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OBSERVATORIO LEGISLATIVO Caminos rurales a merced de los políticosLa Asamblea Legislativa mantiene en el congelador un préstamo del BID por 55.4 millones de dólares, con una contrapartida de 4.8 millones, que busca mejorar 300 kilómetros de caminos rurales. Su ratificación depende de una negociación entre ARENA y el FMLN que todavía no se ha iniciado y con el precedente de Chambita Medidor II aun cuando el Frente no ha cerrado por completo las puertas a su aprobación. Rodrigo Baires Quezada
El préstamo de Caminos Rurales Sostenibles Fase II todavía no está perdido. A seis meses de que el empréstito de 55.4 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) venza, el FMLN acepta que el proyecto es “necesario para el país” pero que la falta transparencia del Ejecutivo hace que “por el momento” no se “respalde su aprobación”. “Dada la falta de información sobre el presente proyecto de préstamo no es conveniente por el momento que el FMLN respalde su aprobación”, cita como primera recomendación un análisis de la comisión de hacienda de la fracción legislativa efemelenista fechado el 16 de junio de este año. Esto da esperanzas a la construcción de 300 kilómetros de caminos rurales en diferentes puntos del país, uno de los seis proyectos congelados por falta de financiamiento, según el gobierno central, quien anunció dos semanas atrás una “segunda ofensiva” para conseguir su ratificación. “¿Por qué no se aprueba el préstamo de Caminos Rurales Sostenibles Fase II?, es sencillo, pregúntenle al FMLN. Son ellos los que no quieren”, dice Rodolfo Parker, diputado pedecista, quien asegura que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha dado el visto bueno a este proyecto desde que se conoció en la legislatura pasada. “Nuestros votos están listos para aprobar algo que vendrá a beneficiar al país”, dice. Con 34 votos de su lado, el Frente tiene la llave para la ratificación de los créditos internacionales en la Asamblea Legislativa, mismos que necesitan de mayoría calificada (56 votos) para hacerse efectivos antes de que venzan y se le retire la línea de crédito al gobierno salvadoreño. Gerson Martínez, diputado efemelenista y miembro de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, confirma que “es una necesidad de país aprobar una inversión de caminos rurales sostenibles” pero que el FMLN no dará sus votos hasta conocer las auditorías de la Fase I y con base en qué criterios se definirán las calles a construir con este empréstito. La realidad de los caminos El alcalde efemelenista Arnoldo Recinos, alcalde de Potonico, Chalatenango, conoce las exigencias de su partido. “Los diputados del partido nos han dicho que están a la espera de la información de la Corte de Cuentas para dar el visto bueno o no”. Su municipio, uno de los más pobres del país, se encuentra conectado con Chalatenango por un único camino de piedra y tierra de 16 kilómetros que necesita de 30 minutos para ser recorrido. Desde Potonico hasta Ilobasco, Cabañas, existen 47 kilómetros pero la única vía de acceso es una calle empedrada que serpentea entres cuestas pronunciadas por veredas y exige, por lo menos en la época lluviosa, un vehículo todo terreno para cruzar los escasos 10 metros del río Los Padilla. “En verano se hace como una hora, fácil. En invierno, sin un carro cuatro por cuatro mejor ni hay que intentarlo”, recomienda el edil. Por eso no extraña que los estudios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) marcan un promedio de 176 carros que transitan por esa vía (TPDA, Tráfico Promedio Diario Anual). “Aquí no entra el bus… bueno, ni pick up de esos que cobran por el aventón”, dice Julia Reina Calderón, mientras sostiene a su hijo Kevin, de 11 meses. “Cada vez que voy a la casa de mi hermana, en el cantón Santa Bárbara, camino como cinco kilómetros”, describe. El trayecto incluye sortear la crecida del río Los Padilla por un puente hechizo de línea, algo que hizo minutos atrás mientras sostenía a su hijo en brazos. La diferencia entre ese camino y el que conduce de la Carretera del Litoral a Garita Palmera, Ahuachapán, una calle de 9.28 kilómetros que, con las inundaciones del miércoles pasado, quedó anegada es poca. “Así es difícil transitar por estos rumbos”, dice Recinos y encuentra eco en el arenero José Roberto Mejía, alcalde de