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1. El sector productivo nacional desea dejar clara su posición ante la nueva fórmula de Gobierno instaurada el 9 día de los corrientes y que se ha concretado en la formación de una nueva Junta Revolucionaria de Gobierno, que incluye 2 representantes del Partido Demócrata Cristiano un profesional independiente.

Dicha fórmula es el resultado de la crisis provocada en el Gobierno anterior por un grupo de ministros que se pronunciaron abiertamente contra los métodos de trabajo del propio Gabinete y especialmente contra la jerarquía militar.

Formaban parte de dicho grupo disidente varios prominentes líderes de la Democracia Cristiana, incluido el Ing. Héctor Dada Hirezi, que ahora aparece como uno de los miembros de la nueva Junta de Gobierno. Durante las dos semanas que ha durado la crisis política , han sido notorias las maniobras del Partido Demócrata Cristiano para apoderarse del poder en una forma total y excluyente. Para ello han esgrimido los argumentos de que es el único partido político con un programa de gobierno definido y que representa a la mayoría del pueblo salvadoreño. Han dicho y repetido también que, por medio del diálogo, serían capaces de convencer a otros grupos políticos de apoyar el nuevo Gobierno.

A los dos días de asumir el Poder formalmente los miembros del Demócrata Cristiano se ha puesto de manifiesto, por declaraciones públicas de los líderes de otros partidos y organizaciones izquierdistas, que la Democracia Cristiana no solamente no es capaz de influir en ellos sino que es considerada por dichos grupos como un adversario al que hay que destruir.

Por otra parte, la afirmación de la Democracia Cristiana de que representa a la mayoría del pueblo salvadoreño es totalmente gratuita, ya que los votos en algunas elecciones pasadas han obtenido en las urnas, han representado más el descontento tradicional del pueblo salvadoreño hacia los gobiernos pasados, que una auténtica membresía del Partido. Ha sido tradicional en este país, que el pueblo vote masivamente por los candidatos de oposición, cualesquiera que éstos sean. La Democracia Cristiana no puede adjudicarse esos votos a su favor como una demostración de apoyo en el electorado. Muy pronto habrá oportunidad de saber cuál es la verdadera fuerza de dicho Partido, cuando tenga que enfrentarse al pueblo sin su tradicional ropaje de opositor y sin sus argumentos habituales de agitación social.

2. La fórmula de gobierno que la Democracia Cristiana presentó al ejército como condición para su participación en el mismo, expresamente contemplaba la exclusión de elementos de la iniciativa privada.

Esta idea fue reafirmada por el Ing. Dada Hirezi, en el acto de la toma de posesión de su alto cargo, cuando dijo que dicha posición obedecía a que la participación de la iniciativa privada sería nociva.

Semejantes afirmaciones contradicen expresamente la Proclama de la Fuerza Armada que en su párrafo final dice: "en este momento de verdadera emergencia nacional, se hace un llamado especial a los sectores populares y al capital privado con proyección social para que contribuyan a iniciar ana nueva época para El Salvador, enmarcada en los principios de paz y respeto efectivo de los derechos humanos de toa la ciudadanía.

3. La actitud de la Democracia Cristiana también contradice sus propias declaraciones de que harían un esfuerzo por integrar un gabinete pluralista, es decir con la participación de todos los sectores sociales.

Aunque las contracciones y los cambios de posición ideológica han sido la norma del Partido Demócrata Cristiano, como representantes de la iniciativa privada, no podemos pasar por alto esa actitud arrogante y excluyente de la Democracia Cristiana para apoderarse del gobierno, porque tal actitud es contraria al principio fundamental establecido por nuestra Constitución Política de que la soberanía reside en el pueblo y de que ningún grupo o fracción puede atribuírsela. Queremos, además, enfatizar que la iniciativa privada, es decir los millares de hombres y mujeres que trabajan en las empresas grandes, medianas y pequeñas, constituyen una parte importantísima del pueblo de El Salvador y no estará de acuerdo en que un pequeño grupo de políticos de oficio trate de excluirlo del legítimo derecho de participar y decidir su propio destino.

