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NOTICIAS Las crisis económica de SacaEl 2008 dejó a El Salvador año con un crecimiento del 3.2% con respecto al PIB y una inflación que podría alcanzar el 5.9%. Mientras el gobierno asegura que los datos son positivos en medio de la crisis económica y financiera actual, también augura un 2009 que irá más a la baja. Rodrigo Baires Quezada
El Salvador cerró 2008 con un crecimiento económico a la baja. Según anunció el gabinete económico del presidente Antonio Saca, el país terminará diciembre con un crecimiento de 3.2% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), 1.8% menos que lo estimado a principios del año y un retroceso de 1.5% con respecto a 2007. Todavía a noviembre, el gobierno estimaba proyecciones del 3.9% del PIB. Aún con los números a la baja, el gabinete estima como “positivo” el crecimiento económico del país frente a la crisis económica y financiera mundial. El año empezó con una fuerte presión para las arcas del Estado tras el aumento del precio internacional del petróleo -el barril alcanzó en julio un precio récord de 147 dólares-, sumado a la gran demanda de granos básicos para China y para la producción de combustibles alternativos –etanol y biocombustibles-, que generó un encarecimiento de los alimentos y de los insumos y procesos agrícolas alrededor del mundo. El Salvador no quedó fuera de la crisis ni de las nuevas reglas del juego del mercado internacional. Muestra de ello fue el primer informe trimestral de coyuntura 2008 de Fusades, que mostraba, entre marzo de 2007 y marzo de 2008, incrementos en los precios del frijol (68.2%), pan francés (30.2%), arroz (35.3%) y tortillas (16.6%) en un país donde cuatro de cada cinco familias utilizan más del 50% de sus ingresos a la compra de alimentos. Además, el documentó señaló que el 75% de las empresas reportaron un aumento en sus costos de producción en el primer trimestre del año. Más allá, los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007 del Ministerio de Economía -que se manejó con reserva durante el año- indicaron que el índice de pobreza subió de 30.7% a 34.6% entre junio de 2006 y 2007, el mayor crecimiento que se ha registrado en los últimos 16 años. En otros términos, esto implicaba 15 mil nuevos hogares rurales en condición de pobreza extrema, que eleva a casi 80 mil el número de familias en esa situación. Desde Casa Presidencial, Saca llamó a ahorrar como única manera de enfrentar lo que llamó exclusivamente una “crisis internacional” producto del precio del barril de petróleo. Sin embargo, las nuevas políticas sociales adoptadas por la gestión Saca apuntaban a un mayor gasto de Estado sustentado en un aumento en los ingresos por recaudación de impuestos. Los números, por lo visto más claramente en el último trimestre del año, no dieron la razón. Así lo vieron el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de la Presidencia al defender los incrementos en el presupuesto general que necesitaría el echar andar el proyecto “Alianza por la Familia”, una serie de medidas económicas y normativas que buscaban aliviar el bolsillo de los salvadoreños en época de crisis, según dijo Saca. En el apartado económico, las medidas incluían absorber los costos de colegiatura y matrícula de la educación media, subir los techos de deducción de impuesto de renta en educación y salud, ampliar la red de ayuda con semilla mejorada, el pago del 100% de indemnización por parto en el Seguro Social y el congelamiento de las tarifas eléctricas para que el Estado absorbiera el alza, entre otras. ¿Los costos? 155 millones de dólares, un monto que no se atrevieron a desglosar de manera definitiva y que no se encontraba en el proyecto de presupuesto 2008. Ante la pregunta de dónde saldría el dinero para financiar estos proyectos, el Ejecutivo respondió que todas las medidas eran sostenibles con base en la recaudación de impuestos. En la práctica, algunas de ellas, como el caso del Seguro Social y CEL, tenían que ser absorbidas por las mismas autónomas, aunque eso supusiera el sacrificio de proyectos de inversión. Nicolás Salume, presidente de CEL, reconoció que en el caso de su institución la medida era insostenible económicamente pero que tenía un alto componente electoral importante de cara a las elecciones de 2009. Para entonces, las arcas del Estado ya mostraban síntomas de que no tenían