Para el Debate

La imposición de las extremas

Ricardo Ribera
cartas@elfaro.net
Publicada en enero 2002- El Faro

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El 10 de enero de 1980 se difundió en los medios de prensa nacionales e internacionales una Carta Abierta del Arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, al Presidente de los Estados Unidos de América, James Carter. El dignatario de la Iglesia Católica salvadoreña le urgía al mandatario estadounidense cesar toda ayuda al régimen ante las masacres y atrocidades que estaban ocurriendo en el país. El documento hacía una fuerte crítica a las autoridades gubernamentales de El Salvador por su complicidad, responsabilidad o incapacidad para detener la creciente represión. Exigía de la potencia norteamericana una firme posición de condena y el corte de toda asistencia de cualquier tipo al gobierno salvadoreño.

No tuvo éxito en su petición. La ayuda estadounidense siguió fluyendo a El Salvador. Al contrario, ésta pronto sería incrementada sustancialmente. La política internacional de la Administración Carter de promoción de los derechos humanos tenía un claro filo contra los regímenes del llamado "socialismo real". Pero al mismo tiempo se mostraba hipócritamente tolerante frente violaciones a los mismos en países del autodenominado "mundo libre". La experiencia nicaragüense -donde la permisividad norteamericana ante la insurrección de los sandinistas, con quienes pactó una transición democrática que fue después irrespetada por ellos, ayudó al colapso del régimen- no iba a repetirse en El Salvador. Era ésta una firme determinación de la Administración Carter. Acosada por las duras críticas de los sectores conservadores ante el naufragio de la política exterior estadounidense en Nicaragua, que fortalecían al candidato presidencial Ronald Reagan, no iba a dejarse ablandar por la demanda de un líder religioso centroamericano. Era ése un año electoral en Estados Unidos. Mal momento para mostrarse blando en momentos en los que un fortalecimiento de las guerrillas marxistas en El Salvador podía significar un nuevo revés estadounidense en el tablero mundial de la guerra fría. La postura del arzobispo constituía para Estados Unidos un exabrupto incómodo y una preocupante osadía. Lejos de ser vista como lo que era: un último y desesperado intento pacificador, la carta sería considerada como un obstáculo a la propia estrategia "pacificadora" que la potencia estadounidense había diseñado para El Salvador.

A estas alturas nadie niega que el Pacto entre Fuerza Armada y Democracia Cristiana se fraguó en la Embajada norteamericana. Para ésta el Pacto era la clave para revertir la situación de vacío de poder que sobrevenía tras el golpe de estado del 15 de octubre y el colapso de la primera Junta que culminó con la renuncia masiva del gabinete al inicio del año. Estados Unidos presionó a unos y otros, jefes militares y dirigentes del PDC, a fin de hacer viable un instrumento de gobierno capaz de imponer el esquema de reforma con represión que los formuladores de política en Washington habían concebido. Nada de concesiones a la izquierda revolucionaria ni al movimiento popular que ésta dirigía o influía. Tampoco permitir que la derecha oligárquica se recompusiera y recuperase el poder perdido. La estrategia norteamericana preveía golpear simultáneamente a unos y a otros. Debilitar a la revolución escalando la represión y debilitar a la reacción mediante una reforma agraria y una nacionalización bancaria que socavara su poder.

La indócil oligarquía salvadoreña, que había resistido anteriores presiones para moderar sus posiciones y permitir reformas estructurales en el país, así como los sectores duros del anterior régimen militar, pasaban a ser vistos como obstáculos por Estados Unidos que decidía tomar cartas en el asunto imponiendo a todos su propia estrategia. El PDC, por su pasado opositor, sus planteamientos reformistas y su inequívoco anticomunismo, era el instrumento ideal para protagonizar el impulso a las decisivas reformas. Duarte, el antiguo candidato de la UNO derrotado por fraude electoral en 1972, el mejor candidato para encabezar el proyecto. Pero, por el momento, éste todavía no había recuperado las riendas de su partido, del que había estado alejado casi ocho años por su exilio. Sólo iba a ser cuestión de tiempo lograr que su protegido escalara hasta la Junta y se hiciera con el control de la conducción del partido y del Estado.

En el PDC prevalecían aún otros líderes y otras corrientes, genuinamente reformistas, que confiaban ingenuamente en que su presencia en el gobierno contribuiría a terminar o al menos suavizar la represión. "Sin nosotros sería peor" – era su pobre argumento a la crítica que monseñor Romero formulara. La perversa lógica histórica en que había entrado la nación pronto demostraría la inviabilidad de esos buenos deseos. El arzobispo era más certero en su diagnóstico político que el análisis que estos profesionales de la política hacían. Cuando vinieron a interponer su renuncia, durante la primera quincena de marzo, era tarde para salvar su proyecto. Justo a tiempo, al menos, para salvar su trayectoria política personal y evitar remordimientos de conciencia. Pocos días después caía asesinado monseñor Romero. Ellos, para su fortuna, ya no eran parte del gobierno. Se alejarían del país y de la política, o se sumarían al proyecto revolucionario ayudando a crear una instancia, el FDR, que acompañaría al FMLN en el esfuerzo de la guerra de liberación, pero sin tomar las armas ni tener en su conducción mayor influencia que la de ser considerados "aliados estratégicos". Tampoco en la mesa de negociación van a ser tomados en cuenta, lo que fue evidentemente un déficit del proceso. Cooptados por la revolución, eran claro testimonio del fracaso de su opción por la reforma.

Esta bandera sería tomada por Duarte y sus allegados, una vez las tendencias de centro- izquierda dejaron el partido permitiendo la unanimidad del liderazgo. Reformas teñidas en sangre, porque toda su radicalidad se diluía en el marco del genocidio que se estaba efectuando. Reformas que alimentaron una virulenta reacción de la oligarquía afectada y que fueron el detonante para la incorporación masiva de las derechas al nuevo proyecto que el mayor Roberto d´Aubuisson venía tejiendo. Todavía no existía ARENA en 1980, no siquiera en la mente de su fundador. Pero una vez fracasado el intento paramilitar del FAN se abriría paso la idea de jugar según las reglas de juego que Estados Unidos había impuesto: reconstruir la institucionalidad del Estado, dotarlo de una nueva Constitución y propiciar el mecanismo eleccionario para el acceso al poder político. Era el precio a pagar para darle rostro "democrático" al régimen surgido del golpe de estado. También para quitarle base social y desgastar al proyecto revolucionario. De tal manera que a la altura del primer trimestre de 1980 todavía no estaba unificada la extrema derecha, así como tampoco lo estaba la extrema izquierda. El primero de los tres polos ideológicos se había ya adelantado a configurarse, el que pretendería estar contra ambas extremas. Se trataba del proyecto duartista pro-norteamericano, en realidad una "extrema centro". Asentada precariamente en el poder desde marzo de 1980, su verdadera oportunidad la tendría durante el período presidencial de Napoleón Duarte, entre 1984 y 1989. Pero ésa es ya otra historia. La que quedaba presagiada en este decisivo primer trimestre del año 1980. Entre el momento de la Carta Abierta al Presidente Carter y el de la muerte de monseñor Romero. Con él se enterraba la moderación. Había sido asesinada.

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