4. El sector productivo no tolerará más el calificativo de oligarquía que la extrema izquierda le ha querido aplicar, porque cualquier salvadoreño consciente y conocedor de la verdadera realidad nacional sabe que el sector privado de nuestro país está compuesto por innumerables empresarios que, día a día, luchan afanosamente por crear las nuevas fuentes de trabajo, los bienes de consumo y los servicios tan necesarios para el pueblo salvadoreño, sin ningún interés o propósito político.

El sector productivo salvadoreño quiere también dejar claramente establecido que, al no participar en el gobierno, declina cualquier responsabilidad en las consecuencias de las medidas que la Democracia Cristiana ponga en efecto.

Sin embargo, demandamos, con el derecho que nos asiste como ciudadanos salvadoreños, que se nos permita presentar nuestra opinión razonada sobre aquellos planteamientos que tendrán influencia profunda y decisiva en el futuro del país.

5. Por otra parte queremos claramente establecido que apoyamos los cambios estructurales necesarios y que estamos dispuestos a contribuir a la realización de dichos cambios en la medida de nuestra capacidad y experiencia.

El sector productivo se mantendrá vigilante en relación con la política de Gobierno y con la ejecución de las reformas estructurales.

Lo anterior no significa ni debe interpretarse como el propósito de oponerse a todo proyecto o medida que se adopte, que todas aquellas actuaciones que se consideran positivas y beneficiosas para el país, recibirán nuestro más amplio respaldo.

Sin embargo, ante las perspectivas que hasta este momento se presentan, al analizar el cuadro de la situación nacional, el sector productivo señala, desde ahora, en forma clara u terminante, que no aceptará cualquier afirmación futura por parte de los verdaderos culpables, de adjudicarse responsabilidades en los fracasos y en las consecuencias de una política en cuya dirección y conducción no ha tenido parte alguna.

Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)

Renuncia irrevocable del Gabinete, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios de instituciones autónomas, ante posición del COPEFA

Para dar a conocer esa renuncia en pleno, fueron citados los periodistas nacionales y extranjeros, a quienes se hizo esperar varias horas, porque a la hora fijada para tal anuncio, los miembros del Gabinete se encontraban reunidos dos de los miembros de la Junta, el coronel Adolfo Arnoldo Majano y el doctor Guillermo Ungo.

El primero en abandonar esa reunión, ya pasada las doce, fue el coronel Majano, quien se negó a externar comentario alguno.

Este militar había llegado con la última gestión ante los miembros del Gabinete, para evitar que éstos renunciaran.

Cuando por fin se abrieron las puertas a los periodistas, el doctor Rubén Zamora, Ministro de la Presidencia, anunció cual era el motivo de aquella reunión e inmediatamente la doctora Victoria de Avilés, sub- secretaria de Trabajo, le dio lectura al documento, que publicamos a continuación:

San Salvador, 3 de Enero de 1980

HONORABLE
JUNTA REVOLUCIONARIA
DE GOBIERNO

PRESENTE.

Cuando aceptamos los cargos públicos para las que fuimos nombrados, lo hicimos con la convicción de que se nos había llamado para llevar adelante cambios estructurales necesarios a fin de lograr una Patria socialmente justa y democrática en base a los lineamientos contenidos en la Proclama de la Fuerza Armada del día 15 de octubre de 1979.

