|
|
| |||
| |
|||
|
|||
|
|||
| |||
|
|
OBSERVATORIO LEGISLATIVO Tribunales especializados a debateLa propuesta gubernamental está en camino de la Asamblea Legislativa. Los tribunales especializados son la respuesta del Ejecutivo para combatir los homicidios, extorsiones y secuestros. César Castro Fagoaga*
El Ejecutivo, luego de mes y medio de discusiones con diversos sectores del gobierno y la empresa privada, ha logrado consensuar una propuesta para el anteproyecto de Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Ejecución Compleja, una normativa especial que tiene como punto principal la creación de tribunales especializados para juzgar homicidios, secuestros y extorsiones. A primera hora del lunes 30 de octubre, el presidente Antonio Saca, en una de sus primeras comparencias públicas luego de su gira por Asia, presentó el anteproyecto, una iniciativa que se forjó casi en secreto para responder a la creciente marejada de críticas hacia la política gubernamental de seguridad. En esencia, esta ley que se ha trabajado en Casa Presidencial coordinada por el ministerio de Gobernación, encaja perfectamente con la petición hecha por el embajador de los Estados Unidos, H. Douglas Barclay, en su discurso del 16 de octubre. El representante del principal aliado del gobierno salvadoreño pidió acción inmediata ante la situación de violencia que cada día termina con la vida de entre diez y doce personas. Las palabras del embajador Barclay causaron un efecto dominó. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) acompañó el llamado del representante de los Estados Unidos y mandó un ultimátum al gobierno. Ante la ausencia del presidente Saca, el ministro de Gobernación, René Figueroa, dio la cara y aseguró que el gobierno sí estaba trabajando para frenar la delincuencia. Su plan a corto plazo: una ley especial contra el crimen organizado. El lunes 23, en un hotel de la capital, al ministro Figueroa no le quedó más que aceptar que el anteproyecto de ley era ya de conocimiento público, pues el día anterior, una de las primeras versiones había sido publicada en La Prensa Gráfica. Ese día, el ministro habló un poco, no demasiado, de la ley: “Serán tribunales especiales, parecidos a la Audiencia Nacional de España”, dijo brevemente. Jueces especiales. La esencia de la propuesta es la creación de “tribunales especializados” que juzguen delitos complejos de una manera más expedita. En otras palabras, procesos más cortos cuando se traten de homicidios, simples o agravados; secuestros; y extorsiones, siempre y cuando hayan sido cometidos por el “crimen organizado” La propuesta de ley, en el inciso segundo del artículo primero, define crimen organizado como “aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos”. Los jueces frente al monstruo La primera reunión fue el 15 de septiembre pasado a las cuatro de la tarde. A Casa Presidencial, bajo la coordinación de Figueroa, asistieron representantes de la ANEP, diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, la Policía y varios diputados a título personal. Uno de ellos fue Rodolfo Parker, secretario general del PDC, padre de la propuesta original que fue retomada por Gobernación. “Ya nos la ‘güeviaron’”, dice Parker con desgano. La propuesta suya era más amplia, pues incluía la formación de una comisión interinstitucional y una lista larga de los delitos que podían ser conocidos por los juzgados especializados. Parker, sin embargo, dice que aunque no se haya respetado “el derecho de autor” está satisfecho porque la iniciativa fue escuchada. El anteproyecto de ley supone un cambio sustancial en el proceso penal. De aprobarse en la Asamblea Legislativa, los delitos del crimen organizado que menciona la ley ya no serán conocidos por los jueces de paz sino por los nuevos juzgados especializados de instrucción, a cargo de un solo juez. La siguiente instancia son los Tribunales Especializados de Sentencia, que estarán a cargo de tres jueces. También está contemplada una Cámara Especializada de lo Penal, compuesta por dos magistrados, que será la encargada de conocer los recursos de apelación. Los tribunales, según contempla la propuesta, tendrán sede en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Los tribunales de la capital conocerán los delitos de los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango. Los de Santa Ana conecerán los delitos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán; los