Chalatenango, quien calcula que sobre una calle pavimentada el trayecto no necesitaría más de 30 minutos en vehículo. “Ahora, si se necesita ir de Potonico a Ilobasco, se tiene que salir primero a Chalatenango, llegar al desvío de Amayo y tomar la troncal del norte hasta el ‘by pass’ con la carretera de oro para llegar a la carretera Panamericana. Luego hay que ir hasta San Rafael Cedros y subir hasta Ilobasco. Son más de dos horas por el tráfico”, relata Mejía. Al realizar el recorrido descrito, el velocímetro marca 147 kilómetros sobre la carretera. Para Mejía y Recinos la solución más rápida es mejorar el camino, uno de los ocho preseleccionados para el préstamo de caminos rurales sostenible fase II, que uniría a los municipios chalatecos de San Miguel de Mercedes y Potonico con Tejutepeque y la interconexión Ilobasco-Presa 5 de Noviembre, en Cabañas. El costo, 7.3 millones de dólares para 40.54 kilómetros. Otra calle urgida de grandes mejoras es la que une Nueva Concepción, en Chalatenango, con el municipio de San Pablo Tacachico, en La Libertad. El tramo CHA25/LIB31 de 25.41 kilómetros, que incluye un puente de dos carriles sobre el río Lempa, tendría un costo estimado de 7.4 millones de dólares. “Creemos que es una obra que vendrá a beneficiar a la población en general. Tendrá incidencia en la salud y la educación de la zona, así como al comercio, porque por más pequeña que se una tiendita, los costos de trasladar los productos se elevan”, dice el arenero Mauricio Quinteros, diputado por La Libertad y miembro de la comisión de Hacienda.
Según el síndico municipal de Nueva Concepción, Eliseo López, durante la época lluviosa, la única manera de conectar a Nueva Concepción con San Pablo Tacachico pasa por viajar sobre la Troncal del Norte hasta el by pass con la carretera express hacia Quezaltepeque y luego hacia el desvió del Sitio del Niño. Un recorrido que triplica los 25.41 kilómetros del camino rural que se quiere mejorar. “Yo estoy a favor de que se invierta en estos proyectos, pero también se tienen que hacer ciertos ajustes de los recursos propios del presupuesto del MOP que permitan rehabilitar y reconstruir otras calles que están abandonadas”, sentencia Marco Tulio Mejía, diputado del FMLN por Chalatenango. “Creemos que el gobierno debe buscar mayores recursos propios, no seguir endeudándose, y que el Fondo para el Mantenimiento de la Red Vial (FOVIAL) tendría que invertir en esto. Algo en lo que concuerda el pecenista Elizardo González Lovo, a pesar de la posición oficial del Partido de Conciliación Nacional (PCN) de apoyar al 100 por ciento el proyecto. “No creo que decir que porque no hay préstamos no hay dinero para hacer estos caminos rurales. El gobierno de la república, que dice gobernar con sentido humano, debe exigir a la Corte de Cuentas para la fase I del proyecto”, aseguró. “Un gobierno austero y con buena administración no necesita préstamos para andar arreglando caminos. Con sólo el presupuesto del MOP y el FOVIAL sobra para reparar esta carretera”. El MOP, sin recursos “La conectividad es la mejor inversión porque trae desarrollo a las comunidades”, dice David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, pero se lamenta que sin el préstamo estos ocho proyectos no tendrían fondos para ser ejecutados. “No hay dinero en el ministerio ni en el FOVIAL”, remarca. “Debido a la buena ejecución de la primera fase podemos palpar cómo una calle pavimentada impacta en el desarrollo económico y social en los municipios alrededor de ellas”, describe el ministro y pone como ejemplo los municipios de Tacuba y Santa Isabel. Según datos del ministerio, el FOVIAL da mantenimiento a 6 mil 300 kilómetros, 3 mil 100 de ellos serían de carreteras no pavimentadas y, desde el año pasado, la adjudicación anual de mantenimiento rutinario de cada camino rural cuenta con un 20 por ciento de obras permanentes en el contrato (hombros, fraguados, canales de desagüe para el invierno, cuenteado, etcétera). “Así, en cuatro y cinco años se puede tener una buena calle de tierra, aunque no podrá competir con una pavimentada, en lugar de tener un concepto de sólo ir a mover polvo”, describe el titular, aunque no da a conocer el monto económico destinado del fondo para este rubro específico. El objetivo del MOP es que el 86 por ciento de los municipios tengan al término el período presidencial