El 15 de octubre de 1979

Héctor Dada Hirezi*
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Publicada en enero 2002- El Faro

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De izq.a a der.: Miembros de la junta Guillermo Ungo y Jaime Abdul Gutierrez, y Héctor Dada Hirezi, Canciller de la República.

La crisis nacional que sirvió de marco al golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 no se gestó de un día para otro, ni de un año para otro. Fue el clímax de un largo proceso de ilegitimación progresiva de las formas de dominación en el país, expresada políticamente en la incapacidad creciente del Estado para administrar el conflicto social. No es este el espacio para hacer un detenido repaso analítico de dicho proceso, y baste señalar algunos de sus elementos centrales.

La industrialización por sustitución de importaciones no logró desplazar a la producción agroexportadora en cuanto eje central en la reproducción económica, carácter que mantenía desde finales del siglo XIX. Destruyó muchas de las actividades no agrícolas de las zonas rurales y semi-urbanas sin generar puestos de trabajo que absorbieran la mano de obra que laboraba en ellas; generó una urbanización forzada, con grandes bolsones de miseria en la capital; cargó sobre el sector agrario latifundista y minifundista buena parte del costo de la acumulación industrial; mantuvo un sistema autoritario de gobierno, que combinaba formas constitucionales democráticas con una situación de facto que cerraba los espacios de participación política y de concertación para la administración de los conflictos sociales.

Los intentos de crear una democracia "tutelada" bajo inspiración de la política norteamericana de respuesta a la revolución cubana, acompañada de limitadas reformas sociales, desbordaron los marcos impuestos. El Partido Demócrata Cristiano, creado en 1960 bajo el lema "hacia la justicia social en un régimen de auténtica democracia", movilizó grandes cantidades de ciudadanos; sin embargo, lo que fue directamente proporcional a los votos obtenidos fue el fraude y la represión y no el reconocimiento de los cargos adjudicados por la voluntad de la ciudadanía. Ni la derecha oligárquica, ni los sectores privados urbanos, ni la política norteamericana, parecían tolerar la posibilidad de la alternancia, ni la construcción de un capitalismo que distribuyera los beneficios del desarrollo.

Los principales cuadros y bases de la Iglesia Católica, gran parte de los maestros de educación pública y privada, tomaron el camino de oposición al régimen. Anteriormente respaldos legitimadores de la dominación, se convertían entonces en potenciales actores de un proceso de transformación más radical de la sociedad, ante la imposibilidad de encontrar respuesta a través de los caminos que la Constitución y las leyes determinaban; asimismo, militantes de los partidos de oposición democrática perdían progresivamente las esperanzas del cambio por medios electorales.

El marco internacional también influía en la evolución del conflicto social y político. La agudización de la guerra fría, la existencia de una revolución socialista triunfante en Cuba, el debilitamiento temporal de la hegemonía norteamericana mostrado en la acción del cártel de los países exportadores de petróleo, la crisis progresiva de la economía de los países capitalistas más desarrollados; todo ello contribuía a la polarización creciente de las posiciones políticas al interior del país, pese a los crecientes esfuerzos de solución pacífica de los conflictos por parte de sectores políticos democráticos, de líderes religiosos (Monseñor Romero tiene en esto un papel privilegiado después de su consagración como Arzobispo de San Salvador), y aun del Partido Comunista Salvadoreño en buena parte del período.

La elección del Gral. Romero a la presidencia de la República en 1977 se dio en una situación de generalizada desobediencia ciudadana. Los partidos de oposición habían hecho el intento de construir una fórmula tolerable para los centros de poder al entregar a un coronel retirado la candidatura presidencial; sin embargo, los procedimientos habituales de la derecha en el poder y de los militares que ejercían el gobierno lograron imponer "legalmente" el triunfo del Partido de Conciliación Nacional, entonces una fachada electoral de la Fuerzas Armadas. Se abre así un período de "dictadura en el caos" en el que el gobierno militar intenta reprimir en tanto los movimientos sociales populares y de clases medias expresan cotidianamente en las calles su negativa a aceptar la permanencia de las formas de dominación existentes.

La crisis de la economía mundial, acelerada en 1979 por la elevación de los precios del petróleo a cifras sin precedentes (que en términos reales no han sido homologadas posteriormente), al internalizarse en la economía nacional fue un golpe serio a las posibilidades de la agroexportación para seguir sirviendo de base a la reproducción económica. Las bases materiales de la dominación militar-oligárquica parecían heridas de muerte. Un conflicto social agudo y una crisis sustancial en los sectores dominantes abrían el espacio a los cambios, y la potencialidad de que fueran hechos por la vía armada estaba presente a través del accionar de las cinco organizaciones guerrilleras que luego constituirían el FMLN.