de oriente, a San Miguel, La Unión y Morazán. El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ulices del Dios Guzmán, fue uno de los que participó en las discusiones para elaborar la propuesta. Ahora, cuando la consulta se ha transformado en anteproyecto de ley, Guzmán está medianamente satisfecho; todavía tiene algunas preocupaciones. Le preocupa, por ejemplo, la cantidad de jueces que se nombren, pues implicará un reacomodo físico y presupuestario para la CSJ. Le preocupa, además, la cantidad de casos que lleguen a los juzgados especializados. “Antes de echar esta ley hay que hacer estadísticas. Tenemos que saber donde está la mayor peligrosidad para ubicar los juzgados”. Guzmán parece convencido de que la ley propuesta no es el remedio para el desgastado proceso penal del país. En lugar de ello, según su opinión, convendría una reforma a los códigos penal y procesal penal para acortar todos los procesos. Con un cambio integral, de acuerdo al magistrado, la ley sobraría. El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, avaló la creación de los tribunales pero recordó que el esfuerzo tiene que ser “integral” para que se vean resultados en la reducción de los índices de criminalidad. A su juicio, los planes de seguridad pasados – mano dura y súper mano dura – no brindaron los resultados esperados porque no contaron con el apoyo de los jueces para su aplicación. “Los tribunales especiales han funcionado en otros países”, dijo, pero aseguró que “los jueces tienen que conocer cuál es la esencia del crimen organizado y del problema con las pandillas”. “¿Qué esperamos de los jueces especiales?, lo que esperamos de todos los jueces, que cumplan la ley”, dijo Ávila la semana pasada. El ministro de Gobernación prefirió no detallar el anteproyecto que se trabajaba. Se limitó a confirmar las versiones periodísticas y luego, en un giro respecto a sus declaraciones de los últimos meses, invitó al FMLN a participar de las discusiones sobre seguridad. Sigfrido Reyes, vocero del FMLN, aseguró que su partido está abierto al diálogo pero siempre que este tenga como escenario la Asamblea Legislativa y que tenga sobre la mesa la propuesta de seguridad del Frente. ¿El CSI de Safie? Uno de los principales retos, de aprobarse la ley, sería para la Fiscalía General de la República (FGR). Hacer más expeditos los procesos penales no sólo significa que los periodos sean más cortos, que los jueces decidan más rápido, sino también que la FGR prepare más sus casos. El artículo cuatro de la propuesta dice que corresponderá a la FGR determinar, según las investigaciones, “la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por tribunales comunes o especializados”. La propuesta faculta a la FGR para que realice “diligencia urgentes” para evitar que se pierdan las pruebas de los casos. “El fiscal procederá para su obtención y para ello adoptará las medidas necesarias, sin injerencias excesivas en los derechos de las personas, y documentará las razones que las motivan. En este caso, las someterá a ratificación del juez dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes”, se lee en un inciso del artículo siete. Los fiscales también podrán inmovilizar cuentas bancarias, tarjetas de crédito, operaciones comerciales, secuestrar vehículos o inmuebles y demás “que presumiblemente hayan servido o sirvan para la consumación, ocultación o facilitación de los delitos investigados a que se refiere esta ley”, en un plazo no mayor de diez días, y luego deberá dar cuenta al juez especializado de instrucción. Sobre estos puntos, el Fiscal General, Félix Garrid Safie, quien participó en las discusiones, dice que la FGR estaría lista para asumir las nuevas responsabilidades que la normativa traerá, como plazos más cortos para la recepción de pruebas y unidades de investigación especiales. “Hay que revisar la ley y los plazos de investigación que se están estableciendo. No tememos a que éstos se reduzcan porque no es una cuestión de plazos, sino de las pruebas que se tengan”, aseguró Safie, quien recordó que la Fiscalía ha creado en los últimos meses unidades especiales para combatir delitos específicos y que éstas serán potenciadas a corto plazo. *Con reportes de Rodrigo Baires Quezada
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulte el buscador de Google y encuentre las notas publicadas en El Faro |
| EL FARO.NET
(Apartado Postal 884 , San Salvador, El Salvador) |