Con nuestro desinteresado esfuerzo hemos logrado en dos meses de trabajo, el inicio de un proceso nunca antes visto en la historia de El Salvador. Basta citar el logro de medidas impostergables tales como: la Nacionalización del Comercio Exterior del Café y del Azúcar; el nombramiento de una Comisión Investigadora de Reos y Desaparecidos Políticos; el inicio de la Reforma Agraria con el Congelamiento de la Transferencia de la gran propiedad de la tierra la movilización del apoyo internacional en términos políticos y económicos que le eran negados totalmente a El Salvador por la naturaleza dictatorial de los gobiernos anteriores; la adopción por primera vez de una verdadera política exterior dirigida a vincularse más estrechamente con el movimiento de los países No Alienados, que ha sido aceptada por la Comunidad internacional. Todo ello a despertado la ira de la oligarquía y sus aliados quien a diario nos hace objeto de sus ataques.

Pese a nuestros esfuerzos hemos encontrado diferentes obstáculos para nuestro trabajo los que creemos se originan en:

a) La falta de definición clara de la Fuerza Armada y el presente Gobierno del cual formamos parte para llevar a cabo en forma concreta un proceso de democratización y todas las reformas estructurales necesarias así como su marco jurídico adecuado.

b) Las dificultades en la precisión de término "pluralismo" que han permitido la inclusión en el presente Gobierno de fuerzas reaccionarias que son en el fondo aliados de la gran oligarquía, por una parte y por otra, la falta de hechos reales para lograr un acercamiento a los movimientos populares cuya existencia e importancia no puede pretenderse por más tiempo en El Salvador.

Como consecuencia de todo lo anterior se ha producido una derechización de la Fuerza Armada y del proceso de cambio y democratización iniciado, que ha comenzado a retardarlo poniendo en peligro los objetivos de la Proclama.

Por lo tanto, dadas estas condiciones no creemos viable nuestra permanencia en el presente Gobierno por lo que presentamos nuestras renuncias con carácter irrevocable a la Junta Revolucionaria de Gobierno a partir de este día.

Queremos dejar constancia de que seguimos creyendo firmemente en un proyecto político basado en una verdadera alianza entre la Fuerza Armada y su pueblo, la cual implica la necesidad de rectificar el curso de la misma, concretizando un programa de reformas profundas que acaben definitivamente con las injusticias económicas, políticas y sociales que ha sufrido el Pueblo salvadoreño y que posibiliten la ampliación de la participación popular organizada. Específicamente nos referimos al respeto a los Derechos Humanos, a la democratización efectiva de los medios de comunicación social, la ejecución de una Reforma Agraria profunda, la nacionalización del sistema Bancario y Financiero, la sindicalización campesina, reformas laborales para una redefinición de las relaciones obrero patronales y otras en el campo de la salud, vivienda y educación.

Reafirmamos nuestra decisión de continuar junto al Pueblo la lucha por los cambios y aclaramos que seamos dispuestos a contribuir a cualquier forma comprometida con los intereses populares que son lo intereses que llevaron originalmente a los actores del movimiento del 15 de octubre a derrocar la dictadura anterior y a emitir su Proclama.

Atentamente.

Rubén Zamora, Ministro de la Presidencia; Raúl Valiente, Ministro de Obras Públicas; Héctor Dada Hirezi, Ministro de Relaciones Exteriores; Roberto Badía, Ministro de Salud Pública; Fernando Augusto Méndez, Sub- Secretario de Justicia, Victoria Mariana Velásquez, Sub- Secretaria de Trabajo y Prevención Social. Alberto Harth, Ministro de Planificación; Hugo Navarrete, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano; Óscar Menjívar, Subsecretario de Integración Económica y Economía Internacional; Mauricio Silva, Subsecretario de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social; David G. Soriano, Subsecretario de Hacienda; René F. Guerra y Guerra, Subsecretario del Exterior; Héctor Oquelí, Subsecretario de Relaciones Exteriores; Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Subsecretario de Agricultura y Ganadería; Guillermo Quiñónez, Director General de Salud; Roberto Dada Rinker, Presidente del Instituto de Vivienda Urbana; Alberto Arene, Presidente de INSAFOCOOP; Jorge A. Acosta, Vicepresidente de INSAFOCOOP, Rodrigo Guerra y Guerra, Presidente de CEL; Mario Cerna Torres, Subdirector del ISSS; José Jorge Simán Jacir; Presidente de INSAFI, Luis Buitrago, Presidente del Banco Central de Reserva, Gabriel Siri, Vicepresidente del Banco Central de Reserva.

