”, agregó el parlamentario el 12 de octubre. El lunes 27 de noviembre, tras conocer la decisión de la comisión de antejuicio, el parlamentario comentó que no votaría a favor de la misma. “No existe la más mínima prueba de que se hayan cometidos esos delitos, tal como exige la Constitución, para desaforar a un funcionario”, aseguró. Sus palabras valieron para que Orellana dijera que una acción de este tipo podría merecer “un análisis al interior de partido”. El miércoles, en el momento de la votación, las cámaras de televisión y de los fotógrafos se fijaron en su curul vacío. La explicación: “Estaba atendiendo a unas personas que vinieron a buscar ayuda para las Fiestas Patronales de La Unión”, dijo González Lovo. “Yo me iba a abstener pero no estuve. Lo que se ha vertido aquí es una cuestión puramente política aquí no hubo una discusión técnica... pero como todos los diputados tienen una conciencia de ángel no tuvieron problemas para votar”, remató. “Por el momento Silva queda suspendido de su cargo y a disposición de la Cámara Primero de lo Penal”, dijo Ávila Qüehl. Será esta instancia la que definirá si le imponen medidas cautelares, como se le ha dado a los otros tres implicados en el caso, o la cárcel preventiva. Del lado de la Fiscalía, el martes 28 se conoció que tenía lista la orden de captura para el diputado. “Si la Asamblea aprueba el desafuero, se procederá a su detención”, sostuvo Mauricio Segura, jefe de prensa y comunicaciones del Ministerio Público en declaraciones a La Prensa Gráfica. Según explicó Morales Joya, la Fiscalía pidió seis meses para continuar con las investigaciones durante la etapa de instrucción. Una vez concluido este proceso, la FGR enviará todas las pruebas a la Cámara, quien decidirá si el caso pasa o no a juicio en la Cámara Segunda de lo Penal.
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