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OBSERVATORIO LEGISLATIVO Asamblea comienza juicio contra diputado SilvaLa Comisión antejuicio comienza sesiones esta semana para determinar si elimina el fuero al diputado suplente Carlos Roberto Silva, acusado de lavado de dinero. El alcalde de San Miguel y precandidato presidencial del PCN, Will Salgado, se inclina por quitarle el fuero. Sergio Arauz
El diputado suplente por La Unión, Carlos Roberto Silva, enfrenta esta semana el inicio del proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa, tras ser acusado por el fiscal general de la República de lavado de dinero. La Comisión de Antejuicio comienza sesiones este lunes y los principales aliados de Silva en el Congreso, los diputados del PCN, ya hablan de pasar el caso al juzgado para que salga lo más pronto posible de la Asamblea. Elizardo González Lovo, diputado por La Unión, aún se inclina por evaluar el requerimiento fiscal y así determinar si se le quita o no el fuero a su diputado suplente.
“Yo no sé cuál es la postura del partido”, dice Will Salgado, alcalde de San Miguel que cree que al pecenista Roberto Silva se le debe quitar el fuero para que en un juzgado se ventile el caso. En el PCN las voces oficiales son prudentes y aún se desconoce si al final darán sus votos para eliminar el fuero al acusado. Elizardo González Lovo, propietario por La Unión, cree que no se han visto los puntos por los que se le puede mandar a un juzgado. “En el PCN solo él (Elizardo González Lovo) lo defiende, y Ciro (Cruz Zepeda) que en privado todavía habla de salvarlo”, comenta un diputado pecenista que pidió el anonimato “para evitar meter más conflictos al partido”. Sus declaraciones fueron confirmadas por otros miembros de ese partido. El caso del pecenista comenzará a ventilarse en la comisión de antejuicio el lunes de esta semana. Su primera tarea será establecer tiempos y una metodología definida. “Eso vamos a hacer en la primera reunión”, comenta Irma Amaya, diputada del FMLN por la Libertad que integra el grupo de antejuicio. El diputado que hará de fiscal en el antejuicio, el arenero Guillermo Ávila Qüelh, evitó comentar el caso. Ni puntos débiles ni puntos fuertes de la defensa y del fiscal. Desde la semana pasada, en la que se hizo oficial la defensa del diputado Silva, en todas las fracciones predominan valoraciones prudentes. Irma Amaya explica que en la reunión de este lunes se comenzará a ver el caso y por tanto no se puede adelantar criterios. Un ex fiscal y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia comentaron que entre los puntos débiles del requerimiento, está que la defensa argumente que no se procedió según el artículo 389 del código penal, que deja entrever que no se puede procesar por separado a los acusados de un caso, si aún la Asamblea no he decidido sobre el fuero de uno o varios implicados. “Por más político que sea el caso, necesita de una fundamentación. Si no, sería la decisión, aunque política, arbitraria”, comenta el abogado de defensor Edgar Morales Joya, que presentó ya el alegato sobre el artículo 389 ante el juzgado Noveno de Paz de San Salvador. Este también adelanta que lo presentará a la comisión de antejuicio. Según Morales Joya, la Fiscalía no debió separar el caso para juzgar por separado a la esposa y madre del diputado. El presidente de la comisión, Rolando Herrarte, del PDC, aclaró que por la naturaleza del caso, en la comisión se ventilaran dos criterios, “se tratara de forma técnica y política”, comenta. Según los documentos presentados por el Fiscal General, Félix Garried Safie, al diputado se le acusan de dos delitos: cohecho y casos de lavado de dinero. El Delito de cohecho consiste en “sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos.” Según la declaraciones del ex alcalde de Berlín, Usulután, Ramón Ernesto Palma Alfaro, el diputado Silva le dio dinero a cambio de qué este le concediera trabajos para la comuna. En una entrevista publicada por La Prensa Gráfica, el ex alcalde pecenista admitió que recibió del diputado más de $300 mil durante su última gestión con el PCN, en el período 2003-2006. Este también confesó que Silva le pagó 10 mil para que adjudicara una obra. La Fiscalía ha dado a este ex alcalde el beneficio de testigo criteriado, con lo que se libra de ser procesado por haber aceptado sobornos. Sin embargo, Edgar Morales Joya asegura que comprobará que su cliente no lava dinero ni tiene vínculos con el narcotráfico. “Tenemos elementos que demuestran la participación de él en distintas licitaciones ganadas y eso implicó un flujo de dinero. ¿Cuál es el problema es ese sentido? El simple hecho de trasladar dineros en sí no es figura de lavado”. El miércoles pasado, este abogado dio declaraciones en las que insistió que comprobaría que el diputado Silva tiene el sustento para demostrar los ingresos con los que compró sus propiedades. “El defensor va a tratar de debilitar el requerimiento fiscal, enfocándose en que no hay elementos suficientes para juzgarlo por lavado de dinero”, comentó un magistrado de la Corte Suprema que no puede adelantar criterio públicamente porque influiría en el caso. Ávila Qüelh comentó a principios de la semana pasada que no tratarán de cambiar la tipificación del delito dentro de la comisión de antejuicio, pues no tienen potestades para ello. En el juzgado, dice, se harán esas valoraciones. Para Amaya, se pueden llamar al Fiscal General y a los técnicos necesarios para que refuercen la parte técnica en las que Ávila Qüelh necesitará apoyo.
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