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La política es silencio

Desde compras a sobreprecios en la Asamblea Legislativa, hasta testigos falsos de la Fiscalía, pasando por dispensas millonarias a los bancos y compras fantasmas en la Secretaría de la Juventud, todo tuvo en 2008 un ingrediente común: el silencio de los servidores públicos.

Daniel Valencia
cartas@elfaro.net
Publicada el 29 de diciembre de 2008 - El Faro

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El 15 de septiembre, en la plaza Libertad, de San Salvador, estuvieron reunidos todos los funcionarios de los tres poderes del Estado involucrados en más de 20 casos que El Faro ha reportado en 2008 y en los cuales se evidenció la delgada línea que separa al silencio de la transparencia.

Aquel día cívico todos estos funcionarios llegaron a la plaza a homenajear la bandera, a la patria salvadoreña, esa que según dijo el presidente Antonio Saca –en su discurso- goza de mucha transparencia. Sin embargo, ya finalizado el año, los mismos funcionarios que cantaron con fervor patrio el himno nacional todavía no han querido  explicar por qué tomaron la decisiones que tomaron para los casos que les atañen a  ellos y a sus instituciones. Y los ejemplos sobran.

Frente al monumento de la plaza, en el costado izquierdo, se pararon los diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Esa que a finales de enero sufrió el escarnio de la opinión pública luego de haber salido a la luz un incremento salarial para cada uno de los legisladores -y que comenzó a ser erogado a las cuentas personales de los legisladores en más de mil y algunos casos de 2 mil dólares-. El caso culminó con una fracción de Arena que se arrepintió en público de haber defendido un aumento salarial “desproporcionado” luego de que el Coena ordenara a sus diputados revertir el incremento que una semana anterior declararon como un “acto consumado”. El partido aceptó su error, que fraguó junto al PCN  y bajo la mirada complaciente del resto de partidos para aumentar el sueldo de los diputados. Al final, la junta directiva del parlamento y los diputados se lavaron las manos y descargaron en “otras” personas esa autorización. Nadie fue declarado responsable.

El Faro intentó averiguar quiénes y cómo fraguaron el aumento a escondidas, pero todos los legisladores cerraron filas y se autoimpusieron silencio.

Esos mismos diputados también se cuidaron las espaldas mutuamente al aprobar para el ejercicio fiscal de 2008 la compra de artículos de oficina y otros enseres a precios risibles. Algunos de ellos rehusaron buscar explicaciones a la adquisición de memorias USB hasta 23 veces más caras que el precio de mercado, y otros creyeron que había que investigar. En lo que todos coincidieron es que ellos no solicitaron esos productos y apuntaron sus dedos acusadores hacia la Gerencia de Finanzas, que dijo que el informe al que tuvo acceso El Faro es secreto. Ningún responsable.

En términos de probidad y transparencia, la Asamblea Legislativa no sólo fue noticia por al aumento salarial y por los gastos desproporcionados en artículos de oficina. También fue noticia porque defendió, protegió y mantuvo el estatus quo para la institución que se supone garantiza el buen uso y desempeño de las finanzas públicas: la Corte de Cuentas.

En mayo, ARENA, PCN y PDC  alargaron a 27 años la dictadura del PCN en la Corte Cuentas, al reelegir en el cargo de magistrado presidente al dirigente pecenista Rafael Hernán Contreras. Y no sólo eso. Un mes más tarde trascendió que la Asamblea incumplió primero el contrato para auditar la Corte de Cuentas y ahora se debate un juicio millonario con la consultora responsable de hacer la auditoría para la que fue contratada.

Aquella mañana del 15 de septiembre el presidente del máximo ente contralor también estaba en la plaza. Contreras también cantó. Pero cuando se le abordó acerca de un caso en donde se descubrió que la Secretaría de la Juventud –oficina adscrita a Casa Presidencial- pagó con sobreprecio artículos promocionales para la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, celebrada en octubre, guardó silencio y dijo “desconocer” el caso.

Sobre la Secretaría de la Juventud hay mucha tela que cortar. Invirtió alrededor de medio millón de dólares en artículos promocionales, pagó con sobreprecios, le pagó a una empresa fantasma, y la empresa a la que supuestamente le había pagado se quejó públicamente y dijo no tener negocios con esta oficina del Estado. Carlos Alemán, el secretario de la juventud, le concedió una única y final entrevista a El Faro y luego calló. Desde mayo, en las conferencias evade a la prensa cuando se le aborda sobre este tema y se escuda en la espalda del funcionario de mayor rango que esté cerca de él. Lo hizo a finales de septiembre y en octubre con el presidente de la República y con la canciller de la república en las vísperas de la Cumbre Iberoamericana.

