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El 24 de marzo de 1980 caía asesinado Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador. Un día antes, en su homilía dominical, había hecho un dramático llamamiento a los soldados y guardias nacionales a no seguir derramando la sangre de sus compatriotas. Les recordó que por encima de las órdenes de los hombres estaban las leyes de Dios y que Él ordenaba "no matarás". Prácticamente un llamado a la insubordinación. "En el nombre de Dios y en el nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben cada vez más tumultuosos hasta el cielo, les pido, les ruego, les ordeno, en el nombre de Dios, cesen la represión."
El magnicidio, ejecutado con toda frialdad por un tirador profesional durante la misa, en el momento que la víctima levantaba los brazos para la consagración, conmocionó en grado sumo al pueblo salvadoreño y a la opinión pública internacional. No era para menos. Hacía siglos que en la Iglesia Católica no se producía el martirio de un obispo.
Nadie reivindicó el asesinato. No hacía falta. Tampoco hubo exposición de motivos o propósitos. Pero el mensaje era inequívoco: si son capaces de matar a un obispo, es que están dispuestos a matar a cualquiera. La acción cabía plenamente en la definición de terrorismo: víctima inocente, objetivos políticos, buscaba paralizar y aterrorizar.
También es posible que ocultara un cálculo: provocar una insurrección prematura o una guerra civil que permitiera convertir El Salvador en "la tumba de los rojos". Y también de sacerdotes y monjas que no comulgaran con la política despiadadamente anticomunista de la extrema derecha. El atentado contra el obispo no era sino el punto álgido de una feroz campaña contra la Iglesia popular que ya había cobrado la vida de varios religiosos.
La indignación de la gente era tanta que participó de forma masiva en el funeral del siguiente domingo, 30 de marzo, a pesar de los rumores de que se preparaba una carnicería. Y efectivamente la muchedumbre fue atacada arteramente, también esta vez a mitad de la misa de cuerpo presente, en la Plaza Cívica frente a Catedral. Las semanas siguientes se vivió en El Salvador una situación casi insurreccional. Con la muerte de Monseñor Romero se desató la guerra. Se había vuelto inevitable.
No se dio insurrección porque la izquierda revolucionaria no se sentía preparada para encabezarla. Necesitaba tiempo. Era la izquierda en este momento suficientemente fuerte como para impedir un levantamiento espontáneo. Pero, al mismo tiempo, demasiado débil para organizarlo.
También, todo hay que decirlo, demasiado conservadora. Si Lenin hubiera esperado a tener todo listo - unidad, armas y organización - la oportunidad insurreccional que se abrió en Rusia en octubre de 1917 se habría perdido. A pesar de considerarse "leninistas", los dirigentes de la revolución salvadoreña demostraron estar a años luz de la audacia y olfato político del viejo zorro bolchevique. Faltaron a la cita histórica. Cuando el pueblo estaba dispuesto y demandaba un levantamiento. Demorarían casi un año en tener todo a punto. Para entonces, tras más de veinte mil muertos, el pueblo era incapaz de seguir su llamado a la insurrección.
La izquierda dedicó el año 1980 a desarrollar su proceso de unificación y a preparar el salto de comandos guerrilleros a ejército revolucionario. Su reciente pasado de confrontación ideológica, sectarismo y rivalidad, era un pesado lastre del que no le resultaba fácil desprenderse. Las organizaciones de masas se unieron sin mucho problema ya en enero en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, CRM, que realizó la inmensa manifestación opositora del 22 de enero. Según fuentes internacionales, entre 250 mil y 300 mil personas se congregaron ese día bajo la bandera unitaria contra el régimen represivo. Pero unificar a los partidos que dirigían desde la clandestinidad al movimiento popular era mucho más complejo.
Hasta mayo no se agregaría el ERP a la coordinación que habían iniciado a fines de 1979 las FPL, RN y PCS. Nacía así la Dirección Revolucionaria Unificada, DRU. Había sido preciso vencer el veto interpuesto por la RN contra quienes consideraba "los asesinos de Roque Dalton". Faltaba aún el PRTC, cuya estructura a nivel centroamericano impedía su admisión en una instancia unitaria que se concebía a sí misma "para la liberación nacional". No sería sino hasta el 10 de octubre de 1980 que se anunciaba la fundación del FMLN, aunque realmente el PRTC no fue integrado antes de diciembre del mismo año. Un largo parto. Que tampoco lograba una verdadera unificación del pensamiento ni de la estrategia, pero al menos generaba una coordinación y una comunicación mínimas, que evitara el riesgo de que luchas por la hegemonía derivaran en un enfrentamiento abierto.