la suficiente liquidez para enfrentar todas las promesas de Saca. Dentro de Hacienda se hablaba de hacer malabares para salir tablas mes a mes. “No siempre se ha podido salir con todos los gastos. El presupuesto del Estado no es un dinero que se tiene disponible, sino que va entrando por oleadas y que se va distribuyendo según las necesidades. Por momentos, hay más necesidad que recursos”, dijo un ejecutivo del Ministerio, en referencia a las complicaciones para honrar los compromisos. El presupuesto secreto del Estado ¿Cuánto dinero le hace falta al Estado? Nadie habla de ello y las cifras que se manejan públicamente no dan luces para conocer la contabilidad estatal. Para algunos analistas económicos, el problema principal es que el Ejecutivo asumió medidas que, aunque populares y que podían traer réditos electorales, no eran sostenibles en el tiempo. Muestra de ello eran los subsidios al transporte público, al gas propano y a la energía eléctrica. Álvaro Trigueros, gerente de la sección Macroeconómica de Fusades, lo adelantó a El Faro a mediados de junio, cuando reconoció que el aumento del precio internacional del petróleo cambió todo el escenario económico que el gobierno preveía. “Las finanzas públicas tienen restricciones fuertes y no pueden aguantar con todo. Si sube el petróleo más, en algún momento se tiene que tomar acciones”, dijo Trigueros. Para el economista, el gobierno no debió plantear nunca subsidiar ilimitadamente productos esenciales que tienden a subir de precio en el tiempo. Ese es el caso de la gasolina y el gas licuado que se ocupa para cocinar. Pero Saca y su gabinete económico cerraron filas en torno a la necesidad de mantener las medidas con el discurso de apoyar a la población “más necesitada”. Ese mismo mes, Saca aumentó la presión sobre las arcas del Estado con más anuncios de medidas que tendían a “aliviar más los bolsillos de los salvadoreños”: un aumento de 50 dólares para los empleados del gobierno y la recapitalización del Banco de Fomento Agropecuario, entre otras. A inicios de diciembre, Fusades calificó el subsidio al gas propano como un subsidio “pro hogares ricos”. El señalamiento lo hizo durante la presentación de su propuesta de políticas públicas para el quinquenio 2009-2014, y coincidió con un informe que presentaron las distribuidoras de electricidad, en el que denunciaron que contrario al discurso gubernamental, 8 de cada 10 dólares del subsidio para electricidad va para los salvadoreños que mayor capacidad de pago tienen. Ante las medidas, políticos y economistas volvieron a preguntar: “¿De dónde saldrá el dinero?” El Ejecutivo nunca respondió con claridad, pero sí dejó claro que no los obligaría a suspender o focalizar los subsidios que ya se estaban dando. “El gran lío que tiene el gobierno de turno es que en un año preelectoral es bien difícil (eliminar subsidios). Ya este gobierno envió la señal clara de que no los va a quitar”, dijo Trigueros. A finales de septiembre y principios de octubre se hizo patente la iliquidez del gobierno. Si bien el precio del petróleo bajó, el Ejecutivo ya había adquirido compromisos financieros con el alza incluida. Ese fue el caso de los subsidios a la energía eléctrica -que el Estado paga con seis meses de retraso- y al transporte público. Para entonces, aún con la negativa del gobierno a aceptarlo, a la crisis nacional ya se había sumado la crisis financiera de la banca en Estados Unidos. Al descapitalizarse la banca internacional, los bancos nacionales se quedaron sin flujo de liquidez desde sus casas matrices. El paso siguiente fue limitar -en algunos casos- o cerrar -en otros- los créditos productivos en El Salvador. El sector construcción fue el primero en resentir la falta de dinero, parando más de una docena de proyectos en marcha y con una perdida de 10 mil empleos directos en el año. “El presidente debe de decir que estamos caminando en medio de la crisis y lo estamos haciendo muy bien, que debemos tomar estas medidas para el futuro si hay que hacerlo y por eso es que estoy actuando con toda responsabilidad”, dijo Saca a la prensa el 3 de octubre. Sus palabras hacían referencia al refinanciamiento de deuda pública a vencerse en 2011 por 653 millones de dólares y que llegó a feliz término tras varias reuniones a puerta cerrada entre el Ejecutivo y el FMLN. “Yo me voy en 2009 en junio, pero el próximo presidente va a encontrar