El triunfo sandinista en Nicaragua en julio de 1979 fue un elemento coadyuvante para la definición de la actitud de la joven oficialidad de las Fuerzas Armadas. La desaparición de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza fue atribuida a su complicidad con una forma de ejercicio de poder que había cerrado espacios a la participación, lo que había provocado un divorcio con los sectores populares, marginados en sus intereses y en sus derechos y además reprimidos. Con las diferencias en las realidades de los dos países, la conclusión de buena parte de ellos fue la necesidad de canalizar el cambio a través de una asociación con sectores sociales y partidos políticos democráticos. Por su lado, los norteamericanos comprendían la inviabilidad de continuar respaldando al gobierno de Romero, y buscaban aliados para encontrar una solución que no les creara más problemas en una región tan convulsa.

El golpe de Estado del 15 de octubre fue en definitiva una acción producto de negociaciones entre diversos grupos militares. Unos sostenían un reformismo con participación popular, otros un reformismo contrainsurgente; pero todos coincidían en la imposibilidad histórica de mantener la situación existente. Después de negociar la participación de los partidos políticos y los movimientos sociales integrados en el Foro Popular, y de sectores empresariales progresistas, surgió un gobierno plural, que reunía a muchas de las personas más capaces del país, con una plataforma de intervención del Estado para transformar la estructura de la propiedad en el país, para construir las bases materiales de una democracia moderna y de un capitalismo más equitativo. Todo ello a través de acciones incluyentes que cerraran espacios a la guerra como instrumento para la confrontación política y social.

La historia muestra que los objetivos pacificadores fracasaron, al triunfar una visión excluyente de reformismo contrainsurgente, más enfocado a satisfacer necesidades e intereses globales de los Estados Unidos que a buscar la satisfacción de los intereses y las necesidades de los salvadoreños, y que fue acompañado por parte de la derecha económica del país; junto a ello, la actitud de la izquierda armada que veía en la situación internacional y en la evolución de los hechos internos una posibilidad de tomar el poder por las armas y realizar una revolución definitiva. Decenas de miles de muertos son el testimonio de los resultados de la decisión de la indeseabilidad de una solución pacífica compartida por ambos extremos. Los sectores democráticos que integraron ese gobierno no tuvieron la capacidad – y quizá tampoco la posibilidad histórica – de aglutinar respaldo social y político para realizar su proyecto.

El 15 de octubre significa esencialmente el fin de la dominación política de la oligarquía agroexportadora, cuyo debilitamiento había comenzado a mediados de la octava década del siglo XX. Por supuesto también el fin de la posición de las Fuerzas Armadas como instrumento de gobierno de los grupos de poder económico, y en buena medida como administradores de las contradicciones entre los sectores del capital dependientes primordialmente de la agroexportación y aquellos más ligados a actividades urbanas. Si bien en forma no adecuada a una visión cercana a los intereses de la democracia y la justicia social, las reformas a la propiedad acabaron para siempre con la estrecha relación de la tierra con la capacidad de tener poder social. Una oligarquía que había sido creada en buena medida desde el Estado a finales del siglo XIX era sustituida por los Estados Unidos como base del poder político, al asumir la conducción e la guerra.

Esa fecha es un hito en la historia de El Salvador. Es el fin de una estructura de las relaciones sociales y de una forma de conducir el Estado. También mostró las dificultades de construir en ese momento un país democrático y equitativo. La guerra no pudo ser evitada, pero tampoco ésta pudo poner en la balanza, de manera adecuada, los intereses de las mayorías. Y diez años después, como se había hecho un siglo antes, desde el Estado se iniciaba la tercera gran reforma de la propiedad en la historia independiente de nuestro país a través de la entrega controlada de los bienes del Estado a actores sociales determinados. Un nuevo grupo de poder social estaba en gestación, a partir del control de la gestión pública, sobre bases materiales distintas que en el pasado, dentro de relaciones sociales diferentes, en un entorno mundial con nuevas características. El 15 de octubre no puede entenderse sin tener presente la crisis que lo enmarcó; lo que viene sucediendo después no puede explicarse sin el 15 de octubre.

*El autor fue Ministro de Relaciones Exteriores de la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno, y miembro de la Segunda Junta.

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