de Antonio Saca al menos una calle pavimentada conectada a una carretera principal. “Esto se haría a través de Caminos Rurales Sostenibles, lo hemos hablado con la gente del BID y están de acuerdo”, dice David Gutiérrez y luego repite: “Pero sin el préstamo no hay oportunidad de hacerlo”. El primer pulso El préstamo fue aprobado por el directorio del BID el 15 de junio de 2005 y pasó al pleno el 12 de octubre del mismo año. Ocho días después el empréstito fue aprobado. “El programa ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) apunta a modernizar parte de la red de caminos terciarios para integrar a comunidades rurales, elevar su calidad de vida y revitalizar la agricultura”, indicó el BID a través de un comunicado de prensa después de conocer la aprobación. Pero la ratificación del empréstito se vio entrampada en los últimos meses de la legislatura anterior. En un primer momento, como recuerdan el jefe de fracción de Cambio Democrático Héctor Dada Hirezi y el efemelenista Gerson Martínez, el gobierno central envió un dossier informativo incompleto. “Sólo venía el contrato del préstamo y nada de información técnica sobre el mismo”, dice Martíonez. Jorge Villacorta, ex diputado de CD y miembro de la comisión de Hacienda en las pasadas cinco legislaturas, recuerda que conocer el paquete completo del préstamo mereció una negociación directa con el entonces ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, en los últimos meses de gestión. “En 15 años que estuve en la comisión nunca llevaron la información completa de ningún préstamo. Entonces, le daban la excusa perfecta al Frente para oponerse a todo”, dice Villacorta. “Es un juego tonto entre ARENA y el FMLN.”
Tras conocer la información, la mayoría de integrantes del G-14 estaban dispuestos a dar sus votos para su ratificación en la última plenaria del 30 de abril. “Todos estábamos listos menos el FMLN y algunos del FDR. ¿Por qué estorbar un préstamo de este tipo que brinda conectividad a los municipios más pobres del país?”, pregunta el ex parlamentario. “Llegamos al convencimiento de que el crédito en sí mismo tiene poca posibilidad de ser objetado”, remarca Dada Hirezi. “Los caminos rurales son necesarios pero lo que pedimos es que se metieran el total de endeudamiento, que entonces era un poco más de 400 millones, en una política de endeudamiento del estado, algo que nunca recibimos.” Al final, ARENA sacó el paquete de préstamos de la discusión en el pleno porque, según ha dicho en repetidas ocasiones Julio Gamero, actual presidente de la Comisión de Hacienda y especial del Presupuesto, no se consiguieron los votos necesarios y se temió que éstos pasaran al archivo de la Asamblea Legislativa y se perdieran definitivamente. Cuentas pasadas Ahora, el Frente tiene la llave. “Hablamos de dos préstamos. Éste, pendiente de ratificar, y la primera fase, de la que queremos toda la información sobre cómo se ejecutó”, dice Martínez. El proyecto de Caminos Rurales Sostenible Fase I, con un monto de 58 millones de dólares, fue aprobado en 2001 y sus desembolsos fueron programados para tres años. A finales de 2005, después de su reprogramación hasta el 19 de abril de 2006, se tenía una línea de crédito disponible de 13.69 millones. De ellos, para 2007 todavía se tenía un remanente de 7.79 millones. Según los datos del informe final de la Fase I, durante la ejecución de las obras se realizaron ajustes en los diseños originales que provocaron un incremento de 8.3 millones de dólares frente los 59.3 millones en la construcción de 393.21 kilómetros de 21 caminos rurales que, originalmente, tendrían un costo de 59.3 millones de dólares. “Para nosotros (FMLN), esta variación de costos tiene que se explicada y requiere la intervención inmediata de la Corte de Cuentas de la República, a quien ya pedimos la auditoría del préstamo antes de poder decir si vamos o no a apoyar una segunda fase del crédito”, asegura Martínez. Quinteros afirma que en su partido se “respeta las instituciones” y que comparten la visión de que “la información debe darse a conocer”; pero que, en este momento, es responsabilidad de la Corte de Cuentas y no del gobierno central o de la fracción de ARENA dar a conocer si hubo o no irregularidades en la primera fase del proyecto. “La fiscalización le corresponde a la Corte de Cuentas y no a la Asamblea”, afirma.