Los reformistas, entretanto, divididos por las exigencias que el momento imponía, se vieron forzados a una definición de sus principios. Una parte priorizaba la fidelidad a sus raíces populares y su repugnancia a ser cómplices de la represión contra el pueblo. Mantendría su alianza con las fuerzas de la revolución aunque sin involucrarse en la lucha armada. Y quedarían a merced del hegemonismo de sus aliados, que raramente los consultaban en sus decisiones. Sin embargo, cumplirían un importante y estratégico papel en la escena internacional, integrándose a las tareas diplomáticas y en la elaboración e impulso de las iniciativas de diálogo.
A partir de la renuncia de Rubén Zamora y otros dirigentes demócrata cristianos del gabinete se fundó el Movimiento Popular Social Cristiano, MPSC, y se dio el reencuentro de éstos con los socialdemócratas del MNR, dando impulso a un efímero Frente Democrático, FD. El mes siguiente éste se fundía con la CRM para dar nacimiento al FDR, Frente Democrático Revolucionario, que acompañaría al FMLN en el proceso de guerra de liberación hasta su retorno al país a fines de 1987 y la fundación de la electoral Convergencia Democrática. Su pérdida de protagonismo y de presencia en la realidad política nacional fue tal que ni siquiera serían tomados en cuenta al abrirse la mesa de negociación, pese haber sido primeros impulsores, los más convencidos de una salida política negociada al conflicto.
Su mayor éxito en ese terreno se daría en junio de 1981 con la conocida como "declaración franco-mexicana". Los gobiernos de Francia y México declaraban la capacidad de negociación de los Frentes, que éstos constituían fuerzas políticas representativas (y no bandas irregulares sin una dirigencia capaz de cumplir y hacer cumplir los acuerdos a que se llegase) y que debía apoyarse una solución política negociada al conflicto salvadoreño, que a estas alturas ya había cobrado unas 30 mil víctimas. Un planteamiento que se oponía directamente al de Estados Unidos, de impulsar las elecciones como alternativa al diálogo-negociación.
La otra parte de los reformistas, amarrados a la estrategia estadounidense, perdían asimismo mucha autonomía. Con Duarte, consideraban prioritario desarrollar su programa histórico de reformas estructurales, para quebrar el poder de la oligarquía reaccionaria y al mismo tiempo debilitar la opción revolucionaria. Justificaban el genocidio aduciendo su falta de control de los escuadrones de la muerte y de los mandos militares implicados y se proclamaban acosados "por las dos extremas". De la estrategia de "reformas con represión" asumían la primera parte y se constituían en una "fachada democrática" de la segunda.
Las reformas fueron eficazmente ejecutadas en la segunda mitad de marzo, después de la renuncia de Héctor Dada Hirezi a la Junta y su sustitución por Duarte, así como de la salida de Rubén Zamora y su grupo. Una profunda reforma agraria, acompañada por la nacionalización de la banca y del comercio exterior, pretendía dejar sin banderas políticas a los alzados en armas. Pero el precio a pagar era alto: su doble pacto con la represiva Fuerza Armada y con Estados Unidos, la potencia imperialista.
Consecuencia directa de las reformas estructurales fue la súbita politización y movilización de los sectores de poder directamente afectados. La reacción resultó potenciada por la reforma, en mayor medida incluso que por el peligro de la revolución. Varias iniciativas surgidas de la empresa privada se movilizaron en su contra. La Cruzada Pro Paz y Trabajo fue la que más perduró, aunque no fue la única. Desde instancias como la Cámara de Comercio, ASI y ANEP se conformó la Alianza Productiva como avivadora de una conciencia de clase antes dormida.
En este caldo de cultivo se dio el nacimiento en mayo de 1980 del FAN, Frente Amplio Nacional, estructura semi-clandestina y con vocación paramilitar encabezada por el ex–mayor de inteligencia de la Guardia Nacional, Roberto d´Aubuisson. Considerado como un líder por las asustadas élites del país, su popularidad entre ellas se extendía con cada nuevo vídeo amenazante que hacía llegar desde la vecina Guatemala a los canales televisivos.
En ese tiempo Estados Unidos lo acusó públicamente de ser el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero y le privó de su visa norteamericana. Sus seguidores no se dejaron amedrentar y sometieron a severo acoso al propio embajador estadounidense en San Salvador, Robert White. Pero la potencia norteamericana terminaría imponiendo sus reglas y sus criterios a la extrema derecha. La situación de gobernar por decreto, surgida desde el golpe de estado del 15 de octubre, debía ser superada. Por vía electoral había que dotar al país de una nueva Constitución y de legítimas autoridades. Además, las elecciones eran la mejor fórmula para restar legitimidad a la negociación y para afianzar la propia. En 1981 empieza la confluencia de las derechas para dotarse de un instrumento que permitiera jugar según las reglas que dictaba Estados Unidos. Un partido como la Alianza de todas ellas y que por la vía electoral recuperase el poder perdido. En septiembre nacía ARENA. La reacción iba a seguir la batalla, pero renunciando a la ilegalidad y la violencia política. Nacía todo un fenómeno social y político.
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