(Tomado del Diario Oficia)

***Publicado en febrero de 1980

Pronunciamiento de la UCA ante la nueva situación de el país (febrero/80)

Introducción:

Los graves acontecimientos ocurridos a los largo de los días transcurridos desde nuestro último Pronunciamiento (noviembre 14, 1979) nos han exigido reflexionar de nuevo sobre lo que está sucediendo en el país. Decíamos entonces que "nuestra Universidad atenderá al proceso" y que "nuestro compromiso es con el país entero y, dada su división interna, ese compromiso para por las mayorías oprimidas en sus luchas de liberación". Lo hacemos una vez más con el deseo de colaborar en la tarea patriótica de esclarecer la confusión y disipar la angustia, que la mala información, las campañas tendenciosas de la oligarquía y sus aliados, y los mismos conflictos reales y objetivos han creado en amplios sectores sociales. Pensamos especialmente en las mayorías populares, organizaciones o no, con las que deseamos colaborar en la lucha desigual que libran contra las fuerzas más egoístas y crueles de nuestra sociedad.

Estos graves acontecimientos pueden centrarse en la represión sangrienta de la gigantesca manifestación popular del 22 de enero, que festejaba la constitución de una nueva unidad popular. Esa masacre condenada por cuantos mantienen un resto de dignidad no es sino un eslabón en una laga condena de violencia que ha cobrado una intensidad y una velocidad crecientes.

La represión en efecto no terminó el 15 de octubre. La anterior Junta no la pudo dominar y dimitió. Las cosas no han cambiado todavía. Han empeorado. En este mes de enero los Cuerpos de Seguridad y la Fuerza Armada han dado muerte por lo menos a 140 personas- Por su lado los grupos para- militares y para policiales han asesinado no menos de 110 personas. Todas las victimas son de Organizaciones Populares o personas que se suponen simpatizantes de ellas.

Los grupos llamados guerrilleros han causado víctimas entre miembros de los Cuerpos de Seguridad, Fuerza Armada, antiguos miembros de ORDEN y semejantes en número no inferior a 40.

Pero con ser todas estas muertes, hechos en sí gravísimos, no puede pasarse por alto tampoco el clima de incertidumbre y la desesperanza, que amenaza con detener el pulso del país , especialmente a lo que toca a la actividad económica. La resistencia tenaz a todo cambio serio de quienes pretenden retener todos los privilegios en el interior y salvar a sus capitales en el exterior, contribuyendo así a "desnacionalizar" la Banca y a agudizar las contradicciones; los repetidos anuncios y promesas formales de reformas sin precisión de su contenido, extensión y modalidades; las huelgas, las tomas y el poder creciente de unas organizaciones populares de las que desconfían los inversionistas ...todo aquello ha conducido al país a unos límites, que nuestro débil y dependiente sistema productivo no puede aguantar por mucho tiempo más.

Es hora entonces de pensar en soluciones que frenen la espiral de la violencia y que propicien un cambio político estable y viable. Pero esas soluciones no pueden encontrarse sino se analiza lo ocurrido en estos últimos dos meses y si no se propone una salida política que pueda enfrentar con garantía y con respaldo la grave situación económica....

(fragmento de la Pronunciación de la UCA, publicado en La Prensa Gráfica, el 5 de febrero de 1980).