Lo curioso del caso es que ni Alemán ni nadie en el Ejecutivo da cuentas de nada. Encima de Alemán, en línea de mando, están Julio Rank, secretario de Comunicaciones; Élmer Charlaix, secretario privado de la presidencia, y el mismo presidente. Ninguno ha pedido investigación ni ha querido dar respuestas. Aquel 15 de septiembre, todos ellos estaban en la plaza. Y también estaba el único que queda en la línea de funcionarios que podría investigar a razón de que su trabajo consiste en defender los intereses de la sociedad y del Estado: el fiscal general, Félix Garrid Safie.

Pero el fiscal tampoco tiene interés en investigar ni este caso ni los otros casos que durante 2008 han sido reportados y para los cuáles, según las normas de la transparencia, deberían tener respuesta.
Safie, que fue abordado sobre este caso en julio –y quien dijo que investigaría-, el 15 de septiembre, en la plaza, respondió que no ha investigado porque “tiene otras prioridades”.

Ese 15 de septiembre, el presidente Saca hizo un llamado a la unidad y al respeto, a la transparencia. “Hace patria el que actúa con honor, con transparencia, con rectitud y con estatura moral”, dijo el mandatario.

Pero en 2008 lo que menos ha habido es eso: transparencia. La Fundación Salvadoreña para el desarrollo Económico y Social (Fusades) lo dijo dos veces. Lo dijo a principios del año cuando anunció que lanzaría una propuesta de ley de acceso a la información y lo dijo en octubre, cuando la lanzó.

Si la propuesta de Fusades ya fuera ley, el Viceministerio de Vivienda ya hubiera tenido que explicar por qué autorizó la construcción de la residencial Palo Alto, en Zaragoza, sin contar con los permiso de ley; la Fiscalía ya hubiera informado si se sancionó a los fiscales que utilizan testigos falsos en sus casos; Etesal ya hubiera explicado cómo hizo la contratación del cableado que lleva electricidad al Puerto de La Unión y Concultura ya hubiera explicado por qué su director de patrimonio cultural ha autorizado la destrucción de  importantes sitios arqueológicos.

Si ya hubiera ley de transparencia, Hacienda habría dado cuentas de por qué perdonó millonarios impuestos a la banca; la alcaldesa Violeta Menjívar –que también estuvo en la plaza- ya hubiera explicado cuánto gasta en publicidad y por qué utiliza los siempre escasos recursos de la municipalidad capitalina para utilizar como vehículo de propaganda el “Diario de la Ciudad”.

Si ya hubiera ley de transparencia, el Ministerio de Trabajo ya habría explicado cómo y por qué permitió que la maquila Lido Industrias dejara sin indemnización a sus empleados, Hernán Contreras ya hubiera explicado por qué le dio trabajo a un prófugo de la justicia peruana, CEL explicaría por qué incumplió el contrato con ENEL y a la canciller Marisol Argueta de Barillas se le pediría que explicara abiertamente por qué pidió que Estados Unidos intervenga en el proceso electoral salvadoreño.

Pero para que la ley de acceso a la información se cumpla necita la aprobación y cumplimiento de aquellos actores que el 15 de septiembre, en la plaza, estuvieron reunidos cantando al unísono el Himno Nacional. La ley, según Fusades, garantizaría las condiciones mínimas para que la ciudadanía exija transparencia y probidad y para que el país combata la corrupción.

El anteproyecto propone un plazo de 20 días parra que un servidor público responda a una solicitud de información ciudadana, y contempla hasta cárcel para quienes en los casos más graves no atiendan las disposiciones de la normativa.

El mismo mes en que Fusades presentó en público su propuesta, Transparencia Internacional rindió un informe que aplaza a El Salvador en la percepción de corrupción. En esos días fue cuando el secretario de comunicaciones de la presidencia, Julio Rank, zanjó los pedidos de El Faro de que revele las cuentas de publicidad del Ejecutivo, diciendo que la información la dará hasta cuando le plazca: después de la elección presidencial de 2009.

Los resultados de cinco encuestas especializadas otorgaron al país una décima de punto menos que en 2007 en el índice de percepción de la corrupción (IPC), que se ha convertido en un referente para instituciones evaluadoras de riesgo y consultoras de inversionistas.

Entre 180 países, El Salvador obtuvo 3.9 puntos, en una escala de 0 a 10, donde el 0 representa máximos niveles de corrupción, mientras que un 10 supone que no se percibe corrupción. En el informe de 2007, la nota fue de 4.0 puntos, y a pesar del ligero descenso, el resto de países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, aparecen con peores credenciales.

El presidente Saca, que a diferencia del candidato presidencial de su partido opina que no se necesita ley de acceso a la información, asegura que los instrumentos existentes son los adecuados para combatir la corrupción. Sin embargo, 2008 ha probado que las normativas existentes permiten con facilidad poner una barrera insalvable entre la información pública y los ciudadanos, y una barrera de un silencio cómodo entre la información pública y los servidores públicos.

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