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NOTICIAS Salvadoreños acusados de perjurio
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El 8 de septiembre, Jeri B. Cohen, jueza de distrito del condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, notificó a los representantes de la financiera Valat International Holding Ltd. que en el juicio promovido en contra del empresario salvadoreño Óscar Antonio Safie Zacarías y sus familiares, se descubrió perjurio en las declaraciones y pruebas presentadas por tres de los condenados.
La condena en Miami |
| $16 millones. Las tres empresas y los cuatro miembros de la familia fueron condenados a pagar 16 millones 467 mil 500 dólares con un interés del 9% anual. $12 millones. Rayones de El Salvador, Hilanderías de El Salvador y Óscar Antonio Safie Zacarías fueron condenados a pagar en concepto de indemnización 12 millones 932 mil 381.98 dólares en concepto de indemnización con un interés del 9% anual. A Rayones de El Salvador también se le condenó con un monto de 428 mil 979.33 dólares en concepto de capital e intereses acumulados antes de cumplida la sentencia, con un interés del 9% anual. A todos los demandados también se les condenó al pago de los costos procesales. Según el abogado de Valat, Leoncio de la Peña, a la fecha la deuda ha ascendido a unos 40 millones de dólares, debido a la mora y los intereses acumulados. Bienes embargados En Miami, en octubre de 2006, a la familia Safie las autoridades también les embargaron un equipo de telefonía y una propiedad. Grupo Safie en El Salvador Grupo Megavisión (Canales 15, 19 y 21). El Salvador Network (Salnet) Hilanderías de El Salvador Rayones de El Salvador Hotel y Casino Siesta Hotel Sheraton Presidente (tras un convenio firmado en 2005 con Starwood para América Latina) |
Los Safie, que tienen inversiones en textileras, telecomunicaciones y hoteles en El Salvador, se defendieron durante más de tres años –apelación incluida- en un juicio que culminó con una condena en su contra por una deuda millonaria. La sentencia en Estados Unidos, emitida el 6 de septiembre de 2006, ordena a los Safie y a las empresas El Salvador Network, S.A., Rayones de El Salvador, S.A de C.V. e Hilanderías de Exportación, S.A., pagar lo adeudado, más intereses, que para esa fecha ascendía a 30 millones de dólares.
El 21 de diciembre de 2006, la corte de Miami emitió orden de captura contra Safie, su esposa, su hijo y su nuera.
Con la nueva acusación, la familia deberá enfrentar un nuevo proceso legal en el que se les acusa de haber cometido perjurio en las declaraciones y pruebas presentadas durante el juicio, que tiene condena irrevocable y que está siendo estudiada –desde 2006- por la Corte Suprema de Justicia para hacerla valer en El Salvador.
“Los demandados Safie Sr., Safie Jr., y Beatriz Eugenia Hasbún de Safie por la presente son mandados a las autoridades apropiadas acusadoras incluyendo la oficina del fiscal del Estado y/o la oficina general del fiscal del Estado para que se analicen los posibles cargos de perjurio y se les dé procesamiento”, sentenció Cohen. Beatriz Emilia es la esposa de Safie hijo. Sólo la esposa de Safie padre se salva de la nueva acusación, que de llegar a comprobarse, castigaría con 10 años de prisión a los imputados, según las leyes estadounidenses.
“Ellos mintieron bajo juramento y se ha referido el caso al fiscal para que se haga una investigación y que se presenten cargos. Esto pasa muy pocas veces en la Florida. Es algo excepcional que un juez civil refiere un caso para investigaciones de delitos penales”, dice el representante de Valat en el caso, Leoncio de la Peña.
Según la notificación, Safie padre (Safie Sr.) presentó evidencia material falsa con la cual quiso demostrar que la empresa Salnet (El Salvador Networks) no tenía vínculos en el estado de Miami.
De la Peña dijo en enero de este año que uno de los argumentos principales de la defensa en el juicio de apelación era que ni la familia Safie ni sus empresas podían ser ordenados a pagar la deuda debido a que ellos no realizaban negocios ni tenían contactos en la Florida, Estos Unidos.
“(Pero) en el juicio se reveló que Salnet hacía negocios con varias empresas de telecomunicaciones basadas en Florida”, dice la nota firmada por Cohen. A Óscar Antonio Safie Zacarías, además, se le acusa de haber dado declaraciones falsas y respuestas falsas ante las preguntas que le hicieron en el juicio.
A su hijo, Óscar Antonio Safie Hasbún y a su nuera, Beatriz Eugenia Hasbún de Safie, también se les imputan los cargos de perjurio y de haber mentido al declarar que no recordaban sus firmas estampadas en unos documentos de garantía personal -por 12 millones de dólares- para la empresa Salnet.
Según Cohen, las declaraciones falsas de los demandados obstruyeron la justicia y causaron “los meses de pleito (legal) innecesario”.
El Faro buscó la versión del empresario, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Safie delegó a Cony Irias, una de sus abogadas, para que atendieran el llamado de El Faro, pero en el transcurso de la semana, en dos ocasiones, ella pospuso la cita.