Comentarios (Compañía de Jesús)

Misión de la iglesia en medio de la crisis del país. Carta Pastoral de Mons. Romero

Desde su toma de posesión de la arquidiócesis de San Salvador, Mons. Romero ha anunciado cada, 6 de agosto, fiesta patronal de la nación, una Carta Pastoral. No es retórico afirmar que se necesitaba valor, sensatez cristiana y un ingente amor al pueblo para escribirla también este año, a no ser que en ella se repitiesen vagas generalidades que nada iluminan y mucho encubren en una crítica situación como la nuestra. El silencio habitual y actual de los otros jerarcas – por no mencionar las aberrantes homilías del Obispo de San Vicente- muestran que la tarea no es fácil, para un Obispo.

Sin embargo Mons. Romero ha aceptado el reto de la realidad del país y ha hecho objeto de su carta precisamente la crisis del país vista desde la Iglesia o, si se quiere, la Iglesia vista desde la crisis de país. Se en sus dos primeras cartas pastorales presentó una sana y sólida doctrina sobre el ser y la misión de la iglesia; si en su tercera carta concretó esa doctrina en la relación de la Iglesia con las organizaciones populares políticas, en ésta se dirige un directo a la actual coyuntura del país, aterradora y amenazante como pocas veces en la historia reciente.

Y se dirige a ella no desde fuera, sino como quien está inmerso dentro de esa crisis y en solidaridad con las mayorías pobres, que son quienes más directa y cruelmente la soportan. Y en medio de esta crisis se pregunta por la misión de la Iglesia, qué puede y debe hacer para iluminar sus causas estructurales y los abundantes frutos violentos de la coyuntura, qué puede y debe hacer la Iglesia para detener la crisis y propiciar caminos positivos de solución.

Loas criterios doctrinales de esta Carta son fundamentalmente los principios teológicos y pastorales del Documente de Puebla. Este es citado abundantemente y sin artificiosidad, pues Mons. Romero ha sido uno de sus autores, y, más importante aún, uno de los obispos del continente en cuya diócesis se ha desencadenado un tipo de vida eclesial que posibilitó los mejores textos de Puebla. Por ello Mons. Romero hace suyos los principios de Puebla y, en concreto, la opción preferencial por los pobres que guía la Carta a un doble nivel: por una parte por difíciles y vidriosos que sean, mientras sean realmente los problemas de los pobres y los que les afectan a ellos mas directamente, y por otra parte para discernir desde esa opción y dar un juicio sobre la crisis del país y la concreta misión de la Iglesia.

El llamado del Papa Juan Pablo II a concretar Puebla en las diversas comunidades del continente lo ha aceptado Mons. Romero con la evidente sumisión a una exigencia pontificia y con la no menos evidente exigencia de concretar Puebla desde los pobres de la arquidiócesis. Por ello tiene profundo sentido pastoral en el que la Carta se haya elaborado teniendo en cuenta el Documento de Puebla y las respuestas a la encuesta que envió Mons. Romero a las comunidades de base. La conjunción de documentos jerárquicos y la vida real de la Iglesia, del "desde arriba" del evangelio y el "desde abajo" de los pobres muestran la auténtica disposición pastoral de Mons. Romero al escribir la Carta y son una primera garantía para acertar en tan difíciles problemas, a lo que Mons. Romero añade la humildad y sensatez de pedir a todos mantener el diálogo abierto sobre estos temas.

Numerosos y variados son los temas que se tratan en la Carta. Aquí vamos a enumerar aquéllos que a nuestro juicio son de mayor importancia eclesial y social y que además son tratados con más amplitud en la misma Carta. Son éstos el tema del régimen de seguridad nacional en que vive El Salvador, el tema de las organizaciones populares en su actual concreción y el tema de concretar de nuevo la misión de la Iglesia.

Fragmentos del comentario

1. La Carta Pastoral denuncia enérgicamente, siguiendo a Puebla, el régimen de seguridad nacional; es decir, aquel régimen en el que el individuo es puesto al servicio del Estado, en el que es suprimida la participación política, en el que los beneficios de desarrollo son altamente desiguales, mientras que la fuerza armada cuida de que se mantenga el actual orden económico y político, justificando para ello "asesinatos, desapariciones [...].