La sombra de Chambita Medidor Por el momento, el trabajo del MOP y del FOVIAL no convence a los diputados del FMLN. Según recordó Martínez, al momento de aprobar la segunda fase del préstamo, la Asamblea Legislativa solicitó que se incluyeran en el proyecto algunas calles como el tramo de la carretera Litoral – Tapalhuaca o Los Reyes - Costa, ambas en La Paz, y terminar la calle San Nicolás Lempa – Cantón La Pita. “Ninguno de ellos se encuentra en el listado de calles preseleccionadas en el proyecto que vino a la Asamblea” “Todos estos caminos son necesarios sin ninguna duda, pero dudamos del sentido de prioridad con que se han definido”, afirma Martínez. “No sabemos si la construcción de estos caminos son parte de una política de estado o de una agenda partidaria”, dice el parlamentario mientras fija su mirada en el trayecto de 12.93 kilómetros entre Nueva Cuscatlán y el Bulevar Orden de Malta a un costo de 2.3 millones de dólares. “Con necesidades en otras zonas, como el bajo Lempa o sobre el litoral, parece ser que es más importante conectar la zona donde vive el ex presidente Alfredo Cristiani que salvar vidas”.
El FMLN sostiene que el Ejecutivo tendría que hacer un esfuerzo de entendimiento con el poder legislativo, a donde llegan una gran cantidad de peticiones de construcción y reconstrucción de caminos, para definir en dónde y cómo gastar los fondos de este préstamo. “El tema de caminos rurales no se ha tocado en esta legislatura”, dice Dada Hirezi. “El crédito en sí mismo no tiene objeciones como no la tenía para nosotros Chambita Medidor II, pero hay que decir que la política de negociación de arena ha sido deficiente y a ratos da la impresión de que no quiere los préstamos”. David Gutiérrez asegura que las puertas de su ministerio están abiertas para brindar la información pertinente y recordó que incluso recibió un mes atrás a una delegación de diputados del FMLN encabezada por Martínez. “Creo que algunos de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa están cometiendo un error histórico al no aprobar este préstamo. Deben de salirse del tema partidario y de esa sistemática oposición a propuestas que benefician a la población salvadoreña… los beneficios son palpables”, remata. Quinteros apoya al ministro. “Lamentablemente, los criterios con los que muchas veces el FMLN plantea sus demandas no están apegadas a la realidad sino, más bien, a negarse a todo para entorpecer estos proyectos. Lo mismo que pasó con la no aprobación de Chambita Medidor II, algo que no afectó al presidente Saca ni al director del CNR, sino a los salvadoreños que habitan en la zona donde no se aplicó el proyecto”. Lejos de la discusión política dentro de la Asamblea Legislativa, Julia Reina no sabe de planes de pavimentación, préstamos pendientes, polarización política, exigencias de auditorías de la Corte de Cuentas. Su análisis es más simple y practico: “Quizá al tener una buena calle si entraría el bus hasta aquí”.
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