Dos años de espera en El Salvador
En diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia se enteró del caso Safie en El Salvador. La parte demandante presentó un recurso jurídico conocido como “pareatis”, con el cual pide a la justicia salvadoreña que se aplique la sentencia en El Salvador debido a que los Safie, aún con la sentencia en firme de Miami, se niegan a cumplirla.
Según la demandante, debido a que el crédito fue otorgado por una institución bancaria a sociedades legítimamente constituidas en El Salvador y a personas naturales en pleno uso de sus derechos, la sanción puede ser reclamada en territorio salvadoreño. Valat basa también su petición con base en el artículo 182 de la Constitución de la República –que habla sobre las atribuciones de la CSJ-, y que en su ordinal cuarto le ordena “conceder, conforme a la ley y cuanto fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros”.
Pero desde 2006 a la fecha, la CSJ aún no ha resuelto nada. El Faro consultó a cuatro de los 15 magistrados de la corte sobre el retraso de este caso y todos concluyeron que no hay explicaciones para que este pareatis en particular se haya tardado tanto.
A principios del año, el abogado representante de Valat en Miami, Leoncio de la Peña, criticó al sistema de justicia salvadoreño. Ahora, De la Peña mantiene su crítica y su sospecha de que Safie “tiene influencias” y por eso en El Salvador no le han obligado a pagar.
En El Salvador, Valat incluso ha señalado que el fiscal de la república, Félix Garried Safie –pariente del empresario en segundo grado (es primo, pero no primo hermano)- se ha desentendido de este caso.
El 18 de agosto de 2006, según Valat, el Juzgado Segundo de lo Civil dio una orden de embargo en contra de las tres propiedades de la familia Safie condenadas en Miami. El Juzgado ordenó la actuación de un interventor para que este realizara un secuestro preventivo de los bienes materiales y económicos de dichas empresas.
Pero el 19 de febrero de 2007, según consta en un documento proporcionado por De la Peña, el interventor del caso envió una misiva al fiscal general de la República, Félix Garrid Safie, en donde denunció al empresario por el delito de desobediencia de particulares por no permitir acceso a las cuentas y oficinas de las tres empresas.
De la Peña asegura que existe esa denuncia que el interventor presentó a la FGR y señala que el fiscal general no actúa debido a que es “primo hermano” de Safie Zacarías.
En enero de este año, el fiscal general dijo conocer del caso pero que desconocía si había una investigación abierta sobre el mismo. Él descargó en la CSJ para que esta haga cumplir la sentencia y manifestó que no era primo del empresario y que no encontraba conflicto de interés. “Sólo le digo que no somos primos. Nada más”, dijo.
El Faro intentó obtener una versión actualizada del fiscal general, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de parte de la oficina de prensa de la Fiscalía.
En Estados Unidos, este caso tomó relevancia en 2006 debido a que sirve como ejemplo que sienta precedentes legales sobre la implementación del CAFTA con Estados Unidos (tratado que requiere que exista una independencia jurídica para hacer valer los acuerdos internacionales dentro y fuera de El Salvador).
En El Salvador, cuatro magistrados de la Corte se desmarcaron de cualquier señalamiento de interferencia de la justicia, pero admitieron que la corte plena “ha fallado” al retrasar tanto la resolución de este proceso.
“Los casos de pareatis son complicados, sí. Pero nunca se tardan dos años. La corte no tiene ninguna justificación que avale que este caso en particular aún no tenga resolución”, dijo la magistrada Mirna Perla.
El magistrado de la sala de lo constitucional José Mauricio Castaneda, explica que en algunos casos de pareatis, lo que podría hacer tardar un fallo son las investigaciones a fondo del contenido de la sentencia a homologar. “Uno de los requisitos principales es que haya sido dictado conforme a ley salvadoreña, que no se vean afectados derechos aquí en El Salvador”, dice.
Para Ulises del Dios Guzmán, magistrado de lo penal, en el caso Safie se han encontrado posibles vicios de legalidad que han atrasado el proceso. Pero la razón principal, según él, es otra. “Admito que la Corte se ha tardado bastante en estudiar el caso, porque hasta recientemente se ha comenzado a estudiar. Espero que la otra semana se tome una decisión”, adelantó Guzmán.
“La tardanza ha sido introducir en agenda el caso para comenzarlo a deliberar. Tendrían razón en la parte del tiempo que nos hemos tardado en introducir el caso a debate”, añadió.
La magistrada Rosa María Fortín, presidenta de la sala de lo penal, comparte la apreciación de su colega y ella le da un plazo a la sentencia que pueda emitir la CSJ. “En este año se va a resolver”, dijo.
El pareatis que estudia la CSJ se refiere únicamente a la condena de Miami que ordena a pagar los montos adeudados por la familia y por las empresas familiares. Los magistrados de la CSJ expresaron que todavía no hay conocimiento en el pleno de la corte por la nueva acusación que se está investigando en Estados Unidos.
En Miami, Leoncio de la Peña dice que también está a la espera de conocer si será la fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, quien presentará la nueva acusación en corte, o si esta la hará el fiscal general de la Florida, Bill McCollum.
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