un lío en el pago en el 2011, y no habrá de dónde sacar ese dinero, entonces estamos resolviendo hoy ese problema, debemos de ser muy responsables”, sostuvo. Esa responsabilidad del presidente quedó en entredicho con el siguiente paso que dio el Ejecutivo. En ese momento, según algunos analistas económicos, la Presidencia hizo todo lo contrario a lo que se había hecho en otros países. En lugar de inyectar liquidez al sistema financiero, el gobierno compitió por obtener dinero en el sistema colocando letras del tesoro (letes) que se vencían a corto plazo y pagando altos intereses. El último lote era una ganga para los inversionistas: 38 millones de dólares al 7.5%, libre de impuestos y pagaderos a 90 días plazo. Es decir, que alguien que adquiriera 100 mil dólares en estas letes, al cabo de apenas tres meses iba a tener en su bolsillo no solo los 100 mil dólares invertidos, sino 7 mil 500 dólares más de ganancia. Aun cuando las finanzas del Estado son y siguen siendo un secreto, la evaluadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de El Salvador de “estable” a “negativa”, el 13 de octubre pasado, con base en los síntomas que presentaba la economía nacional. “La modificación de la perspectiva a negativa refleja los crecientes riesgos provenientes de las mayores presiones fiscales y económicas en un contexto de ajustada liquidez doméstica y externa… la ajustada liquidez ha complicado el panorama financiero del soberano, incluso en las obligaciones de corto plazo. Tasas de interés más altas han sido requeridas para renovar los vencimientos de corto plazo y el interés por instrumentos cuyo vencimiento va más allá de las elecciones de 2009 ha disminuido”, decía el informe. “La situación es crítica, es delicada”, reconoció Roberto Rubio, economista y director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), en noviembre pasado. “Hay problemas serios de iliquidez en lo privado y público. Si no se hace nada, sí habrá una crisis que nos puede llevar a los corralitos”, advirtió, en referencia a la experiencia de los argentinos hace una década, cuando el gobierno prohibió que la gente sacara el dinero de sus cuentas, para poder usarlo el Estado en sus propias obligaciones. “Pero hay alternativas, y si se hace algo podés enfrentar los problemas financieros del país”, sostuvo Rubio. Las alternativas para dinamizar la economía, según analistas, economistas y tanques de pensamiento, pasaban por una combinación de medidas que incluían la focalización de subsidios que no benefician a la gente más necesitada y la contratación de préstamos internacionales de emergencia. La primera medida ya fue desestimada por el Ejecutivo. Hasta el cierre de diciembre, según lo anunció el gabinete económico el pasado martes, sólo en los subsidios, se erogaron un poco más de 500 millones de dólares: gas licuado (140 millones), transporte público (57.1 millones) y energía eléctrica (303 millones). En todos los rubros existieron retrasos para el pago y, en el caso de la electricidad, todavía hay un remanente por pagar. La segunda medida se hizo realidad con la contratación de dos empréstitos internacionales a tasas de interés que rondan el 7%: uno de 400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que ya se hizo el primer desembolso de 37 millones; y otro con el Fondo Monetario Internacional, por 800 millones de dólares en carácter precautivo en caso de emergencia macroeconómica. Aún así, las estimaciones económicas para el próximo año no son nada alentadoras. La presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), Luz María de Portillo, aseguró que el crecimiento económico será menor en 2009 y que rondará el 2.5% del PIB. “Se está esperando un menor crecimiento económico para el próximo año”, dijo y adelantó que esto se deberá a la restricción en el acceso al crédito externo, la recesión mundial y la incertidumbre del período electoral. Esa cifra, sin embargo, no se parece mucho a la que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) pronostica para El Salvador: solo un 1% de crecimiento económico en 2009. Ante ello, Eduardo Ayala Grimaldi, secretario Técnico de la Presidencia, solicitó tranquilidad al país porque “el gobierno tiene el control” y sostuvo que el país, con los préstamos del BID y del FMI, está seguro ante la crisis económica y financiera mundial.
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